Confirman la presencia de arsénico en el agua en niveles 36 veces superiores al límite permitido

Por Agroempresario.com

La localidad bonaerense de Ciudad Nueva, en el distrito de 9 de Julio, atraviesa una grave crisis sanitaria relacionada con la calidad del agua potable. Un reciente fallo del Juzgado de Mercedes ha confirmado la alarmante presencia de arsénico en el agua a niveles 36 veces superiores al límite permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Código Alimentario Argentino (CAA). Este hallazgo desencadenó una serie de medidas judiciales urgentes para garantizar el acceso a agua potable segura para los vecinos.

Un problema de larga data

El tema del agua contaminada no es una novedad en la región. En diciembre de 2024, un análisis realizado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) arrojó concentraciones de arsénico que oscilaron entre los 128 y 368 microgramos por litro (µg/l). Este nivel está muy por encima del límite seguro de 10 µg/l establecido por la OMS y el CAA. Esta situación también se conecta con el fallo de la Corte Suprema en la causa "Kersich" de 2014, en la que se reconoció el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental y se responsabilizó a la empresa Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA) por garantizar agua segura en la región. Sin embargo, la infraestructura necesaria nunca llegó a todas las zonas afectadas.

El problema de la contaminación del agua en Ciudad Nueva no solo involucra arsénico, sino también agrotóxicos, como el glifosato, que se han detectado en el acuífero. Investigaciones científicas alertan que la combinación de arsénico y glifosato aumenta los efectos tóxicos, lo que incrementa el riesgo de enfermedades graves como cáncer y trastornos hormonales.

Medidas urgentes ordenadas por la justicia

Ante la gravedad de la situación, el fallo judicial ha dispuesto una serie de medidas cautelares para proteger la salud de la población de Ciudad Nueva:

1. Suministro de agua potable: El municipio deberá distribuir bidones de agua segura a las familias afectadas, a las escuelas, centros de salud y hogares de ancianos. Además, se habilitarán centros comunitarios para la distribución del agua.
    
2. Prohibición de consumo: Se prohíbe el uso del agua de red en las escuelas y su consumo por parte de menores de edad.
    
3. Monitoreo y transparencia: La municipalidad deberá realizar análisis mensuales del agua y publicar los resultados tanto en medios locales como en las facturas de los usuarios.
    
4. Controles provinciales: La provincia de Buenos Aires deberá analizar el agua subterránea cada cuatro meses, verificando más de 30 compuestos químicos, incluidos glifosato y atrazina.
    
5. Vigilancia sanitaria: Se implementará un programa voluntario de estudios en la población para detectar arsénico y agroquímicos en sangre y orina.
    
6. Protección de los pozos de agua: Se establecerá una zona de exclusión de 1.000 metros para fumigaciones con agroquímicos alrededor de las perforaciones de agua.
    
7. Análisis históricos: La Autoridad del Agua de la provincia deberá presentar estudios sobre la calidad del agua de los últimos cinco años.
    

El desafío de la implementación

Aunque el fallo judicial es un paso importante en la defensa del derecho al agua segura, la verdadera batalla para los vecinos de 9 de Julio será lograr que estas medidas se cumplan efectivamente. El caso pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre los impactos ambientales del modelo agroindustrial argentino y la necesidad urgente de políticas públicas que protejan tanto la salud de la población como los recursos naturales.

En una provincia como Buenos Aires, donde el agua subterránea es la principal fuente de abastecimiento, la contaminación por arsénico y agroquímicos no es un problema aislado. Es crucial que las autoridades trabajen en conjunto con la comunidad para implementar soluciones sostenibles que garanticen el acceso al agua segura y protejan la salud de las generaciones futuras.