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Por Agroempresario.com
A partir del 1 de junio comenzó a regir el Decreto 149/2025, firmado por el presidente Javier Milei y ejecutado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La norma prohíbe los aportes obligatorios que las empresas debían pagar a cámaras empresarias a través de convenios colectivos de trabajo, incluso si no estaban afiliadas a dichas entidades.
La medida había sido publicada en el Boletín Oficial el 5 de marzo y estipulaba un plazo de 90 días para su entrada en vigencia. El Gobierno argumentó que estas contribuciones, en muchos casos, representaban una “imposición privada” sin sustento legal, lo cual consideró contrario a los principios de libertad económica.
El ministro Sturzenegger celebró la aplicación de la norma afirmando que el decreto “termina con un importante privilegio de la casta: la de establecer ‘impuestos privados’ para beneficio de entidades corporativas”. Agregó que “la creación de cargas patrimoniales solo puede surgir de una ley, no de un acuerdo entre privados que se extiende a terceros sin consentimiento”.
En declaraciones públicas, el ministro detalló que este tipo de contribuciones llegaban a recaudar cerca de $6000 millones mensuales, especialmente en sectores como comercio, turismo, metalurgia y gastronomía. "Cada vez que compramos un producto, estamos financiando algo a lo que no consentimos", sostuvo.
Sturzenegger también indicó que esta decisión “baja costos en sectores clave como el comercio, calzado, producción avícola, turismo, pastelería y servicios de limpieza”, y subrayó que la libertad económica es un principio “central del nuevo modelo liberal que impulsa el presidente Milei”.
La decisión provocó una fuerte reacción por parte de varias cámaras empresariales, que advirtieron sobre el impacto económico de esta medida y su carácter discriminatorio. “El decreto apunta exclusivamente contra las cámaras empresarias, mientras deja intactos los mecanismos de financiamiento sindical, como los fondos de capacitación”, cuestionaron desde distintas entidades.
Referentes del sector señalaron que el cambio favorece solo a las empresas que no están afiliadas a cámaras, pero que sí están sujetas a convenios colectivos. En ese marco, algunas cámaras analizan presentar acciones legales para intentar frenar la implementación.
El Decreto 149/2025 establece que ninguna cláusula convencional podrá obligar a empleadores no afiliados a pagar contribuciones a entidades empresarias. Desde el Ejecutivo afirman que estas prácticas carecen de base normativa válida y violan el principio de legalidad en materia tributaria.
El debate se inscribe en una agenda más amplia del Gobierno, que busca reducir costos laborales, eliminar estructuras corporativas y promover la desregulación en distintos sectores económicos.
