Por Agroempresario.com
Este miércoles entró en vigencia una medida que podría reconfigurar el comercio internacional de metales: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, duplicó los aranceles sobre el acero y el aluminio importados, que pasaron del 25% al 50%. Esta decisión, orientada a “proteger la industria nacional”, fue anunciada días atrás en un acto público y ya comenzó a generar reacciones adversas en distintas partes del mundo, especialmente en Europa.
La suba de aranceles fue oficializada por la Casa Blanca mediante un decreto presidencial, enmarcado en una política económica que apunta a fortalecer la industria manufacturera estadounidense y reducir la dependencia de importaciones a bajo costo. “Nadie va a poder robarles su industria. Con un 25% pueden sortear esa barrera; con un 50% ya no pueden sortearla”, declaró Trump frente a trabajadores siderúrgicos en Pittsburgh, Pensilvania.
El republicano también celebró el ingreso de capital extranjero, como la reciente inversión de la empresa japonesa Nippon Steel en U.S. Steel, destacando que esta permanecerá bajo control estadounidense. Para Trump, esta es una clara señal de que su estrategia está “revitalizando la industria norteamericana”.
Entre las novedades incluidas en la normativa se destaca que el Reino Unido quedará exento de este aumento, manteniendo el arancel original del 25%. Esto se debe a un acuerdo bilateral ya alcanzado, que si bien aún requiere cerrar negociaciones sobre derechos y cuotas, le otorga a Londres un beneficio comercial considerable frente a otros socios internacionales.
En contraste, otros países productores de acero y aluminio, como Canadá, México, Brasil, China y Corea del Sur, verán encarecidas sus exportaciones hacia Estados Unidos, un factor que podría derivar en represalias o negociaciones aceleradas para evitar un deterioro mayor en las relaciones comerciales bilaterales.
La Unión Europea fue uno de los primeros bloques económicos en expresar su rechazo a la medida. A través de su vocero, Olof Gill, la Comisión Europea advirtió que “esta suba socava los esfuerzos en curso para alcanzar una solución negociada”. El funcionario explicó que, de no revertirse la medida, el bloque avanzará con represalias automáticas a partir del 14 de julio.
“La Comisión ha sido clara en todo momento sobre su disposición a actuar en defensa de los intereses de la Unión, protegiendo a nuestros trabajadores, consumidores e industria”, remarcó Gill. Desde Bruselas, la decisión de Trump fue interpretada como un gesto unilateral que pone en riesgo años de cooperación y diálogo transatlántico.
La suba del arancel al 50% no solo afecta a los gobiernos y empresas exportadoras, sino también a los consumidores estadounidenses, que podrían enfrentar aumentos en los precios de productos que contienen acero o aluminio, desde automóviles hasta electrodomésticos y maquinaria agrícola.
Expertos en comercio exterior señalaron que esta medida representa una profundización del proteccionismo económico, en línea con otras decisiones tomadas por la Administración Trump desde su regreso a la Casa Blanca. El impacto también se sentirá en los mercados de futuros, donde ya se perciben señales de volatilidad ante el cambio de condiciones.
A nivel interno, la medida fue bien recibida por los sindicatos del sector siderúrgico y por gobernadores de estados industriales como Ohio, Michigan y Pensilvania. Para muchos trabajadores y pequeñas fábricas, los aranceles representan una protección frente a la competencia externa que, según denuncian, opera con subsidios y dumping.
Desde la campaña republicana, se interpretó esta decisión como una respuesta concreta a una de las principales promesas de Trump: “recuperar el empleo industrial estadounidense”. En redes sociales, el Presidente afirmó que es “un gran honor contribuir a que nuestras industrias están volviendo como nunca antes”.
Sin embargo, no todos en Estados Unidos están convencidos del efecto positivo de la medida. Diversos analistas advierten que estas subas podrían provocar una escalada de represalias comerciales que termine afectando a otras industrias, como la agrícola y la automotriz. Además, cuestionan el verdadero impacto sobre la creación de empleo.
“Históricamente, los aranceles altos han tenido un efecto limitado para sostener industrias enteras. A veces generan alivio temporario, pero no resuelven los problemas estructurales de competitividad”, señaló Susan Houseman, economista del Instituto W.E. Upjohn.
La decisión de Washington se da en un contexto de crecientes tensiones con China y otras potencias emergentes. Aunque en esta ocasión el foco está puesto en el acero y el aluminio, el trasfondo incluye disputas tecnológicas, subsidios industriales y control de cadenas de suministro estratégicas.
En paralelo, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, justificó la política comercial impulsada por Trump y criticó duramente al “modelo económico global actual”, al que responsabilizó por la pérdida de empleos y el estancamiento de las clases medias en su país.
En América Latina, el impacto de esta medida será desigual. Países como Brasil, que exportan grandes volúmenes de acero a EE.UU., se verán directamente afectados. En tanto, naciones como Argentina —que ya enfrentan restricciones comerciales con su principal socio del norte— podrían quedar marginadas del debate, aunque la suba de aranceles alimenta la percepción de un cierre de mercados que también impacta en commodities agrícolas e industriales.
Empresarios de la región alertan que, si bien la medida no está dirigida específicamente a América Latina, el efecto dominó puede derivar en una desaceleración de pedidos, encarecimiento de materias primas y nuevos obstáculos logísticos.
Por ahora, la Casa Blanca no ha dado señales de revisar esta medida, pese a las presiones externas. Tampoco se descartan nuevos anuncios en otras áreas estratégicas como tecnología, energía o productos farmacéuticos.
Organismos internacionales como la OMC siguen de cerca el desarrollo del conflicto, aunque su capacidad de intervención se encuentra limitada por los propios bloqueos que Estados Unidos ha impuesto en su seno durante los últimos años.
El devenir de esta política arancelaria dependerá en gran parte de las negociaciones bilaterales, del lobby de los sectores internos afectados, y del desarrollo de las campañas presidenciales rumbo a las elecciones de noviembre de 2026.