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Por Agroempresario.com
En un escenario de creciente tensión política y económica, el Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, acelera la desarticulación de organismos públicos clave en ciencia y tecnología, como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Julio marca el fin de las facultades delegadas otorgadas al Poder Ejecutivo, lo que pone un límite para los decretos que modifican sin control legislativo a instituciones como el INTA, CONICET, ANMAT y otros. Con el reloj en cuenta regresiva, Sturzenegger busca avanzar en lo que críticos califican como un "remate del Estado".
Desde la sanción de la Ley de Bases, el presidente contaba con facultades para intervenir organismos públicos sin pasar por el Congreso. Este mecanismo permitió que, a través de decretos, se realizaran cambios en organismos con impacto directo en la ciencia y tecnología nacional. Sin embargo, en julio esas facultades expiran, lo que genera presión para acelerar decisiones polémicas.
Entre los organismos afectados están:
El INTA, institución emblemática en la investigación y desarrollo agropecuario, aparece en la mira de Sturzenegger, quien pretende modificar su estructura y avanzar en la privatización de parte de sus activos.
La trayectoria de Sturzenegger genera controversia. Como Secretario de Política Económica durante la Alianza en 2001, impulsó un megacanje que incrementó la deuda externa en 37.900 millones de dólares, proceso que fue investigado por administración fraudulenta pero cerrado sin condenas.
Posteriormente, como Presidente del Banco Central (BCRA) en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri, lanzó una emisión masiva de Lebacs que elevó la deuda interna en 40.000 millones de dólares, y terminó renunciando por el fracaso en controlar la inflación.
Ahora, en su retorno, Sturzenegger apunta a "modernizar" instituciones científicas, disfrazando bajo ese término una verdadera desmantelación. Este sería su tercer gran “fracaso” según analistas críticos.
El ministro alega que la planta del INTA está sobredimensionada, justificación que contrasta con datos oficiales. Desde 2014, el INTA redujo su personal en un 17,4%, y actualmente cuenta con 5812 empleados, mientras que la dotación óptima reconocida por el propio Estado sería de 7148 agentes.
El INTA cubre un territorio tan extenso como la distancia de Madrid a Moscú y tiene la mitad del personal que su similar brasileño Embrapa, que solo realiza investigación. Además, el INTA desarrolla servicios de extensión tecnológica directamente con productores agropecuarios, algo que no tiene Embrapa.
Según el periodista agropecuario Matías Longoní, “el Malbec argentino no hubiera existido sin el INTA”. Esta institución es responsable de grandes avances: la siembra directa, la vacuna contra la aftosa, el silo bolsa, la agricultura de precisión, variedades nuevas de cultivos, y avances en genética lechera y maquinaria agrícola, entre otros.
Uno de los episodios más graves es la venta irregular del edificio ubicado en Cerviño 3101, Palermo, que fue la sede del primer Instituto de Suelos de Latinoamérica y actualmente alberga al Instituto de Economía del INTA. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) dispuso la venta sin consultar al Consejo Directivo del INTA, órgano legalmente responsable de la administración de sus bienes.
La Procuración de Investigaciones Administrativas detectó al menos diez irregularidades en esta operación, entre ellas informes falsos, falta de autorización del INTA, y la exigencia para el comprador privado de construir una torre de lujo en el sitio, algo contrario al interés público.
José, un jubilado del INTA que vivió y cuidó el edificio de Palermo durante más de 30 años, fue ignorado en la venta. Construyó una vivienda en la terraza con autorización y ahora enfrenta el desalojo. José planea oponer una prescripción adquisitiva para mantener su derecho de posesión.
Este caso pone en evidencia la deshumanización y la improvisación detrás del proceso de desmantelamiento del INTA.
Lejos de una verdadera modernización, lo que se está promoviendo es la privatización de un patrimonio científico público que históricamente ha beneficiado a millones de productores argentinos y al país en su conjunto. En el camino, se priorizan negocios inmobiliarios y el desguace de instituciones modelo.
Sturzenegger busca cerrar su ciclo con otro “logro”, pero sus acciones enfrentan el rechazo de sectores científicos, sociales y políticos. Julio será un mes clave para el INTA y el futuro de la ciencia agropecuaria en Argentina.
