Por Agroempresario.com
El gobierno nacional ha anunciado la privatización de Corredores Viales S.A., una empresa estatal encargada de la gestión de rutas, autopistas y autovías nacionales. A partir de esta medida, se implementará un sistema de concesión bajo la modalidad de peaje, donde el sector privado será responsable de la ejecución de obras de infraestructura en los tramos viales del país. Esta iniciativa busca corregir las deficiencias que presenta la actual administración estatal en la gestión vial, y garantizar que las obras necesarias sean llevadas a cabo con eficiencia y bajo el riesgo del sector privado.
Corredores Viales S.A. es una empresa estatal que actualmente gestiona una red de 10 tramos de autovías en diversas provincias argentinas. A pesar de su gestión, el Estado argentino ha sostenido en los últimos años una deuda millonaria por el déficit generado por esta empresa, que en 2023 alcanzó los $301.000 millones. Además, los relevamientos realizados por el gobierno detectaron que aproximadamente el 45% de la red vial que está bajo su responsabilidad no se encuentra en condiciones óptimas para la circulación vehicular.
En un comunicado oficial, Manuel Adorni, vocero presidencial, destacó que el actual modelo de gestión no ha dado los resultados esperados, y que la privatización de las rutas a través de concesiones de peaje será la solución. A partir de este cambio, el concesionario seleccionado será el responsable de realizar las obras necesarias para mejorar las rutas, a cambio de poder cobrar el peaje a los usuarios. Según Adorni, esta medida permitirá un ahorro al Estado estimado en u$s5.600 millones, ya que las concesionarias deberán realizar las obras antes de empezar a cobrar tarifas.
Este proceso de privatización abrirá la puerta a la participación tanto de empresas nacionales como internacionales, quienes deberán presentar las garantías necesarias para participar en la licitación. Las nuevas concesionarias se comprometerán a mantener y mejorar la infraestructura vial para asegurar un servicio eficiente y seguro para los conductores.
Con esta privatización, el gobierno busca optimizar el uso de recursos, garantizar la calidad de las rutas y reducir los costos del Estado, promoviendo una gestión privada más efectiva en la infraestructura vial del país.