Por Agroempresario.com
El panorama global de los precios agrícolas no discrimina fronteras: los productores de todo el mundo enfrentan precios deprimidos que impactan negativamente en los márgenes de las empresas, sin importar su ubicación. Sin embargo, la diferencia radica en cómo los gobiernos de cada país apoyan a sus agricultores. En este contexto, Estados Unidos decidió actuar para proteger a sus productores con una ayuda financiera significativa.
El presidente de EE.UU., Joe Biden, firmó un proyecto de ley de financiación gubernamental provisional, aprobado en el fin de semana, que destinará 10.000 millones de dólares a los agricultores. Esta medida busca amortiguar la caída de los precios de los commodities y los elevados costos de producción que afectan a los agricultores en todo el país.
Los productores de granos, como trigo, maíz y soja, son los principales beneficiarios de estos pagos de asistencia económica, que podrán llegar hasta 250.000 dólares por productor, con pagos que se deberán realizar en un plazo de 90 días, antes de finales de marzo de 2025. Se estima que el apoyo incluirá 47.5 dólares por hectárea para el trigo, 107 dólares para el maíz y 70 dólares para la soja, además de 20.800 millones de dólares destinados a asistencia por situaciones de desastre agrícola.
Este esfuerzo se celebró por los grupos agrícolas, quienes destacaron que esta ayuda será crucial para muchos agricultores, ya que podría significar la diferencia entre seguir operando o salir del negocio. Desde la American Farm Bureau Federation (AFBF), se enfatizó que esta asistencia es clave para la continuidad de la producción y la estabilidad del sector agrícola. Sin embargo, también se advirtió que este tipo de medidas no son suficientes a largo plazo. Se espera que a principios de 2025 se promulgue una nueva ley agrícola que otorgue un respaldo más completo y modernizado para la gestión de riesgos.
No obstante, la ayuda no alcanzará a todos los agricultores. El paquete de 10.000 millones de dólares está destinado principalmente a aquellos productores que ya son elegibles para subsidios agrícolas o indemnizaciones por seguros de cultivos. En este contexto, los pequeños agricultores se sienten excluidos, ya que el sistema de ayudas está diseñado para beneficiar principalmente a los más grandes y consolidados, según la Coalición Nacional de Agricultura Sostenible.
Los pagos, que se basan en la diferencia entre los ingresos esperados y los costos de producción, también establecen un límite de 125.000 dólares para las explotaciones cuyos ingresos sean menores al 75% del ingreso bruto promedio de los años fiscales 2020 a 2022. Para los que superen ese umbral, el máximo alcanzará los 250.000 dólares.
El paquete de medidas llega en un momento crítico para los agricultores estadounidenses, que enfrentan una caída en los precios de los cultivos y una escasez de ganado que está presionando los márgenes de las empresas agrícolas. Esta situación ha generado despidos y recortes financieros que afectan a las comunidades rurales, lo que llevó a los productores a presionar por una extensión legislativa para aliviar su situación.
El presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Senadores, Glenn Thompson, anticipó que en 2025 se buscará aprobar un proyecto de ley agrícola que aborde la caída continua de los ingresos en el sector. Esta ley podría incluir políticas para alinear la red de seguridad agrícola con las necesidades actuales de los productores.
Desde el sector gremial, se argumenta que la asistencia económica es fundamental para mantener la liquidez de los productores y su capacidad para acceder a créditos en un entorno económico incierto. Sin embargo, algunos bancos han endurecido sus políticas de préstamo, lo que ha dificultado el acceso a financiamiento para los agricultores en estos tiempos difíciles.
A pesar de la ayuda financiera, el sector agrícola continúa enfrentando retos, como la caída en las ventas de maquinaria agrícola, lo que subraya la complicada situación que atraviesa toda la cadena productiva.
Uno de los puntos más controvertidos de la ley fue la eliminación de la autorización para la venta de E15, un biocombustible, después de la intervención del expresidente Donald Trump, lo que dejó a algunos sectores del agro decepcionados.
Este paquete de medidas refuerza la importancia de contar con gremios fuertes que actúen en defensa de los intereses del sector agrícola, especialmente en momentos de crisis económica. A pesar de las dificultades, el compromiso del gobierno estadounidense con sus agricultores es un claro ejemplo de cómo los gobiernos pueden intervenir para mitigar los efectos de una economía agrícola en declive.