Por Agroempresario.com
El Gobierno argentino avanza en un esquema inédito de licitaciones para privatizar los servicios en los pasos fronterizos terrestres, buscando mejorar las infraestructuras mediante inversión privada. Santo Tomé, Paso de los Libres, Iguazú y Uspallata están entre los puntos prioritarios de este plan que promete transformar el panorama aduanero y turístico del país.
Los pasos fronterizos de Santo Tomé (Corrientes) y Paso de los Libres (Corrientes) ya están en procesos licitatorios. Estos proyectos permitirán que empresas privadas inviertan en la mejora, conservación y explotación de las áreas de servicios aledañas a las fronteras.
En Santo Tomé, el proceso tiene una particularidad: es una licitación binacional junto con Brasil, bajo la supervisión de la Comisión Mixta Argentina-Brasileña (Comab). Sin embargo, una medida cautelar en Brasil detuvo momentáneamente el proceso. Este paso maneja un flujo significativo de tráfico, con 148.000 vehículos livianos argentinos y 102.000 brasileños, además de 90.000 camiones al año. La concesión de 25 años requiere una inversión inicial de USD 20 millones, con un canon estimado en USD 40 millones dividido entre ambos países.
En Paso de los Libres, el proyecto es completamente argentino. Este paso, el más importante del interior del país, maneja 1,5 millones de vehículos al año, de los cuales 159.960 son camiones. El área de concesión abarca más de 900.000 metros cuadrados, incluyendo estacionamientos con capacidad para 900 camiones.
Los siguientes puntos fronterizos en la lista de prioridades son Iguazú y Uspallata. En el caso de Iguazú, más orientado al turismo que al comercio, el flujo vehicular incluye 102.300 vehículos particulares y más de 17.000 transportes de pasajeros y de carga en 2024. Este paso cuenta con presencia de Aduana, Migraciones, Gendarmería y Senasa, entre otros organismos.
Por su parte, el Complejo Cristo Redentor en Uspallata conecta con Chile y registró 284.664 vehículos pesados en los primeros 11 meses de 2024, con un crecimiento del 11% respecto al mismo período de 2023. Este proyecto enfrenta desafíos relacionados con la regularización de los dominios de las tierras, actualmente bajo administración de la ex-AFIP.
Uno de los principales desafíos del programa es la regulación de los predios que conforman el paquete para concesión. Algunos terrenos tienen pendientes trámites en la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), lo que retrasa el avance del proyecto.
A pesar de los obstáculos, las iniciativas han generado un gran interés en el sector privado. Empresas como London Supply y grupos de transporte de cargas, agrupados en Fadeeac, han manifestado interés en participar en las licitaciones. La flexibilidad en el uso de los predios, que permite desde áreas logísticas hasta instalaciones comerciales como restaurantes, hoteles y free shops, hace que el proyecto sea atractivo.
Según un memo interno, las actividades permitidas incluyen almacenamiento, clasificación y despacho de mercancías, servicios para vehículos como gomerías y lavaderos, además de instalaciones comerciales y de esparcimiento. Sin embargo, se prohíben actividades relacionadas con juegos de azar.
El objetivo del Gobierno es garantizar que los concesionarios asuman la inversión y el mantenimiento de las infraestructuras durante el plazo de 20 a 25 años. Esto permitirá modernizar los servicios en las fronteras, mejorando la experiencia tanto para turistas como para transportistas, y contribuyendo al desarrollo económico de las regiones involucradas.
Con esta estrategia, Argentina busca transformar sus pasos fronterizos en hubs modernos y eficientes, impulsados por capital privado, mientras mantiene la supervisión estatal de las operaciones aduaneras y de seguridad.