Por Agroempresario.com
En un contexto de creciente tensión con el campo, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) expresó un firme rechazo al plan del Gobierno nacional de reestructurar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El malestar del sector se cristalizó el pasado 3 de junio durante una reunión con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, en la que las entidades rurales alertaron sobre el impacto negativo que podría tener una reforma en áreas claves como la conducción institucional, el control financiero y la presencia territorial del organismo.
La iniciativa del Poder Ejecutivo —que se plasmará en un decreto aún no publicado— prevé, entre otros cambios, modificar la conducción del INTA, reducir el número de integrantes del Consejo Directivo, otorgar mayor control financiero al Ministerio de Economía y achicar la estructura operativa mediante el cierre o fusión de unidades territoriales. Estas medidas, según trascendidos, forman parte de una estrategia más amplia de reorganización del Estado impulsada por el presidente Javier Milei.
Frente a estos planes, los presidentes de las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace —Carlos Castagnani (CRA), Lucas Magnano (Coninagro), Andrea Sarnari (FAA) y Eloisa Frederking (SRA)— plantearon al funcionario su desacuerdo, solicitando preservar la autarquía administrativa y financiera, el esquema de gobernanza participativa y la red federal de estaciones experimentales, centros de investigación y agencias de extensión rural.
“El INTA es una herramienta clave para el desarrollo agropecuario del país. Su presencia territorial, capacidad técnica y articulación con productores son fundamentales. No puede ser debilitado sin consecuencias graves para el sector”, expresaron las entidades en un comunicado conjunto.
Durante la reunión, también participaron el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich; la vicepresidenta, María "Pilu" Giraudo; y el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Martín Fernández. Los funcionarios confirmaron que el Gobierno trabaja en una reforma, pero evitaron brindar detalles concretos sobre los tiempos y alcances del decreto.
Uno de los aspectos más cuestionados por el agro es la posible reducción de los miembros del Consejo Directivo del INTA, que pasaría de 10 a 8 integrantes, lo que implicaría menor representación de las entidades agropecuarias. Este órgano es clave para la toma de decisiones estratégicas del Instituto, por lo que su recorte podría limitar el diálogo institucional.
Además, se analiza un mecanismo de control financiero más rígido por parte del Ministerio de Economía, lo cual pondría en jaque la actual autonomía operativa del organismo. Esto despertó una fuerte reacción entre los dirigentes, quienes advirtieron que semejante centralización burocrática podría paralizar proyectos y líneas de investigación claves.
Los rumores sobre un posible recorte de 1500 puestos —de una planta actual de 6000 empleados— y el cierre de agencias y estaciones experimentales, intensificaron la alarma entre los trabajadores del INTA y las organizaciones rurales. Actualmente, el organismo cuenta con 53 estaciones experimentales, 6 centros de investigación y alrededor de 258 agencias de extensión rural en todo el país.
“El campo necesita un INTA robusto, con capacidad técnica y territorial para acompañar la producción en cada región. Cualquier recorte sin una visión integral del desarrollo agropecuario pone en riesgo el futuro del sector”, advirtió Andrea Sarnari, presidenta de FAA.
La preocupación por el futuro del INTA no es nueva. Ya el pasado 8 de mayo, la Mesa de Enlace había mantenido otro encuentro con Sergio Iraeta, donde se confirmó la intención oficial de avanzar con un decreto. En esa oportunidad, se dejó claro que no está en carpeta una fusión con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), aunque sí una revisión estructural interna.
Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, sostuvo que si bien puede ser necesaria una modernización del INTA, el proceso debe darse con participación del Consejo Directivo y contemplar los lineamientos del plan estratégico vigente desde 2015.
Mientras tanto, los trabajadores del INTA se organizaron para resistir los cambios. El lunes 2 de junio, técnicos, investigadores y representantes de los Consejos Locales Asesores realizaron la cuarta Asamblea Virtual, donde se definió sumar al INTA a las movilizaciones de organismos públicos como Conicet, INTI y el Hospital Garrahan, y buscar apoyo parlamentario en las comisiones de Agricultura y Ciencia y Técnica del Congreso.
El Gobierno aún no confirmó oficialmente el contenido ni la fecha de publicación del decreto, pero las señales son claras: el proyecto de reforma del INTA avanza como parte del proceso general de achicamiento del Estado. La reciente designación de Gustavo Abaurrea en la Coordinación Operativa, Claudio Vinograd en la Dirección Administrativa y Jorgelina Traut en Comunicación del Instituto refuerza esta percepción.
Por su parte, el Consejo Directivo del INTA se declaró en estado de alerta y realiza reuniones periódicas para seguir de cerca los movimientos del Ejecutivo. Uno de los puntos más cuestionados por sus integrantes es la escasa información oficial y la sensación de que las decisiones se toman de forma unilateral, sin el necesario consenso con los actores del sector.
La Mesa de Enlace solicitó abrir una mesa institucional con los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Luis Caputo (Economía) para conocer los alcances reales de la reforma y presentar sus propuestas. “Estamos dispuestos a discutir cambios, pero no podemos permitir que se destruya el modelo que tanto costó construir”, advirtió Carlos Castagnani de CRA.
En el mismo sentido, desde el Consejo Directivo del INTA se plantea trabajar sobre los planes de modernización ya existentes, evitando improvisaciones que afecten al entramado técnico y productivo. “El campo argentino necesita ciencia, tecnología y extensión rural para seguir siendo competitivo. El INTA cumple ese rol y debe fortalecerse, no debilitarse”, concluyeron las entidades.