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Por Agroempresario.com
En un contexto de creciente tensión institucional, el Gobierno nacional decidió reprogramar una cumbre clave con los gobernadores, postergando así un diálogo vital para recomponer una relación cada vez más deteriorada entre la Casa Rosada y las provincias. La postergación de la reunión, que iba a celebrarse este lunes con la presencia del jefe de Gabinete Guillermo Francos, profundizó el malestar de los mandatarios provinciales, que se sienten marginados por la actual política fiscal del Ejecutivo.
La razón oficial para la postergación fue la ausencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien se encuentra en el exterior por un viaje oficial. Según trascendió, Francos prefiere abordar los temas tributarios propuestos por los gobernadores con la presencia de Guberman, lo que retrasa la audiencia unos días más. Sin embargo, desde varias provincias aseguran que la suspensión fue intempestiva y que es otra señal de la falta de voluntad política para resolver los problemas estructurales que enfrentan los territorios.
Los gobernadores apuntan a dos ejes fundamentales que explican el deterioro del vínculo con Nación: la fuerte caída en los fondos de la Coparticipación Federal y el congelamiento de la obra pública nacional. Según el último informe de la Comisión Federal de Impuestos, si no hay cambios, los recursos automáticos que se giran a las provincias caerán un 4,2% en 2025 en comparación con el año anterior. En términos absolutos, esto equivale a una pérdida de 2,5 billones de pesos, o el 0,3% del Producto Bruto Interno (PBI).
El dato es aún más preocupante si se considera que la Coparticipación representó el 45% de los ingresos provinciales en 2024, alcanzando hasta un 60% en una docena de jurisdicciones. Esta merma en la recaudación afecta de lleno a la capacidad de los gobiernos provinciales para cumplir con sus compromisos y sostener servicios esenciales.
Los mandatarios adjudican esta crisis a decisiones tomadas por el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, con aval directo del presidente Javier Milei. Entre las medidas más cuestionadas se encuentra la eliminación de ciertos beneficios impositivos, como los certificados de exclusión para el IVA y Ganancias, la modificación de anticipos para sociedades, el diferimiento del impuesto a los combustibles, y la eliminación de impuestos internos para productos electrónicos importados.
Además, señalan que los ingresos no recurrentes de 2024, como el REIBP o el pago extraordinario de Ganancias por parte del sistema financiero, no se repetirán en 2025, lo que agrava el panorama. La caída del consumo también repercute en la recaudación del IVA, que retrocedió 1,9% en abril, ajustado por inflación.
La semana pasada, 18 de los 24 gobernadores se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para analizar el informe de la Comisión Federal de Impuestos y acordar una estrategia común frente al Ejecutivo nacional. Allí coincidieron en la necesidad urgente de que el Gobierno restablezca las transferencias no automáticas y reactive la obra pública nacional, suspendida en la mayoría de las provincias.
Los mandatarios también coincidieron en exigir el cumplimiento del uso específico del impuesto a los combustibles para el mantenimiento de rutas, una de las pocas herramientas fiscales que aún no fue desmantelada, pero que tampoco se está ejecutando según lo prometido.
La reunión que debía servir para abordar estas preocupaciones con Guillermo Francos fue suspendida a último momento, lo que aumentó el malestar. “Parece un motivo razonable, aunque es una falta de respeto la poca antelación”, deslizaron fuentes cercanas a uno de los gobernadores.
Francos, que ha intentado mostrarse como el interlocutor más receptivo de los reclamos provinciales, argumentó que sin Guberman presente la reunión perdía eficacia. No obstante, el hecho de no optar por una reunión virtual o delegar en otro funcionario revela, según los mandatarios, una falta de voluntad política para avanzar en soluciones concretas.
El contexto político no ayuda: Argentina se adentra en la etapa decisiva del calendario electoral, con las elecciones generales programadas para el 26 de octubre. En ese marco, muchos gobernadores ya comenzaron a delinear estrategias y a posicionarse, tanto frente al oficialismo nacional como en sus propios distritos.
Axel Kicillof (Buenos Aires), Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Claudio Vidal (Santa Cruz) son algunos de los nombres que figuran entre los más activos en este proceso. Algunos mantienen canales abiertos con La Libertad Avanza, mientras que otros, como Cornejo o Kicillof, tienen relaciones más tensas con el Ejecutivo.
Los gobernadores saben que la disputa por los fondos tiene una dimensión política ineludible. Muchos creen que el Gobierno no quiere beneficiar financieramente a provincias gobernadas por la oposición en plena campaña electoral, y apuntan particularmente a la provincia de Buenos Aires, donde Cristina Fernández de Kirchner suena con fuerza como posible candidata.
Desde la cúpula de La Libertad Avanza, sin embargo, aseguran que los gobernadores “no tienen margen” para oponerse a las reformas estructurales que plantea el oficialismo. “Su deuda está atada a la nuestra, les conviene votarnos los cambios clave a pesar de que no les damos lo que quieren”, reconocen en reserva.
Mientras tanto, el oficialismo busca consolidar apoyos legislativos para avanzar con su programa de reformas. La semana pasada, varios gobernadores facilitaron la aprobación en la Cámara de Diputados de proyectos impulsados por sectores de la oposición más dura, lo que generó sorpresa en el entorno presidencial.
“No nos preocupa, ni nos esforzamos en frenarlo. Guardamos esa carta para más adelante”, afirmaron desde la Presidencia. A pesar de los gestos de colaboración esporádicos, la relación entre Nación y provincias sigue siendo tirante.
Lo que está en juego, más allá de los fondos o las reuniones canceladas, es el modelo de país. Para el Gobierno libertario, la prioridad es el equilibrio fiscal y la restricción de la emisión monetaria. Para las provincias, se trata de garantizar recursos para sostener servicios básicos, infraestructura y desarrollo local. La postergación de la reunión con los gobernadores es solo un síntoma de una disputa más profunda, que amenaza con agudizarse en los próximos meses.
