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Por Agroempresario.com
La empresa belga DEME, que había denunciado presunto direccionamiento en la licitación de la Hidrovía, quedó en el centro de la escena tras ser la única oferente en la compulsa. Como respuesta, el Gobierno decidió dar de baja el proceso y abrir una investigación en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), organismo dependiente del Ministerio de Economía.
El comunicado oficial de la cartera dirigida por Luis Caputo indicó: "Se instruirá la intervención de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para que investigue la posible presión por parte de la única oferente sobre las restantes empresas, o la existencia de una connivencia entre las mismas en perjuicio del Estado Nacional".
La situación se desencadenó cuando, contra todo pronóstico, DEME fue la única empresa en presentar una oferta, a pesar de que otras diez firmas se habían inscripto en la competencia. Entre ellas se encontraba Jan de Nul, actual adjudicataria del dragado y mantenimiento de la Hidrovía, que llamativamente decidió no presentarse, a pesar de ser señalada previamente por DEME en su denuncia por direccionamiento del pliego.
En un comunicado, DEME respondió: "Desconocemos la razón por la que la actual empresa dragadora y otras competidoras no se han presentado". Además, la firma belga recordó que desde el inicio había señalado irregularidades en el proceso licitatorio y presentado acciones judiciales.
DEME no fue la única que manifestó objeciones sobre el pliego. La Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de Puertos Privados, el Consejo Portuario y legisladores nacionales también habían solicitado revisiones y modificaciones. La UIA, por ejemplo, pidió una extensión de los tiempos de la licitación, mientras que senadores como Carolina Losada elevaron una carta al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reclamando cambios en los requisitos de admisión para oferentes.
No obstante, el Gobierno desestimó esas críticas. En un documento publicado en el Boletín Oficial, aseguró que las acusaciones de direccionamiento "carecen de objetividad y constituyen un intento malintencionado de deslegitimar un proceso transparente". Jan de Nul, la actual concesionaria, respaldó esta postura.
Tras la anulación del pliego, el Gobierno anunció que lanzará una nueva licitación con ajustes, aunque sin precisar fechas. DEME, en su comunicado, indicó que estará atenta a la reformulación del proceso: "Esperamos que el nuevo proceso licitatorio se establezca con los más altos estándares de transparencia y eficiencia, en beneficio de la República Argentina, sus empresas, su logística y su población".
El desenlace de este proceso será clave para la navegabilidad del sistema troncal, vital para la economía argentina, y para la credibilidad del proceso de contratación pública en sectores estratégicos.
