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Por Agroempresario.com
Estados Unidos evalúa una nueva extensión de la licencia otorgada a la petrolera Chevron para seguir operando en Venezuela. La posibilidad de que la empresa continúe con sus actividades por otros 60 días se enmarca en una negociación más amplia entre la administración de Donald Trump y el régimen de Nicolás Maduro, que incluye temas humanitarios, migratorios y de seguridad. Aunque la prórroga aún no ha sido confirmada oficialmente por la Casa Blanca, diversas fuentes sostienen que su anuncio es inminente. La medida busca mantener una presencia estratégica en el sector petrolero venezolano sin debilitar el marco de sanciones que apuntan a debilitar el aparato político del chavismo.
Chevron representa un actor central en la limitada pero crucial actividad petrolera de Venezuela. Actualmente, la compañía estadounidense participa en varias empresas mixtas junto a la estatal Petróleos de Venezuela (PdVsa), produciendo cerca del 20% del petróleo total del país, lo que equivale a unos 200.000 barriles diarios. La continuidad de sus operaciones es fundamental para sostener parte del flujo de divisas que alimenta al sector privado venezolano, fuertemente golpeado por las sanciones internacionales y el colapso económico.
La licencia original, otorgada por el gobierno de Joe Biden, permitía que Chevron siguiera operando pese a las restricciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). No obstante, esa autorización fue revocada tras el cambio de administración, en el marco de una estrategia más agresiva para asfixiar financieramente al gobierno de Maduro. Trump busca evitar que el régimen acceda a ingresos en dólares que le permitan mantenerse en el poder a través de la represión política y el control territorial.
La nueva posible extensión —que podría anunciarse en los próximos días— sería por 60 días adicionales, hasta fines de julio, en lugar del plazo original que vencía el 27 de mayo. Según Bloomberg, la negociación forma parte de un paquete más amplio de discusiones diplomáticas que incluye el destino de ciudadanos estadounidenses detenidos en Caracas, la situación de los migrantes venezolanos deportados y una agenda regional de seguridad energética.
Uno de los protagonistas de estas conversaciones es Richard Grenell, enviado especial de Trump, quien se reunió recientemente en Antigua con emisarios del chavismo. Su visita, que no fue difundida públicamente por la Casa Blanca, se considera clave para descomprimir las tensiones y abrir la puerta a una prórroga para Chevron. No obstante, los detalles de la agenda aún no fueron revelados.
El solo rumor de una extensión de la licencia tuvo un efecto inmediato en los mercados. Los bonos venezolanos y los de la petrolera estatal experimentaron una leve suba ante la posibilidad de que se mantenga parte del flujo de exportaciones de crudo. La incertidumbre sobre la continuidad de Chevron había generado temores respecto de una caída abrupta en la producción nacional, con impacto en las reservas internacionales, el tipo de cambio paralelo y la ya crítica situación social.
El gobierno de Nicolás Maduro, por su parte, reaccionó con un discurso desafiante. “A Venezuela no la va a detener nadie, a quien le hacen daño es a Chevron”, dijo el mandatario en su programa televisivo semanal. También aseguró que los trabajadores del sector están preparados para mantener la producción sin ayuda extranjera, aunque reconoció que se busca aumentar el bombeo desde los actuales niveles deprimidos.
Chevron es la única gran empresa petrolera estadounidense que mantiene presencia activa en Venezuela. Otras compañías como Maurel & Prom (Francia), Repsol (España) y Eni (Italia) también fueron alcanzadas por las restricciones impuestas por Washington, aunque en muchos casos han conseguido mantener operaciones limitadas o avanzar en acuerdos de compensación de deuda mediante exportaciones controladas.
En el caso de Chevron, sus operaciones se desarrollan bajo estricta supervisión del Departamento del Tesoro. Desde 2022, tras el relajamiento parcial de sanciones durante el gobierno de Biden, se permitió a la firma reiniciar tareas de extracción, procesamiento y exportación en asociación con PdVsa. Desde entonces, la empresa logró aumentar progresivamente su producción, convirtiéndose en una de las principales fuentes de ingreso en moneda dura para la economía venezolana.
La posibilidad de una extensión de la licencia también debe leerse en clave geopolítica. Con el telón de fondo de la creciente competencia con China y la inestabilidad energética global, la administración Trump considera clave no abandonar por completo su influencia en la industria venezolana. Además, mantener a Chevron operando en territorio caribeño ofrece un canal de contacto con el régimen de Maduro sin necesidad de un reconocimiento diplomático pleno, algo que Trump ha evitado hasta el momento.
Sin embargo, la maniobra no está exenta de críticas. Sectores más duros del Partido Republicano advierten que cualquier flexibilización puede interpretarse como una concesión política al chavismo. Para ellos, la presión debe mantenerse hasta que haya garantías concretas de apertura democrática y respeto a los derechos humanos.
