Por Agroempresario.com
El Gobierno ha dado un paso significativo en su plan de desregulación del mercado eléctrico. La Secretaría de Energía anunció medidas que permitirán a las empresas negociar la provisión de electricidad sin la intermediación del Estado. Sin embargo, a pesar del entusiasmo en algunos sectores, aún persisten dudas sobre la implementación efectiva de estas normativas.
Desde hace más de dos décadas, el sistema eléctrico mayorista en Argentina funciona bajo la intermediación de Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.), una entidad de control estatal que compra la electricidad a los generadores y la vende a los distribuidores. Cuando los ingresos de las distribuidoras no son suficientes para cubrir los costos, el Estado interviene con subsidios. Con la nueva medida, se busca reducir esta dependencia y fomentar la libre competencia.
La Secretaría de Energía ha dispuesto dos medidas fundamentales en esta reforma. Por un lado, se fomentará la firma de contratos bilaterales entre generadores y distribuidores sin la intermediación de Cammesa. Esto permitirá a las empresas acordar precios y condiciones de provisión de electricidad de manera directa.
Según el comunicado oficial, esta medida tiene como objetivo promover la competencia y facilitar el desarrollo de nueva infraestructura de generación y transporte de energía. En términos prácticos, esto significa que los grandes usuarios y las distribuidoras podrán negociar sus propios acuerdos, sin intervención estatal. Este modelo recuerda al de la década del ‘90, cuando las transacciones en el mercado eléctrico se realizaban de manera directa entre privados.
La segunda medida anunciada es la descentralización en la gestión de combustibles. Hasta ahora, cuando una generadora quería comprar fuel oil para alimentar sus plantas, debía solicitar autorización a Cammesa, que también se encargaba de la operación. Con la nueva normativa, las empresas podrán comprar combustibles de manera independiente, lo que, según Energía, incentivará la competencia y la eficiencia en el sector.
A pesar del optimismo oficial, expertos del sector advierten que todavía existen varias limitaciones que podrían afectar la efectividad de esta medida. Actualmente, muchas generadoras pagan un precio fijo por el gas que compran de Vaca Muerta, en virtud de acuerdos diseñados para fomentar el desarrollo de esta formación neuquina. Estos contratos seguirán vigentes y no podrán modificarse en el corto plazo, lo que limita la flexibilidad de negociación para algunas empresas.
Además, si bien la desregulación abre la posibilidad de que nuevas empresas inviertan en generación eléctrica, los contratos preexistentes siguen estableciendo los precios y condiciones para la mayor parte de la energía generada en el país. En este contexto, los beneficios de la medida parecen estar más enfocados en futuras inversiones que en una transformación inmediata del mercado.
Otro punto clave es la fijación del precio de la energía eléctrica. Actualmente, Cammesa establece un precio promedio que rige las transacciones del mercado mayorista. No está claro si este mecanismo será eliminado por completo o si se mantendrá una regulación parcial de los precios.
En los últimos años, el Gobierno implementó distintos programas de estímulo para garantizar un suministro estable de energía. Por ejemplo, durante el verano se habilitó el funcionamiento de turbinas a vapor, a pesar de su menor eficiencia, con el objetivo de aumentar la generación eléctrica en períodos de alta demanda. Además, algunos programas vigentes otorgan incentivos económicos a las generadoras para mantener operativas ciertas tecnologías menos competitivas.
Con la desregulación en marcha, se abre un interrogante sobre la continuidad de estos programas. Fuentes del sector afirman que algunos de estos incentivos podrían ser eliminados antes de octubre de 2025, lo que podría afectar la rentabilidad de ciertas generadoras y reducir la oferta de energía en el corto plazo.