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Por Agroempresario.com
Los gobernadores aliados al presidente Javier Milei, en especial los de las provincias productoras, están en alerta ante la reciente decisión del Gobierno de aumentar las retenciones agropecuarias y la apertura de importaciones de bienes usados. En particular, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, expresó su preocupación por la medida y advirtió que esta política podría afectar no solo a los productores agropecuarios, sino también a la industria local y el empleo en su provincia.
A partir de junio, el Gobierno nacional implementará un aumento en los derechos de exportación sobre productos agropecuarios, una decisión que generó reacciones críticas entre los gobernadores del interior. Pullaro, quien ha sido uno de los aliados clave de Milei en el Congreso, cuestionó la medida y planteó una serie de reclamos adicionales al presidente, desde la reparación de las rutas nacionales hasta la defensa de la producción industrial frente a la apertura de importaciones.
Al ingresar a la Bolsa de Comercio de Rosario, Pullaro manifestó su disconformidad con el aumento de las retenciones y destacó que, en su opinión, "la carga impositiva es del Estado nacional". En sus declaraciones, el gobernador santafesino dejó en claro que, aunque su provincia enfrenta serios desafíos financieros, no está dispuesta a cargar con el peso de una medida que, a su juicio, perjudica al sector productivo de su región.
“Las rutas nacionales están en un pésimo estado, se están comiendo el activo vial. Todas las semanas tenemos que lamentar un siniestro vial con fallecidos en la provincia, y eso, a veces, sentimos que desde Buenos Aires no lo ven”, dijo Pullaro, quien agregó que la administración nacional debe hacerse responsable de la reparación de las rutas. De lo contrario, advirtió que Santa Fe tendría que asumir un plan de reparación, aunque insistió en que lo ideal sería que el Gobierno central asumiera este compromiso.
Además, Pullaro expresó su preocupación por la apertura de importaciones de bienes usados, una medida que, según él, afectaría gravemente a la industria santafesina. "Nosotros tenemos que defender a nuestro sistema productivo y a nuestra industria", aseguró, al tiempo que enfatizó que el aumento de las importaciones podría llevar a que muchas industrias locales no puedan competir con productos más baratos provenientes del exterior.
“Cuando una industria deja de producir o cuando un producto termina siendo más barato importarlo que producirlo en el país, es necesario ver el contexto en términos generales. No es que tengamos industriales ineficientes, es que tenemos una carga impositiva mucho más alta que el resto de los países, y eso hace que los productos terminen siendo más caros”, añadió el gobernador, quien insistió en que el verdadero problema radica en la alta carga tributaria que enfrentan los sectores productivos locales.
El conflicto por las retenciones no es exclusivo de Santa Fe. También en Córdoba, provincia clave en la producción agropecuaria, se dio una respuesta institucional a las medidas del Gobierno. Los diputados cordobeses Alejandra Torres y Carlos Gutiérrez, que responden al gobernador Martín Llaryora, presentaron un proyecto en el Congreso para mantener hasta fin de año el régimen impositivo actual para las exportaciones agropecuarias. Esta iniciativa busca frenar el aumento de las retenciones que había anunciado el presidente Milei y asegurar la estabilidad de los productores agropecuarios de la provincia, en un contexto de alta incertidumbre.
El proyecto de los legisladores cordobeses se enmarca en una serie de propuestas en el Congreso que buscan reducir las retenciones de manera definitiva, a fin de evitar que los productores queden sujetos a cambios impositivos según las necesidades del Gobierno de turno. Los legisladores cordobeses argumentan que el incremento de las retenciones afectaría gravemente a los productores, quienes ya enfrentan un panorama económico complejo.
Si bien Pullaro se mostró crítico respecto al aumento de las retenciones, también reconoció que cualquier modificación de este tipo debe ser consensuada con el Gobierno nacional. "Para mantenerlas por ley, hay que consensuarlo con el Gobierno nacional", sostuvo, a la vez que destacó que es necesario encontrar un equilibrio para no dañar la macroeconomía ni las cuentas públicas del Estado.
“Tenemos que ser conscientes de que si se produce un impacto negativo en la industria, en el empleo y en el sistema productivo de las provincias, eso tendrá consecuencias a nivel nacional”, añadió Pullaro. En este sentido, el gobernador santafesino dejó claro que, aunque el sector agropecuario es un pilar de la economía nacional, no puede sacrificarse a costa de una política que ponga en riesgo la estabilidad de las provincias productivas.
Pullaro también advirtió que es fundamental que el Gobierno nacional mire con atención los efectos de sus políticas sobre el sector productivo. “Si empieza a haber desocupación en el interior, vamos a tener un problema mucho mayor”, señaló, haciendo hincapié en que el desafío del Gobierno es encontrar un balance entre las políticas fiscales y el sostenimiento de la actividad productiva y el empleo en las provincias.
La disputa entre los gobernadores aliados y el Gobierno de Milei refleja las tensiones que comienzan a surgir en un contexto político y económico marcado por las reformas en marcha y el ajuste fiscal. Con un año electoral a la vista, las provincias productivas, clave en el apoyo político al presidente, exigen una mayor atención a sus necesidades, mientras el Ejecutivo nacional apuesta a las medidas de ajuste para equilibrar las cuentas públicas.
Por ahora, las tensiones se mantienen en un tono de advertencia, pero el escenario podría volverse más conflictivo si las medidas del Gobierno afectan directamente a los sectores productivos que sustentan las economías provinciales. La cuestión de las retenciones, la apertura de importaciones y el reclamo por obras de infraestructura vial serán temas clave en la agenda política en los próximos meses, mientras se avanza en la definición de políticas que, según los gobernadores, deben ser consensuadas para evitar mayores perjuicios.
