Por Agroempresario.com
El Gobierno nacional oficializó una medida largamente esperada por el campo: la flexibilización en la importación de productos veterinarios provenientes de países con estándares sanitarios equivalentes. A través de la Resolución 333/2025 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), publicada este viernes en el Boletín Oficial y firmada por su titular, Pablo Cortese, se introdujeron cambios clave en el sistema de aprobación y comercialización de insumos estratégicos para la sanidad animal.
Según explicaron desde el Ejecutivo, la norma busca no solo agilizar los procesos burocráticos que, hasta ahora, demoraban hasta dos años, sino también reducir el costo argentino en uno de los sectores productivos más relevantes de la economía nacional.
"Antes una autorización podía demorar hasta 24 meses. Ahora el plazo máximo será de 90 días hábiles administrativos", detalló el ministro de Economía, Luis Caputo, uno de los principales impulsores del plan de desregulación que forma parte del enfoque económico del gobierno de Javier Milei.
La medida incluye a medicamentos, kits de diagnóstico, vacunas y productos biológicos destinados al uso veterinario. A partir de ahora, se permitirá que esos insumos ingresen al país utilizando documentación técnica y certificaciones emitidas por autoridades sanitarias de origen, siempre que los países cuenten con un sistema de regulación reconocido por Senasa como equivalente al argentino.
Para el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, esta medida es clave dentro del proceso de simplificación normativa que el gobierno está llevando adelante en distintos sectores. "La norma establece la equivalencia y autoriza la venta de vacunas en el país que cuenten con certificación de venta en una serie de países. De esa manera, la importación será casi inmediata, y esperamos una reducción significativa en los costos de producción", afirmó.
Según sus cálculos, el beneficio económico directo para el sector agropecuario podría superar los 100 millones de dólares anuales. Entre los países que ahora están habilitados como origen de estos productos se encuentran Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y Reino Unido, entre otros.
Desde el sector productivo, la noticia fue bien recibida. El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, aseguró: "Si la Resolución 333 sirve para mejorar el costo de los productores, es bienvenida. Siempre expresamos que apoyaremos todo tipo de desregulaciones que sirvan para darnos más competitividad reduciendo los altos valores de los insumos".
Pino agregó que los costos veterinarios son uno de los factores que más afectan la rentabilidad del productor, especialmente en un contexto inflacionario y de alta presión tributaria. "La semana pasada estuve en Mendoza, y allí cada productor tuvo que abonar en esta campaña $3400 por animal, lo que representa más de tres dólares. La distorsión de precios a nivel país es muy grande", explicó.
El dirigente también resaltó la importancia de contar con libertad para elegir proveedores: “Es muy importante que podamos decidir qué y a quién comprar, porque así estaremos en un mercado con más competitividad. Estos costos internos, sumados a los impuestos, son los que constituyen el famoso ‘costo argentino’ que nos deja fuera de competencia”.
Uno de los ejemplos más claros sobre el impacto que podría tener la medida es el precio de la vacuna contra la fiebre aftosa, obligatoria en las campañas sanitarias ganaderas. Actualmente, esa dosis se vende en el país a un precio cercano a USD 1,20, mientras que en países vecinos como Paraguay y Uruguay, su costo ronda entre USD 0,37 y USD 0,50.
“Con esta medida, la agilización de autorizaciones y la ampliación de la oferta podrían contribuir a mejorar la competitividad de los precios en el mercado local”, señalaron desde el Ministerio de Economía.
Una vez aprobados, los productos importados recibirán un Certificado de Uso y Comercialización, que les permitirá ser distribuidos y vendidos en todo el país. De esta forma, se espera un aumento en la oferta disponible de productos veterinarios, lo que también podría derivar en mejoras en la salud animal y en la bioseguridad de las explotaciones.
Especialistas del sector aseguran que este tipo de medidas, si se implementan con rigurosidad y control, pueden aportar no solo a la reducción de costos, sino también a mejorar los niveles sanitarios del rodeo nacional, con impacto positivo en los estándares exigidos por los mercados internacionales.
Desde el Gobierno, la flexibilización en la importación se enmarca en un paquete más amplio de medidas para simplificar regulaciones que, según explican, no agregaban valor sino trabas. "Muchos de los procesos actuales eran meramente burocráticos y no aportaban mejoras reales en la seguridad ni en la calidad del producto final", aseguraron desde Senasa.
El nuevo régimen de reconocimiento de equivalencias busca armonizar las exigencias locales con las normativas internacionales, algo que ya ocurre en sectores como el farmacéutico humano, el automotor y el alimentario.