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Por Agroempresario.com
La industria avícola argentina se encuentra en estado de alerta. Mientras miles de pequeños y medianos productores del norte del país ven cómo sus ventas se desploman, unos 550.000 huevos por día ingresan ilegalmente desde países vecinos como Brasil, Bolivia y Paraguay. El fenómeno no solo pone en jaque la competitividad local, sino que también genera preocupación por el riesgo sanitario. La Cámara Argentina de Productores Avícolas (Capia) no duda en calificar la situación como “desastre” y advierte sobre una peligrosa “connivencia de funcionarios públicos” que permite que el contrabando opere con total impunidad.
El presidente de Capia, Javier Prida, se ha convertido en la voz principal de esta denuncia. Según explica, el ingreso de huevos “blue”, sin documentación ni control sanitario, se intensificó en los últimos meses, coincidiendo con un tipo de cambio anclado que volvió caro al producto argentino en dólares. “Hoy un cajón de huevos en Argentina cuesta unos US$48, mientras que en Brasil se paga US$36 y en Bolivia apenas US$26”, detalla.
Las provincias más golpeadas por este contrabando son Salta, Formosa y Misiones, donde la situación comercial es crítica. “En algunas zonas directamente no se vende nada. La gente compra huevos ilegales porque son más baratos. Pero nadie piensa en el impacto para los productores locales ni en el riesgo sanitario que implica consumir un alimento sin control”, lamenta Prida.
En estos territorios, la producción está en manos de pequeñas pymes o productores familiares que viven al día. La diferencia de precios es brutal: un maple nacional puede costar $8000, mientras que uno paraguayo se consigue a $5000. “No hay forma de competir”, dice Prida, que insiste en que el Estado está ausente. “En Capia tenemos fotos, videos, ubicaciones, hasta los teléfonos de quienes contrabandean. Y nada pasa. Se lo dimos a las autoridades, pero no hay reacción”, denuncia.
El dirigente aclara que no se trata del clásico “contrabando hormiga”, el que cruza unas pocas cajas en moto o a pie. “Estamos hablando de camiones con patente de Paraguay o Bolivia que ingresan toneladas de huevos sin papeles. Los tenemos filmados. Esto no es comercio informal. Es contrabando organizado”, alerta.
Según Capia, el huevo boliviano llega sin rotular, atado con hilo, en lugar de cintas como se estila en Argentina. El brasileño viene en cajas de cartón rotuladas en portugués, y el paraguayo en plástico termocontraíble. “Son fácilmente identificables. Pero a pesar de esto, los controles son nulos. En Formosa, por ejemplo, Senasa brilla por su ausencia”, advierte Prida.
La Cámara asegura que el problema es estructural. “Hay funcionarios preocupados, sí. Desde el Ministerio de Seguridad nos recibieron muy bien. Senasa central también da instrucciones. Pero en las provincias y en las fronteras nadie hace nada. O no quieren o no pueden. Y la frontera está perforada por completo”, dispara.
La preocupación no es solo económica. “Este no es solo un problema comercial. Es un tema de salud pública”, enfatiza Prida. Bolivia, Brasil y Paraguay no tienen el mismo estatus sanitario que Argentina. El ingreso masivo de huevos sin control puede derivar en la propagación de enfermedades zoonóticas y otros riesgos sanitarios.
“Entran también pollo, cerdo, asado, cerveza, bebidas alcohólicas, electrodomésticos. Es contrabando puro. Pero con los alimentos el riesgo es mayor, porque se consume directo. Nadie puede garantizar cómo se produjo ese huevo ni bajo qué condiciones”, alerta.
Para Prida, el Estado está dejando sola a la producción nacional. “El pequeño productor no tiene margen para sostenerse si le tiran abajo los precios con mercadería ilegal. Y el consumidor, en general, no mira etiquetas. Compra lo más barato. Y así la rueda se rompe del lado más débil”, explica.
Desde Capia insisten en que no se necesita inteligencia sofisticada para frenar esto. “Los camiones no entran escondidos. Circulan por rutas conocidas. Descargan en depósitos que todos conocen. Esto se puede frenar si hay decisión política. Pero hace falta voluntad y coordinación entre fuerzas federales, provincias y organismos como Senasa y Aduana”, afirma el presidente de la Cámara.
Además, proponen implementar campañas informativas para advertir a los consumidores sobre el origen de los productos que compran. “La gente debe saber qué implica consumir huevos de contrabando. No son más baratos porque sí: no pagan impuestos, no cumplen normas sanitarias, y están destruyendo a nuestros productores”, enfatiza Prida.
El ingreso masivo de huevos ilegales también afecta el empleo local. Las granjas, en su mayoría familiares, dan trabajo directo e indirecto a miles de personas. “Cada cajón ilegal que entra es plata que no queda en el pueblo, es empleo que se pierde. Si no se actúa, en poco tiempo habrá granjas cerradas y más pobreza”, advierten desde la entidad.
Además, está en juego la soberanía alimentaria. “Hoy son huevos, pero mañana puede ser leche, pan o carne. Si no defendemos la producción nacional, estamos entregando nuestra seguridad alimentaria”, concluye Prida.
