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Por Agroempresario.com
En un contexto político y económico donde la reforma fiscal vuelve a ser el eje de intensos debates legislativos, un nuevo informe firmado por Kevin Hassett, exdirector del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca durante la administración de Donald Trump, ha reactivado la discusión sobre el impacto real de los recortes de impuestos corporativos. El documento sostiene que las rebajas fiscales impulsadas en 2017 generaron efectos más positivos de lo estimado previamente sobre la inversión privada.
El estudio, presentado ante el Buró Nacional de Investigación Económica y coescrito por los economistas Jonathan Hartley y Joshua Rauh del Instituto Hoover de la Universidad de Stanford, sostiene que los incentivos fiscales a las empresas tienen un efecto directo y significativo en el aumento de las inversiones en equipos, infraestructura y propiedad intelectual.
La investigación llega en un momento crucial: el Senado de Estados Unidos está revisando una nueva versión del proyecto de ley fiscal impulsado por los republicanos, que busca reducir impuestos tanto para individuos como para empresas. La versión ya aprobada por la Cámara de Representantes incluye recortes que totalizan billones de dólares, pero también reduce algunos incentivos corporativos establecidos en la ley de 2017. El Senado, por su parte, evalúa introducir medidas que fomenten la inversión empresarial, como el "gasto total inmediato".
Según Hassett, la ley tributaria de 2017 funcionó como un “experimento natural” que permite observar cómo responden las empresas ante variaciones en el costo del capital. El estudio revela que por cada punto porcentual de disminución en el costo de uso del capital, la inversión aumentó hasta un 3%. Esta elasticidad de respuesta, que supera las estimaciones anteriores, se convierte en uno de los principales argumentos para impulsar nuevamente este tipo de incentivos.
“El informe muestra que las disposiciones empresariales son las que más fomentan el crecimiento económico”, explicó Jonathan Hartley. “Es una batalla enorme en este momento en el Senado, y estos datos pueden inclinar la balanza”.
No obstante, el informe no ha estado exento de cuestionamientos. Alan J. Auerbach, economista de la Universidad de California en Berkeley y colaborador frecuente de Hassett, sostuvo que el análisis tiene limitaciones. “El informe no puede determinar si la inversión total aumentó o si sólo se redistribuye entre sectores con mejores beneficios fiscales”, explicó.
Auerbach también criticó el poco énfasis del actual proyecto de ley en políticas de incentivo al crecimiento económico, al señalar que la proporción destinada a este tipo de medidas es mínima frente al total de USD 2,4 billones que contempla la legislación.
Las implicancias macroeconómicas del nuevo paquete legislativo han sido objeto de análisis por parte de expertos de diferentes corrientes ideológicas. Ernie Tedeschi, del Laboratorio de Presupuestos de Yale y ex asesor del presidente Joe Biden, advirtió que financiar recortes fiscales mediante déficit podría incrementar las tasas de interés, encarecer el crédito e incluso frenar la inversión a mediano plazo.
Desde una perspectiva más crítica, Gabriel Chodorow-Reich, economista de la Universidad de Harvard, puso en duda la novedad de los hallazgos del informe de Hassett. “No aportan un impacto significativamente mayor al de estudios anteriores”, comentó. A su vez, advirtió que los beneficios fiscales a las empresas tienden a favorecer de manera desproporcionada a los sectores más ricos, lo que podría profundizar la desigualdad y el déficit presupuestario del país.
Kyle Pomerleau, del American Enterprise Institute, coincidió parcialmente con los hallazgos, aunque también alertó sobre posibles errores metodológicos en la interpretación de los datos.
Este nuevo impulso al debate fiscal ocurre en un clima de intensa polarización en el Congreso. Mientras los republicanos buscan capitalizar políticamente con medidas que alivien la presión tributaria sobre hogares y empresas, los demócratas denuncian recortes agresivos en programas como Medicaid y señalan el alto costo de la propuesta, que podría superar los USD 5 billones al considerar extensiones futuras y pagos de intereses.
La administración Trump, según fuentes cercanas, está interesada en reforzar los beneficios a las empresas para estimular un nuevo ciclo de inversión privada, en especial frente al débil crecimiento observado en algunos sectores industriales.
El informe de Hassett pone nuevamente en primer plano una cuestión fundamental: ¿hasta qué punto las políticas de rebaja fiscal contribuyen al desarrollo económico sostenido? Aunque existe un consenso emergente en la comunidad económica sobre la capacidad de los incentivos para movilizar capital, los efectos a largo plazo siguen siendo motivo de disputa.
Según Chodorow-Reich, “no se trata de una política infalible”, sino de una herramienta válida que debe ser evaluada con rigor. “Lo que los legisladores deben hacer es sopesar los beneficios y los costos. Y tener un consenso emergente sobre los beneficios es útil”.
En última instancia, el rumbo de la legislación tributaria estadounidense dependerá tanto de los datos técnicos como de los equilibrios políticos. Con el Senado como epicentro del debate y múltiples intereses en juego, la resolución del conflicto fiscal marcará la orientación económica de los próximos años.
