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Por Agroempresario.com
A través de la Resolución 4/2025, publicada recientemente en el Boletín Oficial, el Gobierno argentino prohibió la pesca dirigida al calamar Illex argentinus en una zona clave del Mar Argentino. Esta medida apunta a proteger las actuales concentraciones de ejemplares reproductores y a garantizar la sustentabilidad de la campaña extractiva de 2026. También pone en el centro del debate a la pesca ilegal, que amenaza los recursos marinos de la región desde hace años.
La decisión se aplica específicamente en la Zona Común de Pesca, una franja ubicada en el límite exterior de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), conocida como la “Milla 201”. Allí se concentra una gran cantidad de embarcaciones extranjeras que operan al borde de la legalidad, provocando un deterioro grave del ecosistema marino.
El Illex argentinus es una especie fundamental tanto desde el punto de vista biológico como económico. Se trata de una de las pesquerías más importantes del país, ya que su captura representa una fuente significativa de exportaciones y empleo para el sector. Además, es una pieza clave en la cadena trófica del Atlántico Sudoccidental, siendo alimento de especies mayores como merluza, pez espada y distintas aves y mamíferos marinos.
Según datos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), en los últimos diez años las capturas anuales de esta especie han variado ampliamente: de 100.000 toneladas en 2016 hasta un pico de 900.000 toneladas en 2015, cuando superó incluso al calamar gigante peruano como el cefalópodo más capturado del mundo.
La pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR) es una amenaza persistente. En los períodos de mayor concentración de calamar —entre noviembre y mayo, conocida como “zafra”— la presión de flotas extranjeras se intensifica en la Milla 201. La nueva resolución intenta frenar esta depredación que no solo agota los recursos, sino que también genera competencia desleal para la industria pesquera nacional.
La prohibición se basa en informes técnicos de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, y advierte que cualquier violación a la norma será considerada un “incumplimiento grave”. El documento fue firmado por el embajador Luis Eugenio Bellando, representante argentino, y el capitán de navío uruguayo Zapicán José Bonino.
En paralelo con esta resolución, el Gobierno avanza con herramientas tecnológicas para mejorar el monitoreo de las aguas nacionales. Desde fines del año pasado, se implementó un sistema de seguimiento por Inteligencia Artificial, desarrollado en la Universidad Internacional de Florida (FIU), que cruza información del Sistema de Identificación Automática (AIS) con otras fuentes satelitales para detectar en tiempo real las actividades sospechosas de las flotas que operan cerca de la ZEE.
El Comando Conjunto Marítimo, creado en 2021, lidera estas tareas con participación central de la Armada Argentina y apoyo de la Fuerza Aérea Argentina. Su función es garantizar el cumplimiento de la legislación vigente y proteger los recursos naturales ante posibles incursiones ilegales.
Este organismo trabaja en coordinación con otras dependencias del Estado, como la Subsecretaría de Pesca, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad, la CONAE, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Poder Judicial, generando una red interinstitucional que fortalece la vigilancia y control de las actividades marítimas.
Durante la presentación de este sistema, el ministro de Defensa Luis Petri remarcó la importancia de “rediscutir las normas internacionales” en materia pesquera, para frenar la depredación y proteger los ecosistemas marinos y los intereses de los países costeros. Esta declaración resume la necesidad urgente de enfrentar el problema desde un enfoque regional e incluso global.
La resolución 4/2025 se apoya en el marco jurídico del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, particularmente en sus artículos 80 y 82 inciso d), que establecen la administración compartida de los recursos pesqueros en las aguas adyacentes entre Argentina y Uruguay.
Esta decisión no solo representa una medida preventiva para preservar el calamar Illex, sino también un mensaje político de soberanía y compromiso con el manejo sustentable de los recursos pesqueros, en un momento en que la presión internacional por recursos marítimos crece año tras año.
