Por Agroempresario.com
El Gobierno de Javier Milei, a través de la Secretaría de Energía, ha recalculado su estrategia para la reducción de subsidios energéticos, especialmente en los servicios de electricidad y gas natural. Tras varios idas y vueltas y anuncios que fueron desmentidos, la administración decidió aplicar un aumento más gradual en las tarifas, con el objetivo de no desbordar el bolsillo de los hogares de clase media y baja en pleno año electoral. El ajuste de las bonificaciones a los hogares de menores ingresos será menos severo de lo que originalmente se había anticipado, en línea con la búsqueda de un equilibrio fiscal que no impacte de manera tan contundente en la opinión pública.
Este ajuste tarifario es una de las herramientas clave que el ministro de Economía, Luis Caputo, utiliza para controlar el gasto público y garantizar la estabilidad fiscal en un año complicado por las elecciones legislativas. Sin embargo, debido a la alta sensibilidad del tema, el Gobierno se ha visto obligado a modificar su enfoque y a hacer ajustes en sus propios anuncios, lo que generó confusión en los primeros días de febrero. A continuación, se explican los detalles de la nueva estrategia y las implicancias para los hogares argentinos.
Desde que comenzó la gestión de Javier Milei, uno de los pilares de la política económica ha sido la eliminación progresiva de los subsidios a la energía, en particular en los servicios de luz y gas. Sin embargo, el inicio de 2025 ha estado marcado por una creciente incertidumbre debido a los aumentos de las tarifas y el impacto en los bolsillos de los argentinos, en un contexto de alta inflación y un escenario económico incierto.
Este martes, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) había publicado en el Boletín Oficial un ajuste tarifario que prevé aumentos de hasta un 12,3% en las facturas de electricidad para los hogares de bajos ingresos y un 8,4% para la clase media en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esta medida generó un fuerte malestar en el Gobierno, ya que el incremento de las tarifas no solo superaba el límite del 2% mensual que había establecido Luis Caputo, sino que también chocaba con la promesa de aplicar un recorte más gradual de los subsidios.
A raíz de este error de comunicación, una fuente oficial de la Casa Rosada aseguró que la magnitud de los aumentos no iba a ser aplicada y que el incremento promedio en las facturas de electricidad no superaría el 1,5%. Más tarde, el equipo de la Secretaría de Energía, encabezado por María Tettamanti, aclaró que el recorte de subsidios se llevará a cabo de manera gradual a lo largo del año, de forma mucho más suave que lo estipulado inicialmente.
La medida responde a la necesidad de ajustar las tarifas sin generar un impacto inmediato en la inflación, que podría afectar aún más el poder adquisitivo de las familias argentinas en un contexto electoral. De esta forma, los aumentos de tarifas no serán tan abruptos como lo sugirieron los primeros anuncios del ENRE, lo que permite a los hogares ajustarse poco a poco a la nueva realidad económica sin afrontar un golpe excesivo en sus presupuestos mensuales.
El esquema de subsidios a la energía, implementado por el Gobierno, contempla tres grupos o segmentos de hogares, definidos en función de los ingresos de los mismos. A partir de este año, los hogares de mayores ingresos (Nivel 1) no recibirán subsidios, mientras que aquellos en los niveles 2 (N2) y 3 (N3) verán reducidos los beneficios en un porcentaje progresivo.
En la nueva resolución de la Secretaría de Energía, se especificó que el descuento a los hogares de ingresos bajos (N2) será del 65% en electricidad y gas, mientras que aquellos en el nivel medio (N3) recibirán una bonificación del 50%. Esta medida refleja una unificación en los criterios para ambos servicios públicos, así como un recorte generalizado del beneficio que el Gobierno otorga a los hogares con ingresos medios y bajos.
Hasta diciembre de 2024, los subsidios a la electricidad para los hogares N2 eran del 71,2%, mientras que para los N3 ascendían al 55,94%. En gas, los hogares N2 recibían un descuento del 64%, mientras que los N3 tenían una bonificación del 55%. La reducción de estos subsidios se produce en un contexto de alta inflación, que presiona tanto los costos de energía como el poder adquisitivo de los ciudadanos.
Los ajustes tarifarios son clave para reducir el déficit fiscal y cumplir con las metas del Gobierno de reducir el gasto público. Sin embargo, en un contexto de altas temperaturas y consumo elevado de energía, especialmente en el AMBA, los aumentos de las tarifas podrían afectar el bienestar de las familias, generando tensiones sociales en un año electoral. Es por eso que el Gobierno busca que los aumentos no superen el 2% mensual para evitar que se dispare la inflación, que sigue siendo uno de los principales problemas de la economía argentina.
En enero, las tarifas de electricidad subieron un 1,6%, mientras que el gas aumentó un 1,8%. Para febrero, se espera que el incremento sea del 1,5% en electricidad y del 1,6% en gas. Estos ajustes, aunque moderados, siguen siendo una preocupación para los hogares, especialmente para aquellos que enfrentan un panorama económico difícil.
En el marco de la revisión tarifaria que se llevará a cabo en febrero, el Gobierno avanzará en un proceso de renegociación con las distribuidoras y transportistas de energía. Los nuevos cuadros tarifarios, que entrarán en vigencia en abril, contemplarán aumentos por debajo del 10% en las facturas, los cuales podrán ser distribuidos en cuotas mensuales, de acuerdo con fuentes oficiales. Este proceso también incluirá un plan de inversiones que las empresas deberán realizar para mejorar la calidad del servicio en los próximos cinco años.
En medio de la ola de calor que afecta a Argentina, se han registrado cortes de luz en diferentes partes del país, lo que ha puesto en evidencia la necesidad de mejorar las infraestructuras de distribución de energía. A pesar de estos problemas, el Gobierno espera que los aumentos sean moderados para evitar una repercusión negativa en la opinión pública, ya que se acerca el período electoral.
El gasto en subsidios a la energía se redujo un 35% en 2024 respecto al año anterior, alcanzando un recorte de más de USD 3.000 millones. La consultora Economía y Energía estimó que el gasto del Estado en subsidios ascendió a USD 6.252 millones en 2024, en comparación con los USD 9.683 millones de 2023. Esta reducción en los subsidios ha sido posible gracias a los aumentos de tarifas y a una mayor capacidad de producción y transporte de gas, impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta y el Gasoducto Perito Moreno.
Este año, el Gobierno buscará profundizar esta tendencia, con el objetivo de alcanzar una mayor desaceleración de la inflación y reducir aún más el gasto público. A medida que se avanza en la implementación de los nuevos cuadros tarifarios y en la segmentación de los subsidios, se espera que el impacto de las tarifas en los hogares sea moderado, pero en todo momento el Gobierno deberá equilibrar la necesidad de consolidar las finanzas públicas con la presión social y política que podría generar la implementación de estos ajustes.