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Por Agroempresario.com
La industria argentina del acero y el aluminio enfrenta un nuevo desafío internacional. La reciente decisión del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, de duplicar los aranceles a las importaciones de estos productos —del 25% al 50%— generó un fuerte impacto en el sector productivo nacional. Empresas como Aluar, Tenaris y Acindar analizan cómo seguir frente a un contexto de ventas paralizadas, incertidumbre global y negociaciones clave en curso entre los equipos técnicos argentinos y funcionarios norteamericanos en Washington.
Con la medida de Trump, Argentina vuelve a estar en desventaja frente a otros países con menores costos logísticos o acuerdos comerciales más favorables. Para firmas como Aluar, el impacto es inmediato: exporta alrededor del 40% de su producción de aluminio a Estados Unidos, con un valor anual cercano a los 560 millones de dólares. Este mercado representa un pilar clave para su operatoria, y la decisión arancelaria ha generado la cancelación de compras por parte de importadores estadounidenses que esperan claridad normativa.
La situación se complejiza por la baja demanda interna. Las ventas de acero y aluminio en el mercado doméstico se redujeron hasta un 40% en comparación con los niveles de 2022 y 2023. Las fábricas, por lo tanto, enfrentan una doble presión: caída del consumo local y cierre temporal del canal externo más rentable.
La respuesta de las compañías ha sido contenida, aunque firme. Desde Acindar, que produce aceros largos, señalan que el pequeño cupo de exportación que existía —de apenas 1.000 toneladas anuales— ya no rige, y en todo caso era insignificante. En cambio, estiman que un cupo razonable debería rondar las 200.000 toneladas. Por su parte, Tenaris, que exporta barras de acero utilizadas para la fabricación de tubos, también sufrió la suspensión de pedidos por un valor estimado en 100 millones de dólares anuales.
Desde el sector empresarial coinciden: la decisión estadounidense es interpretada como una medida de presión negociadora. “Son decisiones extremas que alteran el equilibrio comercial y que buscan generar un nuevo punto de partida para la negociación”, sostienen desde las empresas afectadas.
La posibilidad de suavizar o revertir este nuevo arancel punitivo está sobre la mesa. El secretario de Coordinación del Área Productiva, Pablo Lavigne, viajó esta semana a Washington para encabezar reuniones con sus pares del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. El objetivo: abrir una instancia formal de negociación que permita alcanzar un tratamiento diferencial para los productos argentinos.
Una referencia alentadora para los empresarios fue el reciente acuerdo que logró el Reino Unido, que logró mantener el arancel en el 25% inicial tras negociaciones bilaterales. En el caso argentino, la expectativa es lograr un mecanismo similar que evite paralizar completamente las operaciones de exportación. Mientras tanto, los compradores norteamericanos frenaron sus adquisiciones, a la espera de definiciones regulatorias.
Logística, costos y presión internacional
En términos logísticos, Argentina enfrenta un desbalance que se acentúa con este tipo de restricciones. “Cuando bajó la demanda, el costo de la logística empezó a presionar más frente a países como Canadá, que tienen ventajas naturales en el acceso al mercado estadounidense”, explicaron voceros del sector. Este encarecimiento relativo reduce el margen de maniobra de las empresas locales para competir en precio.
A esto se suma el riesgo del llamado “desvío de comercio”: al bloquear parcialmente el acceso de productos chinos al mercado norteamericano, esos excedentes buscan colocarse en otras regiones. La Cámara Argentina del Acero advirtió que los mercados latinoamericanos podrían enfrentar una sobreoferta de acero subsidiado, con precios difíciles de igualar para la industria local.
Una de las opciones que se barajan es reconfigurar los cupos de exportación vigentes, que fueron establecidos en años anteriores con criterios hoy desactualizados. Las autoridades económicas argentinas apuntan a establecer un nuevo marco regulatorio con Estados Unidos, que contemple condiciones más equitativas y garantice previsibilidad para el sector industrial.
Desde la Cámara de Aluminio manifestaron su preocupación, pero también expresaron confianza en las gestiones que está realizando el Gobierno. “Confiamos en que las negociaciones puedan alcanzar resultados favorables, de modo de acotar el impacto sobre las empresas argentinas y mantener la continuidad de sus operaciones”, indicaron.
No es la primera vez que la industria argentina sufre el impacto de un aumento arancelario. En 2018, cuando el gobierno de Trump impuso el arancel inicial del 25%, también se registró una parálisis temporal en las exportaciones, que se extendió entre cinco y seis semanas. Durante ese tiempo, las empresas estadounidenses consumieron stock acumulado y aguardan definiciones regulatorias.
Lo preocupante, advierten hoy los empresarios, es que esa ventana de incertidumbre vuelve a repetirse, pero en un contexto más complejo: menor actividad interna, inflación acumulada, dificultad de acceso al financiamiento y restricciones macroeconómicas.
Para el Gobierno argentino, este nuevo frente comercial se suma a una agenda cargada de desafíos económicos. El equipo del Ministerio de Economía, en coordinación con la Secretaría de Comercio, mantiene un canal abierto con Estados Unidos y busca aprovechar los antecedentes favorables que otros países lograron establecer. No obstante, cada día que pasa sin definiciones agrava la situación de las plantas industriales.
Desde las empresas, el mensaje fue claro: la única salida sostenible es mejorar las condiciones de exportación. Esto incluye no solo aranceles razonables, sino también infraestructura logística competitiva y financiamiento accesible para operaciones internacionales. “Hay que ampliar la capacidad exportadora del país, y eso requiere una estrategia integral”, remarcaron desde el sector.
