Drones agrícolas: una revolución que avanza más rápido que las leyes

Por Agroempresario.com

En el corazón del campo argentino, los drones ya no son una rareza. Su zumbido se mezcla con el canto de los pájaros y el rugido lejano de los tractores. Su presencia en los cielos agrícolas es cada vez más habitual, impulsando una nueva forma de producir: más eficiente, más precisa y, sobre todo, menos invasiva. Sin embargo, esta tecnología avanza a paso firme mientras espera que la legislación la alcance.

Según un reciente informe de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), el uso de drones para aplicaciones agrícolas se consolida como una alternativa eficaz para el manejo de cultivos. Equipados con tecnología de punta, estos dispositivos no tripulados ofrecen ventajas clave: pueden operar sobre suelos anegados, en cultivos altos o con topografías difíciles, evitan la compactación del suelo y reducen la exposición directa del operario a los productos fitosanitarios. Además, su capacidad para aplicar con precisión a baja altura reduce la deriva y el uso excesivo de agroquímicos.

A pesar de sus múltiples beneficios, el informe advierte que la adopción masiva de drones en el agro argentino se encuentra limitada por la falta de un marco legal específico. La normativa vigente no contempla todas las variables necesarias para garantizar la seguridad operativa, la calidad de las aplicaciones y la trazabilidad del proceso. Esta laguna regulatoria no solo frena el desarrollo del sector, sino que también pone en riesgo el aprovechamiento pleno de una herramienta con alto potencial para mejorar la sustentabilidad y la competitividad de la agricultura nacional.

En términos técnicos, los drones presentan desafíos particulares que requieren atención. Uno de ellos es el tamaño de las gotas pulverizadas: al operar con volúmenes reducidos, es necesario usar gotas más finas, lo que incrementa el riesgo de deriva si no se respetan las condiciones climáticas. A esto se suma la falta de sistemas de agitación dentro de los tanques, lo que complica el uso de mezclas complejas y obliga a implementar una logística paralela con tanques externos para preparar y estabilizar los productos antes de la aplicación.

Otro desafío es la autonomía de los equipos. Las baterías tienen una duración limitada, lo que obliga a pausas frecuentes para la recarga. Esto, sumado a la baja capacidad de carga de los drones —entre 40 y 50 litros en promedio— limita el rendimiento operativo por jornada. En muchos casos, los operadores deben optar por cargas menores para extender la duración del vuelo, lo que reduce aún más la eficiencia.

En este contexto, Aapresid señala que los drones resultan más adecuados para aplicaciones con insecticidas y fungicidas, donde las dosis son menores y más uniformes. En cambio, la aplicación de herbicidas, que requiere mayores volúmenes y formulaciones más complejas, presenta mayores restricciones.

A nivel mundial, el panorama es diferente. Más de 500 millones de hectáreas son tratadas anualmente con drones en más de 100 países, con China y Estados Unidos a la vanguardia. En ambos casos, se estima que alrededor de un tercio de la superficie agrícola utiliza este tipo de tecnología. En América del Sur, Brasil y Uruguay lideran el proceso de adopción, mientras que Argentina muestra un crecimiento más lento pero sostenido.

Según datos del sector, en 2023 se importaron unas 90 unidades de drones agrícolas. Para agosto de 2024, la cifra había escalado a 600 equipos, y se proyecta que en 2025 el parque operativo nacional supere las 2000 unidades. Este crecimiento refleja un interés creciente por parte de productores y técnicos, a pesar de las dificultades normativas.

En el plano local, los drones comenzaron a implementarse con fuerza en cultivos intensivos de alto valor, donde la precisión y el acceso a zonas difíciles son factores clave. También están siendo incorporados en ensayos agronómicos, en especial sobre microparcelas, y en aplicaciones puntuales dentro de lotes extensivos. Aunque su uso masivo aún encuentra obstáculos, su implementación selectiva ya está generando resultados positivos.

Un avance importante en términos legales se produjo en julio de 2024, cuando el gobierno nacional actualizó la normativa sobre uso de drones mediante el decreto 663/2024. La nueva reglamentación, en línea con los estándares del MERCOSUR y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), estandarizó los requisitos para operar drones en el país. Las empresas que brindan servicios deben registrarse ante la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) y contar con pilotos habilitados según el peso del equipo. Además, se simplificó el proceso de importación y se formalizó la actividad en el mercado.

Sin embargo, persiste una asignatura pendiente: la regulación específica para la aplicación de fitosanitarios desde drones. Actualmente, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) permite realizar ensayos experimentales para generar datos técnicos, pero el marco definitivo aún está en desarrollo. Esta ausencia de reglas claras limita el uso profesional de los equipos en tratamientos a campo y genera incertidumbre entre productores y prestadores de servicios.

Los especialistas coinciden en que se necesita una normativa diferenciada, ya que la aplicación con drones presenta características únicas en comparación con los métodos terrestres o aéreos tradicionales. El patrón de pulverización, el volumen de agua utilizado, la concentración de los productos y el riesgo de deriva requieren estándares específicos, que hoy no están debidamente contemplados en los marbetes actuales.

A pesar de todo, el uso de drones en el agro argentino sigue creciendo. Cada vez más productores los incorporan como parte de un esquema tecnológico más amplio. Aunque no reemplazan a la maquinaria convencional, sí ofrecen soluciones puntuales y valiosas que pueden marcar la diferencia, especialmente en situaciones donde otras herramientas no pueden operar.

Desde Aapresid insisten: para que los drones puedan desplegar todo su potencial, es urgente definir un marco normativo integral que regule su uso con precisión, responsabilidad y visión de futuro. Porque el campo del mañana ya empezó a volar.