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Por Agroempresario.com
El sector del transporte de cargas en Argentina enfrenta una situación de creciente preocupación a medida que se acerca el plazo establecido por el Decreto 196/2025. El próximo 19 de mayo vence el período para que las provincias adhieran a la reforma de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, y hasta el momento, varias jurisdicciones no han cumplido con este requisito. De no obtener una pronta solución o prórroga, la falta de un marco normativo uniforme podría generar graves inconvenientes en la circulación de vehículos pesados, poniendo en riesgo la cadena logística de todo el país.
La alerta fue lanzada por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), que advierte sobre las posibles consecuencias que podría traer la demora en la adhesión provincial. Según Cristian Sanz, presidente de la entidad, la adhesión de las provincias no es solo un procedimiento administrativo, sino una condición vital para garantizar la circulación segura y armonizada entre las diferentes jurisdicciones. “Si no se logra, se pone en riesgo la actividad económica desde el origen de la cadena logística hasta el consumidor final”, explicó Sanz.
Uno de los puntos clave de la nueva normativa es la exigencia de que las licencias profesionales, en las categorías C, D y E, sean emitidas por las provincias que hayan adherido formalmente a las normas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Además, todos los conductores de vehículos con un peso superior a los 3.500 kg deberán aprobar un examen psicofísico y realizar una capacitación obligatoria. Sin la adhesión de las provincias, estas licencias podrían no ser válidas fuera de sus límites territoriales, lo que generaría conflictos operativos en el transporte de cargas.
El presidente de FADEEAC explicó que esta falta de coordinación entre jurisdicciones podría tener consecuencias graves para la operación logística. “Esto podría derivar en demoras en los viajes, multas injustificadas, conflictos administrativos y, en el peor de los casos, la paralización de los servicios logísticos”, sostuvo. Además, la falta de un marco normativo común elevaría los costos operativos, lo que redundaría en un aumento de los precios finales de los productos, afectando directamente al consumidor.
“El transporte se encarece y lo termina pagando el consumidor. Pero además, se complica el abastecimiento de productos esenciales como alimentos, medicamentos o ropa”, añadió Sanz, subrayando el impacto que podría tener la falta de adhesión en sectores clave de la economía.
Ante este panorama, FADEEAC ha intensificado su agenda de diálogo con autoridades provinciales y municipales para acelerar el proceso de adhesión. En los últimos días, la federación mantuvo reuniones con los intendentes de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, y Bahía Blanca, Federico Susbielles, con el objetivo de sensibilizar a las autoridades locales sobre la urgencia de alinearse con los objetivos del sector.
La federación considera que la adhesión de las provincias no solo es un requisito para mantener la operatividad del sistema de transporte, sino también una oportunidad para elevar los estándares de la actividad. “No se trata solo de cumplir con una norma, sino de dar un salto de calidad. La nueva ley propone una mejora concreta en la seguridad vial y una mayor profesionalización del sector”, afirmó Sanz.
El sector también considera que la implementación de la reforma representa un avance significativo en términos de seguridad y eficiencia, lo que redundaría en beneficios a largo plazo para todos los actores involucrados.
Desde FADEEAC enfatizan que el tiempo corre y que cada día sin adhesión representa un riesgo mayor para el transporte de cargas y la economía en general. “La aceptación por parte de las provincias de la normativa nacional garantiza reglas claras y homogéneas para todo el sistema. Es una condición necesaria para cuidar la seguridad vial, dar previsibilidad al transporte de cargas y sostener la actividad productiva del país”, concluyó Sanz.
Mientras el sector espera una respuesta urgente de las provincias, el reloj sigue corriendo y la posibilidad de una interrupción logística cada vez parece más real. La falta de una respuesta coherente y rápida podría dejar a la Argentina frente a un desafío logístico sin precedentes, afectando el flujo de productos esenciales y generando perjuicios tanto para productores como para consumidores.
