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Por Agroempresario.com
En medio de señales de desaceleración económica, el Gobierno nacional dio un paso decisivo al enviar al Congreso un proyecto de ley destinado a complementar las recientes medidas orientadas a incentivar la circulación de dólares no declarados. Esta normativa propone un nuevo marco jurídico para facilitar la “remonetización” de la economía argentina sin recurrir a una expansión significativa de la base monetaria en pesos, algo que la actual estrategia económica no permite.
Durante marzo y abril, los indicadores de actividad mostraron un enfriamiento preocupante. Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) publicado por el INDEC, la economía cayó 1,8% mensual en marzo. Este fue el segundo retroceso más pronunciado desde diciembre de 2023, cuando la combinación de devaluación y ajuste fiscal impactó con fuerza en la actividad.
La consultora Equilibra advirtió que en abril la economía acumuló otro mes de caída: 0,8% desestacionalizado. Así, se registran dos meses consecutivos de contracción. Sin embargo, el Índice General de Actividad (IGA) de Orlando Ferreres mostró una visión distinta, con un crecimiento interanual de 5,6% y una suba mensual del 1,3% desestacionalizado.
En este contexto ambiguo, el Ejecutivo busca acelerar la puesta en marcha de su plan de reactivación. La apuesta está clara: incentivar la circulación de dólares fuera del sistema formal mediante un “blindaje” legal que garantice protección jurídica y fiscal a quienes decidan declarar sus divisas no registradas.
El proyecto enviado al Congreso plantea una transformación en la filosofía de la administración tributaria. Según explicaron desde el Gobierno, el objetivo es pasar de una lógica punitiva a una recaudatoria, facilitando el cumplimiento fiscal con incentivos concretos y reduciendo el riesgo penal para los contribuyentes.
Una de las medidas clave es la elevación significativa de los montos a partir de los cuales se configura el delito penal tributario. Por ejemplo, el umbral para considerar fraude fiscal pasará de $1.500.000 a $100.000.000. Lo mismo ocurre con otras figuras como la apropiación indebida de tributos y beneficios fiscales.
“Hasta hoy, en Argentina te podían investigar por evasión simple por una diferencia de apenas $1,5 millones. Con esta nueva ley, cerca de 7.500 causas penales podrían cerrarse y solo quedarían activas unas 200”, explicó el especialista en tributación Sebastián Pazo.
El proyecto también contempla la posibilidad de extinguir la acción penal si el contribuyente paga la deuda, los intereses y un 50% adicional en un plazo de 30 días hábiles desde la notificación. Esta disposición excluye los casos de maniobras dolosas o con documentación falsa.
Sebastián Domínguez, de SDC Asesores Tributarios, valoró positivamente la reducción del plazo de prescripción a tres años para quienes cumplan con sus obligaciones y no registren diferencias significativas. Sin embargo, advirtió que la normativa deja algunos puntos abiertos: “El parámetro del 15% como diferencia para considerar inexactitud es muy bajo y debería estar mejor definido por ley”.
Otro de los puntos sensibles del proyecto es la eliminación de la potestad de las provincias para fijar plazos propios de prescripción tributaria. Esto implicaría una reforma al Código Civil y Comercial, centralizando la competencia en la Nación.
“Hoy hay provincias que tienen plazos de prescripción de hasta 10 años. Unificar este criterio es importante para dar previsibilidad jurídica”, comentó Florencia Fernández Sabella, de LSF Tax. Esta medida, sin embargo, anticipa tensiones en el debate legislativo, especialmente por su impacto en las autonomías fiscales provinciales.
El nuevo esquema también prevé la creación de un Régimen de Declaración Jurada Simplificada para personas humanas y sucesiones indivisas cuyos ingresos no superen los $1.000 millones y su patrimonio esté por debajo de los $10.000 millones. No estarán alcanzados los grandes contribuyentes.
Además, se introduce una exclusión explícita de la denuncia penal cuando existan errores técnicos o diferencias interpretativas, o cuando la deuda se origine únicamente en presunciones legales sin evidencia concreta.
Marcelo Rodríguez, de MR Consultores, destacó que estas modificaciones ofrecen certezas al Poder Judicial: “Los jueces ahora podrán enfocarse en casos realmente graves, lo que también alivia al sistema judicial”.
La Administración de Recursos de la Contribución Argentina (ARCA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) tendrán un papel clave en la implementación de estas medidas. La flexibilización de los controles automáticos y de los montos obligatorios de reporte busca reducir la fricción entre contribuyentes y el fisco, facilitando la formalización de capitales.
El cambio de paradigma es evidente: se habilita el uso de dólares “del colchón” como una forma de liquidez dentro de la economía sin que medien sanciones penales, siempre que se cumpla con el nuevo marco legal.
La razón estructural detrás de esta batería de medidas es la imposibilidad del Gobierno de expandir la cantidad de pesos sin romper con su compromiso de equilibrio fiscal y disciplina monetaria. En ese contexto, la estrategia de remonetización en dólares se vuelve una herramienta clave para dinamizar el consumo y la inversión.
El Ejecutivo apuesta a que estos incentivos movilicen los cerca de USD 200.000 millones que, se estima, están fuera del sistema formal en poder de argentinos. Aunque esa cifra es discutida, todos coinciden en que los capitales no declarados representan una fuente de financiamiento doméstico significativa.
No todos los expertos coinciden en que esta estrategia funcionará sin riesgos. Algunos advierten que podría generar tensiones con el sistema financiero formal, que quedaría en desventaja frente al circuito informal dolarizado. Otros temen que la señal que se envía sea que siempre habrá una oportunidad de blanquear capitales sin pagar penalidades reales.
Sin embargo, desde el Ejecutivo consideran que esta medida es coyuntural y necesaria: “No estamos promoviendo la informalidad, sino facilitando la transición hacia una economía más formalizada sin ahogar la actividad”, aseguran fuentes oficiales.
Si el Congreso aprueba el proyecto sin grandes modificaciones, Argentina entrará en una nueva etapa económica, marcada por un mayor protagonismo del dólar informal en el circuito legal.
Para el Gobierno, la clave está en lograr que estos dólares circulen, se inviertan y dinamicen la economía sin comprometer las metas fiscales ni el orden monetario. Para los contribuyentes, se trata de una oportunidad de regularizar su situación sin exponerse a sanciones penales.
Y para los analistas y legisladores, el debate recién comienza.
