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Por Agroempresario.com
La presidenta de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Carla Martín Bonito, lleva más de un año al frente de la entidad que agrupa a unas 14.500 empresas del sector de Alimentos y Bebidas en la Argentina. Desde allí, plantea una advertencia clara: el peso del sistema impositivo, la complejidad normativa y los altos costos logísticos están afectando seriamente la competitividad del sector, tanto en el mercado interno como en el comercio exterior.
En diálogo con la prensa, Martín Bonito subraya que, pese a los avances en la desregulación que implementó el nuevo gobierno nacional, la carga tributaria se mantiene como uno de los principales obstáculos estructurales para el crecimiento de las exportaciones. “La carga impositiva representa entre el 40% y el 42% en alimentos, y más del 50% en bebidas”, señala, y agrega que se trata de una de las presiones fiscales más altas de toda la región.
Según la ejecutiva, no se trata solo de reducir alícuotas o eliminar impuestos puntuales, sino de llevar adelante una reforma integral que simplifique el sistema. “Hoy tenemos más de 155 tributos. A nivel nacional, al menos 80. El objetivo del Gobierno es reducirlos a seis. Esa simplificación es urgente”, sostiene.
En esa línea, Martín Bonito señala que el peso tributario no solo encarece los precios al consumidor, sino que afecta directamente la competitividad de la industria en términos de producción y exportación. De hecho, de las 14.500 empresas representadas por Copal, apenas 1.200 tienen algún tipo de actividad exportadora.
La falta de dinamismo en las exportaciones es otro punto que preocupa a la conducción de Copal. Martín Bonito remarca que, mientras países como Estados Unidos triplicaron su volumen exportador en los últimos 15 años y alcanzaron los US$ 100.000 millones anuales en alimentos, la Argentina se mantiene estancada en los US$ 30.000 millones.
“Exportamos el equivalente a 4 de cada 10 dólares que ingresan al país por exportaciones, pero no logramos crecer. El potencial está, pero necesitamos condiciones”, enfatiza. Para ella, las trabas que impiden un salto exportador están claramente identificadas: la carga impositiva, los costos logísticos y laborales no salariales, y la complejidad regulatoria.
El segundo gran punto de la agenda competitiva tiene que ver con la logística. Según los datos que maneja Copal, este costo representa entre el 15% y el 30% de la facturación del sector, dependiendo del segmento. Pero lo más preocupante es que esos costos son, en promedio, un 40% más altos que en el resto de la región.
A eso se suman los elevados costos portuarios, donde la Argentina lidera los rankings en América Latina. Martín Bonito afirma que exportar un contenedor desde un puerto argentino puede llegar a costar hasta tres veces más que hacerlo desde un país vecino.
Uno de los cuestionamientos frecuentes que recibe el sector alimenticio está relacionado con la inflación y la suba de precios. Sobre este punto, la presidenta de Copal aclara que muchas veces se responsabiliza injustamente a los fabricantes. “Se hace foco en el índice de precios al consumidor sin analizar el precio de salida de fábrica”, sostiene.
Al respecto, asegura que existen brechas significativas entre ambos valores, lo que evidencia que los incrementos de precios muchas veces no son imputables a las empresas alimenticias, sino a los eslabones siguientes de la cadena. Según sus cálculos, esa brecha fue del 5% al 7% en el último año.
Consultada sobre la reciente apertura de importaciones dispuesta por el Gobierno, Martín Bonito minimiza su impacto: “La importación de alimentos nunca fue significativa para nosotros. Históricamente se importaron entre US$ 1.500 y US$ 2.000 millones por año, contra exportaciones por US$ 30.000 millones”.
No obstante, advierte que el Decreto 35, que facilitó importaciones, presenta algunas inequidades que deben ser corregidas. “Es importante tener un marco regulatorio equilibrado que no afecte la producción nacional ni genere competencia desleal”, sostiene.
Otro de los ejes centrales de su análisis es la necesidad de generar condiciones macroeconómicas que alienten la inversión. Si bien reconoce que el nuevo escenario de mayor previsibilidad y normalización macroeconómica ayuda a generar confianza, todavía persiste un desafío clave: la alta capacidad instalada ociosa.
“Hoy tenemos una capacidad instalada ociosa del 40%. Antes de hablar de nuevas inversiones, tenemos que poner esa capacidad a producir. Y eso depende de recuperar competitividad”, remarca.
De cara a los próximos meses, Martín Bonito se muestra clara en cuanto a las prioridades del sector: avanzar en una reforma tributaria estructural que permita reducir la presión fiscal y simplificar el sistema. “Necesitamos un proyecto que dé certezas, no solo sobre la baja de impuestos, sino también sobre su reconfiguración estructural. El país necesita reglas claras para crecer y exportar más”, concluye.
Desde Copal, el mensaje es contundente: el potencial está, pero hace falta decisión política y reformas de fondo para que el sector alimenticio argentino pueda transformarse en un verdadero motor de exportaciones.
