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Por Agroempresario.com
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) encendió una señal de alerta sobre el programa Sembrá Evolución, impulsado por el sector semillero, al advertir sobre posibles cláusulas “gravosas” en los contratos firmados por los productores. Según la entidad ruralista, se trata de condiciones que podrían comprometer económicamente a los agricultores si no cuentan con un asesoramiento adecuado. La respuesta del sector empresarial no se hizo esperar: destacaron que se trata de acuerdos voluntarios entre partes privadas, que ofrecen previsibilidad, acceso a tecnología y reglas claras para la producción agrícola.
El debate pone en el centro la discusión sobre el acceso a la innovación genética en los cultivos de soja y trigo, en un contexto en el que el agro argentino enfrenta desafíos crecientes en materia de productividad, sustentabilidad y competitividad global.
Sembrá Evolución es un programa privado desarrollado por empresas semilleras de Argentina, que busca facilitar a los productores el acceso a las últimas tecnologías en genética y biotecnología, especialmente en soja y trigo. El sistema funciona a través de licencias comerciales entre las compañías y los productores, quienes acceden a nuevas variedades mediante contratos.
Durante la campaña 2023/24, el programa ya cuenta con más de 11.000 productores adheridos y más de dos millones de hectáreas sembradas. Participan 15 empresas semilleras, con más de 110 variedades disponibles y alrededor de 700 comercios distribuidos en todo el país. El objetivo a corto plazo es llegar a los cuatro millones de hectáreas sembradas bajo este sistema.
En un comunicado interno difundido por CRA a sus bases federadas, la entidad manifestó su “suma preocupación” por una “creciente suscripción de contratos” en el marco de Sembrá Evolución. Si bien reconocen que el sistema es legal y entre privados, la advertencia se enfoca en los riesgos que conlleva firmar sin el debido asesoramiento técnico y jurídico.
Entre los puntos que la entidad considera preocupantes, se destacan:
El doble pago del aporte genético.
Límites de producción estrictos: 3000 kg/ha para soja y 4000 kg/ha para trigo, con cargos adicionales por excedentes.
Auditorías sin aviso previo a los productores.
Multas del 400% del valor de la semilla en caso de incumplimientos.
Renovación automática de la licencia con cada resiembra, lo que —según CRA— puede comprometer al productor de forma indefinida.
Tratamiento de datos personales, que podrían ser compartidos con terceros.
Ante este panorama, CRA instó a los productores a no firmar sin una lectura exhaustiva de las cláusulas y a consultar con asesores legales y técnicos antes de adherirse al programa.
En respuesta al comunicado de CRA, desde el sector semillero aclararon que se trata de contratos voluntarios y que están abiertos al diálogo para aclarar cualquier malentendido.
Alfredo Paseyro, director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), afirmó que la comunicación de CRA debe interpretarse como un mensaje interno hacia sus bases. “Coincidimos con la importancia del asesoramiento técnico y jurídico antes de tomar decisiones comerciales”, dijo en diálogo con LA NACION.
Respecto a las condiciones contractuales, Paseyro defendió el esquema de Sembrá Evolución al destacar que “los acuerdos brindan previsibilidad, acceso a nuevas tecnologías y reglas claras”, elementos clave para mejorar la competitividad del agro argentino. “Como en cualquier contrato comercial —sea un alquiler o un seguro—, hay condiciones. Nadie firma algo que no quiere”, subrayó.
Sobre las “multas desproporcionadas” mencionadas por CRA, explicó que en el sector privado “no existe poder de policía”, por lo que no se puede hablar estrictamente de multas, sino de penalidades por incumplimiento como en cualquier relación contractual.
Desde las empresas semilleras, se mostraron dispuestas a recorrer “punto por punto” las dudas expresadas por CRA, en un marco de diálogo y transparencia. Subrayaron que el objetivo no es generar conflicto con las entidades del campo, sino trabajar en conjunto para fomentar la innovación y garantizar derechos tanto a productores como a desarrolladores de tecnología.
Este modelo de licencias privadas es común en otros países con mercados agrícolas desarrollados, donde la trazabilidad de la semilla y el pago por el uso de tecnología forman parte de los estándares de producción moderna. Argentina avanza en esa dirección, y este tipo de esquemas representa una oportunidad para acortar la brecha tecnológica y mejorar el rendimiento agrícola, siempre que exista información clara y asesoramiento profesional.
El sistema Sembrá Evolución se enmarca en una tendencia global: proteger la propiedad intelectual de la innovación biotecnológica y, al mismo tiempo, garantizar acceso transparente a las herramientas productivas. Para muchos, representa un paso necesario para que el país consolide una agroindustria sustentable y competitiva. Para otros, plantea interrogantes sobre la libertad del productor y el equilibrio de poder en las relaciones contractuales.
Lo cierto es que la discusión recién empieza. Las advertencias de CRA y las respuestas del sector semillero reflejan una tensión latente entre tradición y modernización, entre libertad y regulación, que marcará el rumbo del agro argentino en los próximos años.
