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Por Agroempresario.com
Un nuevo conflicto diplomático y ambiental se abre paso entre Argentina y Uruguay a raíz del ambicioso proyecto para instalar una planta de hidrógeno verde en la ciudad uruguaya de Paysandú, justo frente a las costas entrerrianas de Colón. La fiscal federal Josefina Minatta inició una investigación preliminar sobre el emprendimiento, ordenando a Prefectura Naval Argentina que recoja muestras independientes del agua del río Uruguay, mientras crecen las preocupaciones por el impacto que podría tener en el ecosistema y, especialmente, en el turismo, una de las principales fuentes económicas de la región.
Minatta, a cargo de la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, consideró necesario comenzar una recolección de datos independiente. Si bien la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) realiza estudios periódicos, la fiscal sostuvo que es vital tener información propia para poder reaccionar ante un eventual conflicto. “En el caso de la pastera Botnia, no se pudo demostrar la contaminación porque no teníamos muestras previas. No quiero repetir ese error”, afirmó en declaraciones al medio local El Entre Ríos.
La investigación se centra en el megaproyecto que impulsa la empresa HIF Global con apoyo del Estado uruguayo. De concretarse, demandará una inversión de 6.000 millones de dólares, posicionándose como la mayor inyección de capital privado en la historia del país vecino. Pero mientras el Gobierno de Montevideo celebra el avance hacia una matriz energética más limpia, del lado argentino surgen voces de alerta.
El proyecto se desarrollaría en una zona rural de 442 hectáreas que recientemente fue reclasificada como industrial por el Concejo Deliberante de Paysandú. Allí se planea construir una planta que generará combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde, producido con energías renovables y dióxido de carbono proveniente de biomasa. También se proyecta una cañería de 7 km y un puerto de exportación cercano a la Isla San Francisco, lo que implicaría nuevas intervenciones sobre el curso del río.
Autoridades locales de Colón y ciudades cercanas reclaman que el emprendimiento se relocaliza. Las críticas no responden solo a una bandera política: hay un consenso transversal entre las fuerzas políticas entrerrianas. El argumento central gira en torno a la posible afectación del turismo, fuente vital de empleo y divisas para la región.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se reunió en Montevideo con el presidente uruguayo Yamandú Orsi y luego con el canciller Mario Lubetkin. Según fuentes oficiales, el encuentro fue cordial y centrado en sostener el diálogo institucional. “Debemos trabajar para que el desarrollo energético sea compatible con el desarrollo turístico”, señaló Frigerio, mientras que Lubetkin remarcó que “la voluntad política y los estudios de impacto ambiental son claves para evitar conflictos”.
No obstante, la fiscal Minatta advirtió que los organismos ambientales de Nación y de la provincia “no tenían información” sobre el proyecto. Por eso solicitó informes urgentes, además de comenzar el monitoreo propio del estado del agua y del ambiente en general.
El recuerdo del caso Botnia, cuya planta se ubica en Fray Bentos, sigue latente. En ese entonces, Argentina demandó a Uruguay ante la Corte Internacional de La Haya, pero no logró demostrar el daño ambiental. Ahora, el objetivo es anticiparse y contar con evidencia científica desde el inicio del proceso.
La empresa HIF Global, que lidera el emprendimiento, es controlada por la chilena AME y tiene sede en Houston, Texas. Cuenta entre sus socios a compañías de peso internacional como Porsche, Baker Hughes, EIG, Idemitsu y JOGMEC. Según el memorando firmado durante la presidencia de Luis Lacalle Pou, la planta generaría unos 3.000 empleos directos y comenzaría a construirse en 2026.
En Uruguay, las autoridades sostienen que el proyecto aún está en una fase embrionaria. No se han presentado los estudios de impacto ambiental ni los permisos ante los organismos competentes. Esta situación fue destacada por Minatta como una oportunidad para exigir acceso a la documentación y evaluar los riesgos antes de que se materialicen.
Por su parte, el intendente de Colón, José Luis Waiser, se reunió con la fiscal y respalda el pedido de relocalización. Considera que el turismo de playa y termas —muy desarrollado en esa zona de Entre Ríos— podría sufrir un deterioro irreversible si no se contemplan las consecuencias ambientales.
El hidrógeno verde se perfila como una fuente clave para la transición energética global. Uruguay apuesta fuerte a liderar ese proceso en América del Sur, aprovechando su matriz energética basada en fuentes renovables. La posibilidad de producir combustibles sintéticos de manera sustentable lo posicionará estratégicamente en los mercados internacionales.
Sin embargo, como señalan especialistas y ambientalistas, los beneficios de la energía limpia no deben obtenerse a costa de otros sectores productivos ni del equilibrio ecológico. “La sustentabilidad debe ser integral, no selectiva”, afirmó un funcionario de la Secretaría de Ambiente provincial que pidió no ser citado.
Mientras tanto, la causa judicial avanza. La Prefectura ya comenzó a tomar muestras del agua en puntos cercanos a Colón y Paysandú. Las próximas semanas serán clave para definir si se formaliza una causa o si se encauza el conflicto a través del diálogo binacional y la diplomacia técnica.
