Bolivia en emergencia: ¿pueden las 10 medidas del Gobierno frenar la crisis de combustible?

Por Agroempresario.com

El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció la noche del miércoles un paquete de diez medidas para hacer frente a la escasez de combustible, una situación que afecta al país desde hace más de un año. Estas disposiciones, según el mandatario, buscan mitigar los efectos de la crisis, pero también reflejan la falta de soluciones definitivas. Expertos y políticos se muestran críticos de las medidas, considerándose insuficientes y más bien un intento de manejar la emergencia sin abordar sus causas profundas.

El desabastecimiento de combustibles en Bolivia, especialmente de diésel y gasolina, se ha vuelto una constante debido a la baja producción local y la falta de reservas suficientes en dólares para importar lo necesario. Aunque el Gobierno ha intentado culpar a factores externos, como bloqueos o una demanda exagerada de ciertos sectores, recientemente reconoció que la raíz del problema es estructural: la dependencia de las importaciones y la falta de recursos en divisas.

En su mensaje, el presidente Arce recalcó que la situación no responde a un colapso económico total, como se ha intentado sugerir en algunos sectores de la oposición. “Bolivia no está quebrada”, expresó, añadiendo que el país sigue invirtiendo en proyectos públicos. Sin embargo, el mandatario sí reconoció una grave falta de liquidez en dólares, exacerbada por el retraso en la aprobación de créditos externos que están bloqueados en la Asamblea Legislativa, los cuales ascienden a 1.228 millones de dólares.

A pesar de estas explicaciones, las medidas anunciadas por Arce han causado preocupación y desconfianza. Entre las disposiciones anunciadas están la reducción del uso del parque automotor público en un 50%, la ampliación de los horarios de trabajo y la implementación de clases virtuales. Aunque estas acciones podrían aliviar algunos efectos inmediatos de la crisis, no abordan el origen del problema: la falta de combustible suficiente y la incapacidad de Bolivia para producirlo de manera autosuficiente.

Las medidas anunciadas también incluyen un control más estricto sobre las estaciones de servicio y el uso de una aplicación para informar a la ciudadanía sobre la disponibilidad de combustible, algo que muchos consideran una solución temporal y poco efectiva. El economista Gonzalo Chávez, en un análisis publicado en sus redes sociales, calificó las medidas como “el decálogo de la resignación”, pues, según él, son parches que no solucionan la crisis de fondo.

En medio de la creciente preocupación, la senadora Andrea Barrientos también expresó su desacuerdo con las medidas del Gobierno. En una publicación en redes sociales, criticó la falta de soluciones reales. “Las clases virtuales son una carga para miles de familias que apenas tienen acceso a internet, y la reducción del parque automotor estatal es solo un parche”, señaló Barrientos, añadiendo que el Gobierno debería enfocarse en medidas que aborden la causa del desabastecimiento y no solo en gestionar sus efectos.

Una de las principales críticas de los opositores radica en que, mientras el Gobierno recorta gastos en áreas como transporte público y emplea medidas que afectan a los ciudadanos comunes, no se aborda la estructura económica que ha llevado a Bolivia a depender de importaciones para cubrir la demanda interna de combustibles. En este contexto, el ex presidente Eduardo Rodríguez Veltzé propuso realizar una cumbre con la oposición para buscar consensos sobre cómo utilizar las reservas y divisas disponibles de manera más efectiva, advirtiendo que más créditos no resolverán el problema.

Las diez medidas anunciadas por el Gobierno incluyen:

1. Reducción del uso del parque automotor en el sector público al 50%.
2. Incremento de la distribución de combustible en las Estaciones de Servicios del 50% al 80%.
3. Creación de una aplicación para informar sobre la disponibilidad de combustible en estaciones de servicio.
4. Estaciones de servicio específicas para el abastecimiento del transporte público.
5. Priorización del abastecimiento de combustible para el sector agropecuario.
6. Garantizar suministro de combustible para servicios esenciales, como salud y emergencias.
7. Implementación de horario continuo para el sector público y privado, así como la opción de teletrabajo.
8. Clases virtuales en las ciudades, dependiendo de la evaluación de los Servicios Departamentales de Educación.
9. Ampliación del horario del servicio del teleférico en La Paz, de 5 a.m. a 11 p.m.
10. Refuerzo del control en fronteras, estaciones de servicio y cisternas con efectivos militares.

A pesar de la implementación de estas medidas, la crítica principal sigue siendo que las soluciones son parciales y no abordan el origen del problema. Bolivia sigue siendo vulnerable a la escasez de divisas y, por lo tanto, de combustibles, lo que complica la resolución definitiva de la crisis.

Algunas voces dentro del gobierno han insistido en que la situación es una oportunidad para repensar la política energética del país, pero mientras tanto, la ciudadanía sigue enfrentando las consecuencias de una crisis que parece no tener fin. La solución al problema no está en medidas de emergencia, sino en una reestructuración profunda que permita a Bolivia alcanzar la autosuficiencia en la producción de combustibles y evitar que este tipo de crisis se repita en el futuro.

Si bien el panorama no es alentador, es evidente que la falta de consenso y la falta de planes a largo plazo seguirán complicando la solución a la crisis energética que enfrenta Bolivia.