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Por Agroempresario.com
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la reciente decisión del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, que suspendió temporalmente una sentencia judicial que bloqueaba su política de aranceles recíprocos. En paralelo, lanzó duras críticas contra los jueces que emitieron el fallo inicial y aseguró que la medida judicial fue “motivada políticamente” y representa un “grave daño” para el país.
Esta nueva victoria judicial revitaliza una de las estrategias económicas más controversiales del mandatario: la imposición de aranceles como herramienta para proteger la producción y el empleo local. Para Trump, los gravámenes son la clave para frenar el ingreso de productos extranjeros que, según él, perjudican a la industria nacional y erosionan el poder económico de Estados Unidos.
“El Tribunal de Comercio Internacional dictó una sentencia increíblemente desfavorable para Estados Unidos en relación con unos aranceles que se necesitaban desesperadamente”, escribió Trump en Truth Social, su red social personal. Añadió que la nueva decisión judicial “salvó” al país de un error que habría tenido “consecuencias económicas devastadoras”.
La resolución judicial que generó la controversia provenía del Tribunal de Comercio Internacional (CIT), el cual sostenía que los aranceles impuestos por Trump excedían sus facultades constitucionales al no contar con la aprobación del Congreso. El dictamen invocaba el principio de separación de poderes y acusaba al presidente de asumir funciones legislativas, algo prohibido por la Constitución.
Sin embargo, la administración Trump rechazó categóricamente esta interpretación. El propio mandatario respondió que el Poder Ejecutivo debe contar con herramientas rápidas para reaccionar ante amenazas económicas sin quedar atado al lento proceso legislativo. “Se debe permitir al presidente proteger a Estados Unidos de aquellos que le están causando daño económico y financiero”, afirmó.
En su discurso, Trump apuntó también contra quienes celebraron el fallo del CIT, a los que acusó de actuar en connivencia con intereses extranjeros. “Esta medida está siendo aclamada en todo el mundo, excepto en Estados Unidos. Eso lo dice todo”, declaró.
La suspensión actual tiene carácter provisional, pero permite al Ejecutivo mantener activos los aranceles mientras se resuelve la apelación de fondo. Trump ya solicitó la intervención de la Corte Suprema, a la que pidió una resolución rápida y favorable. “Esperemos que el Supremo la revoque de forma rápida y decisiva”, enfatizó.
Desde su primer mandato, el magnate republicano impulsó una política arancelaria agresiva, dirigida especialmente contra países como China, México y Alemania, con el objetivo declarado de nivelar la balanza comercial y fomentar la producción estadounidense. “Hemos recaudado muchos billones de dólares desde otros países. Los aranceles marcan la diferencia entre tener unos Estados Unidos ricos, prósperos y exitosos, y todo lo contrario”, subrayó.
En su alocución, Trump también cuestionó a los tres jueces que apoyaron el fallo inicial. “¿Cómo es posible que hayan causado un daño tan grave a Estados Unidos de América? ¿Se trata simplemente de odio hacia Trump?”, lanzó.
El presidente redobló la apuesta contra figuras de su propio entorno político, como Leonard Leo, exasesor judicial y exvicepresidente de la Sociedad Federalista, a quien acusó de ser un “canalla” que “odia a Estados Unidos”. Según Trump, sus errores pasados al elegir fuentes de recomendación judicial le costaron sentencias adversas. “Yo era nuevo en Washington y me sugirieron que utilizara la Sociedad Federalista como fuente de referencia para los jueces. Lo hice, pero luego me di cuenta de que estaban bajo el yugo de Leo”, afirmó.
La arremetida de Trump busca reforzar su imagen de líder fuerte ante los votantes republicanos, de cara a las elecciones presidenciales de 2024. La política arancelaria se mantiene como uno de sus pilares discursivos, especialmente en estados industriales que vieron disminuir su tejido productivo por la globalización.
A su vez, el mandatario advirtió que condicionar los aranceles a la aprobación del Congreso paralizaría la política comercial estadounidense. “Cientos de políticos se sentarán en Washington durante semanas, incluso meses, tratando de llegar a una conclusión sobre qué cobrar a otros países que nos tratan injustamente. Eso destruiría el poder presidencial”, sostuvo.
Mientras tanto, la Casa Blanca insiste en que los aranceles son constitucionales y representan una herramienta clave para proteger la soberanía económica. Con el caso aún abierto en los tribunales, la disputa entre poderes promete escalar hasta las máximas instancias judiciales del país.
