Por Agroempresario.com
En el marco de una serie de medidas implementadas por el gobierno de Javier Milei para reducir el déficit fiscal, diferentes sectores económicos han comenzado a reclamar por una extensión de los beneficios fiscales a más actividades. Después de la reducción de impuestos en el agro y en la industria automotriz, las entidades del sector supermercadista, como la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), enviaron una carta al presidente y a los ministros de Economía y de Desregulación pidiendo un alivio fiscal para los productos de consumo masivo, especialmente los alimentos.
Las entidades supermercadistas manifestaron su apoyo a las reformas que han buscado reducir el gasto público y mejorar las finanzas del país, especialmente aquellas que han aliviado al agro y a la industria automotriz. Sin embargo, señalaron que aún persiste una alta presión fiscal que impacta directamente sobre los precios de los productos esenciales que se comercializan en los supermercados. En una carta enviada a Javier Milei, al ministro de Economía Luis Caputo y al ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, CAS y FASA expresaron su preocupación por la carga impositiva sobre los productos de consumo masivo, la cual consideran un factor que incrementa los precios finales y afecta principalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Las entidades que agrupan a los supermercadistas detallaron en su misiva que, en muchos casos, los consumidores deben afrontar una carga impositiva cercana al 50% del valor de los productos básicos que consumen. Esta carga, explicaron, proviene de diversos impuestos nacionales, provinciales y municipales, como el IVA, Ingresos Brutos, las tasas municipales y otras cargas fiscales. El impacto de estos tributos, aseguran, es especialmente perjudicial para los alimentos, productos que son esenciales para los hogares y que representan una parte significativa del gasto de las familias argentinas.
"Es mucho lo que queda por hacer, comenzando por una carga perniciosamente distorsiva como es Ingresos Brutos, y continuando con tasas municipales y otras formas de recaudación que sólo sirven para obtener fondos, sin brindar una contraprestación adecuada por parte de los municipios", expresaron los representantes del supermercadismo nacional. Además, instaron a los gobernadores y a los intendentes a reducir estos impuestos provinciales y municipales, que consideran que no solo aumentan el precio final de los alimentos, sino que también afectan la competitividad de los comercios y el poder adquisitivo de los consumidores.
Desde las entidades supermercadistas se alertó que la alta presión fiscal afecta con mayor intensidad a los sectores más vulnerables de la sociedad. Según las organizaciones, el aumento en los precios de los productos esenciales debido a los altos impuestos provoca una mayor exclusión económica de los sectores de bajos ingresos, quienes se ven imposibilitados de acceder a una canasta básica completa debido a los elevados costos de los alimentos.
“Estamos enfrentando tiempos decisivos para terminar con la decadencia del país. Se ha dado un gran paso con la reducción de la inflación, pero es fundamental avanzar con mayor rapidez en la baja de la presión fiscal sobre los alimentos, que impacta con más fuerza en los sectores más vulnerables”, subraya el documento enviado al Gobierno. La preocupación se centra en que, si no se aborda esta cuestión, la capacidad de compra de las familias continuará reduciéndose, lo que afectará negativamente a la economía en su conjunto.
A pesar de estas preocupaciones, tanto CAS como FASA han respaldado las políticas fiscales implementadas por el gobierno, como la eliminación y reducción de impuestos a la industria automotriz y la rebaja de retenciones a las exportaciones agrícolas. Sin embargo, las entidades creen que la medida debe extenderse a los bienes de consumo masivo, como los alimentos, para poder aliviar el impacto en los precios y mejorar la competitividad del sector supermercadista.
Al respecto, las entidades instaron a las autoridades a tomar medidas para reducir la carga tributaria en los productos esenciales, lo que permitiría disminuir los precios al consumidor y aumentar el poder adquisitivo de la población. En su carta, CAS y FASA hicieron un llamado a los gobernadores e intendentes para que adhieran a las políticas de desregulación fiscal y adopten medidas de alivio tributario similares a las que se han implementado a nivel nacional.
El reclamo por la reducción de impuestos no se limita a los productos de consumo. Recientemente, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) alertó sobre el impacto negativo que los altos impuestos sobre los créditos personales tienen sobre la economía de los sectores más vulnerables. Según CADAM, la estructura fiscal de los préstamos eleva significativamente el costo financiero de los créditos, lo que reduce el poder adquisitivo de los consumidores y perpetúa la exclusión económica.