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Por Agroempresario.com
En un fallo histórico que podría redefinir el futuro del comercio exterior de Estados Unidos, un tribunal federal en Nueva York bloqueó la imposición de aranceles generalizados decretada por el expresidente Donald Trump. La sentencia no solo congela tarifas que afectaban a casi todos los socios comerciales del país, sino que también cuestiona el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) como herramienta para aplicar medidas económicas sin aprobación del Congreso.
La Corte de Comercio Internacional determinó que Trump excedió sus facultades legales al declarar una emergencia nacional para justificar aranceles comerciales sin respaldo legislativo. El fallo frena tarifas impuestas en abril sobre importaciones desde China, México, Canadá y otros países, al tiempo que plantea un nuevo escenario legal para futuros intentos de acción unilateral por parte del Ejecutivo.
Aunque algunos aranceles previos siguen vigentes, como los que afectan al acero, aluminio y vehículos extranjeros, la sentencia subraya que deben estar basados en otros marcos legales, como la Ley de Expansión Comercial de 1962, que exige una investigación formal del Departamento de Comercio.
El fallo afecta específicamente a los gravámenes aplicados bajo la IEEPA. Permanecen en pie, por ahora, los aranceles sobre el acero y aluminio, dado que fueron implementados al amparo de otras leyes. Estas medidas sí exigen investigaciones previas y no pueden imponerse de manera unilateral.
La resolución judicial deriva de al menos siete demandas, entre ellas una presentada por cinco pequeñas empresas y otra respaldada por una coalición de doce estados. Este contexto demuestra el amplio rechazo a las acciones del expresidente y la preocupación sobre la utilización expansiva del poder presidencial.
La defensa del expresidente se basó en precedentes como el de Richard Nixon en 1971, quien aplicó aranceles en plena crisis económica. Sin embargo, el tribunal destacó que Nixon utilizó otra legislación —la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917— y que los déficits comerciales acumulados no representan una emergencia nacional repentina, como exige la IEEPA.
El fallo afirma que, tras 49 años de déficits comerciales constantes, estos no pueden considerarse una amenaza inesperada ni justificación válida para activar poderes extraordinarios. “Es un caso claro de abuso del poder ejecutivo”, sostuvo el profesor de política comercial Eswar Prasad, de la Universidad de Cornell.
Según Wendy Cutler, exfuncionaria de comercio de Estados Unidos y actual vicepresidenta del Asia Society Policy Institute, el fallo “arroja la política comercial del presidente a la incertidumbre”. Durante la actual pausa arancelaria de 90 días, muchos países podrían suspender negociaciones o rechazar concesiones, esperando un fallo definitivo en instancias superiores.
Para el sector privado, las implicancias también son considerables. Muchas empresas están reconfigurando sus cadenas de suministro, adelantando embarques o diversificando proveedores, temerosas de que los aranceles sean restaurados si el fallo se revierte.
La administración Trump podría apelar ante la Corte de Apelaciones del Circuito Federal en Washington y, eventualmente, escalar el caso a la Corte Suprema. Sin embargo, el fallo ya establece un precedente legal que podría limitar el alcance de futuras medidas comerciales unilaterales.
Además, el tribunal recordó que aún existe una vía limitada mediante la Ley de Comercio de 1974, que permite aplicar aranceles temporales —de hasta 15% y por un máximo de 150 días— en respuesta a déficits comerciales. No obstante, esta herramienta es mucho menos poderosa que las atribuciones que Trump buscaba ejercer bajo la IEEPA.
La decisión representa un revés profundo para una de las piezas centrales de la estrategia económica y geopolítica de Trump. Durante su mandato, el exmandatario utilizó los aranceles como arma de presión para renegociar acuerdos comerciales y endurecer posiciones frente a países como China, Canadá y México.
Este fallo limita la posibilidad de replicar ese enfoque sin contar con la venia del Congreso. Además, reaviva un debate constitucional más amplio sobre los límites del poder presidencial en tiempos de paz y la necesidad de mecanismos de control más rigurosos sobre decisiones que afectan al comercio global.
En el corto plazo, la industria, los mercados y las cancillerías extranjeras seguirán de cerca la evolución del caso. Mientras tanto, la incertidumbre genera un efecto de “parálisis estratégica”, donde ni empresas ni gobiernos se atreven a tomar decisiones de largo plazo por temor a cambios abruptos en las reglas del juego.
En el mediano y largo plazo, el fallo puede marcar un precedente clave para limitar la utilización de poderes de emergencia en el ámbito económico. También podría motivar al Congreso a reformar leyes como la IEEPA para impedir nuevos intentos de reinterpretación expansiva por parte de futuros mandatarios.
