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Por Agroempresario.com
En un contexto de estrictas metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno argentino implementó durante 2025 un ajuste significativo en el gasto público. Para garantizar un superávit primario sólido y enviar una señal firme al mercado, se redujo en un 60% el presupuesto destinado a subsidios y en un 50% las inversiones en obra pública financiadas por la Nación. Agroempresario.com analiza en detalle las medidas, sus impactos y el panorama fiscal a corto plazo.
El Ministerio de Economía tiene como objetivo principal cumplir con la meta de superávit primario comprometida con el FMI para 2025. Este superávit, que representa un excedente fiscal antes del pago de intereses de la deuda, apunta a fortalecer la confianza de los mercados y asegurar la estabilidad macroeconómica en un año electoral.
Hasta abril de 2025, el superávit acumulado alcanzó 0,6% del Producto Bruto Interno (PBI), equivalente a 5,2 billones de pesos. Para cumplir con la meta anual, el Gobierno debe continuar con el ajuste y, según sus proyecciones, incluso buscará superar la cifra pactada de 1,3% del PBI, apuntando a un 1,6%.
La consultora Analytica relevó que el gasto en subsidios económicos sufrió una caída del 62,4% en mayo en comparación con el mismo mes del año anterior. En el acumulado de los primeros cinco meses de 2025, el recorte fue de 60,3%.
Por su parte, la obra pública financiada con fondos nacionales disminuyó un 51% en mayo y acumula un ajuste del 52,1% en lo que va del año. Este recorte es parte de una estrategia para reorientar recursos hacia gastos ineludibles como las jubilaciones, que durante el mismo período tuvieron un aumento real de 20,7%.
De las 2.337 obras públicas bajo jurisdicción nacional al inicio del mandato del gobierno actual, solo 183 permanecen bajo administración directa de la Nación, lo que representa un 7%. De estas, 122 proyectos fueron reiniciados y 61 permanecen paralizados. El resto fueron transferidos a provincias o cancelados, con 500 obras transferidas y aproximadamente 1.600 dadas de baja.
Esta reducción afecta la calidad y mantenimiento de infraestructuras esenciales, como las rutas nacionales. La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) advirtió que los corredores viales concesionados requieren inversiones iniciales de aproximadamente USD 100 millones por vía para estar operativos, reflejando un desafío para la red vial del país.
Además de obra pública y subsidios, otros rubros del gasto público también sufrieron modificaciones:
Este esquema revela una política fiscal que prioriza los gastos sociales más sensibles, mientras busca contener el resto del gasto público para alcanzar el superávit.
En un año electoral, el Gobierno apuesta a consolidar la confianza de inversores y mercados internacionales mostrando disciplina fiscal. El ajuste en obra pública y subsidios no solo busca cumplir con el FMI, sino también enviar una señal clara sobre el compromiso con el equilibrio fiscal y la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Un funcionario cercano a Luis Caputo, actual Ministro de Economía, destacó que el recorte en obras públicas es parte de una reestructuración que prioriza proyectos estratégicos, mientras que los demás fueron cancelados o delegados a las provincias, fortaleciendo así el control local.
Aunque el ajuste ha logrado sostener el superávit hasta mayo, el Gobierno aún enfrenta desafíos para mantener esta senda en la segunda mitad del año. La presión sobre los gastos sensibles, como las jubilaciones, y la necesidad de garantizar infraestructura adecuada generan tensiones en el plan fiscal.
En paralelo, la deuda pública y la gestión de reservas en el Banco Central continúan siendo temas centrales en la agenda económica nacional. Sin embargo, respecto a la meta fiscal, el Ministerio de Economía confía en superar la meta de 1,3% del PBI, alcanzando 1,6% y mostrando un margen adicional frente al FMI.
