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Por Agroempresario.com
La Secretaría de Ambiente de la provincia de Salta ha convocado a dos audiencias públicas para debatir la habilitación de casi 14 mil hectáreas de monte destinadas a la implementación de manejos silvopastoriles. Esta práctica busca compatibilizar la producción ganadera con la conservación del bosque nativo, permitiendo el desarrollo económico sin recurrir al desmonte masivo.
Ambos proyectos fueron presentados antes de la promulgación del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) provincial en enero de este año, por lo que serán evaluados bajo el marco legal y cartográfico del antiguo mapa de 2009. En esa clasificación, las áreas están categorizadas en zonas rojas (prohibido desmontar), amarillas (permitido con restricciones) y verdes (donde se permite el desmonte total).
El manejo silvopastoril es una técnica que permite la producción ganadera bajo la cobertura del monte nativo. A través del uso de herramientas como el rolado —un sistema que aplana el sotobosque para favorecer el crecimiento de pasturas sin eliminar los árboles—, se puede desarrollar una actividad productiva sustentable si se realiza con controles adecuados.
Desde la Secretaría de Ambiente señalaron que este sistema está permitido en zonas amarillas y que los proyectos presentados en la Finca El Tigre (departamento Orán) y en la Finca Dragones (departamento San Martín) respetan esos parámetros.
El primero de los proyectos propone la intervención de 6.955 hectáreas para uso productivo y la conservación de 2.222 hectáreas como reserva ambiental. La audiencia correspondiente será el 11 de julio en el local de K & M, en la intersección de las rutas provinciales 5 y 13.
El segundo, en la Finca Dragones, prevé la utilización de 6.562 hectáreas y la conservación de 2.684. Su audiencia pública se celebrará el 17 de julio en la Asociación Chehen Nueva Generación, en Fortín Dragones.
Ambos expedientes fueron iniciados antes de la entrada en vigor del nuevo OTBN, por lo que su análisis se basa en la normativa y el mapa anterior. No obstante, la Secretaría de Ambiente aclaró que se están incorporando criterios del nuevo ordenamiento, especialmente en relación con las cuencas hídricas, dado que la conservación del recurso agua es prioritaria.
"Estamos revisando cuenca por cuenca para recalcular las superficies permitidas para transformación, ya que algunos desmontes autorizados anteriormente no se ejecutaron y deben evaluarse a la luz de los nuevos criterios", señalaron desde el organismo provincial.
Uno de los puntos críticos que plantea este tipo de proyectos es la necesidad de monitoreos constantes para garantizar que el silvopastorilismo se realice de manera sostenible y sin afectar la regeneración natural del bosque. Sin embargo, el contexto actual no es alentador: los recortes presupuestarios a nivel nacional también impactan en la aplicación de la Ley de Bosques Nativos.
Fuentes provinciales señalaron que la Nación adeuda la mitad de los fondos de conservación esperados para 2024 y que la burocracia complica aún más la posibilidad de ejecutar los presupuestos dentro del año fiscal. La normativa establece que si los fondos no se utilizan durante el año de su asignación, se pierden.
Salta estima recibir alrededor de mil millones de pesos por proyectos forestales, de los cuales 300 millones estarían destinados al fortalecimiento institucional, es decir, a acciones como los monitoreos, capacitaciones y fiscalización. Sin embargo, aún no hay certezas de que esos fondos estén disponibles.
La implementación del manejo silvopastoril en zonas amarillas representa una posible vía intermedia entre conservación y producción, especialmente en un contexto donde la presión por ampliar la frontera agropecuaria choca con la urgencia de preservar los ecosistemas nativos.
Para que funcione, no basta con la buena voluntad de los productores o el diseño técnico de los proyectos: se requiere una presencia activa del Estado, recursos para controles eficientes y una sociedad informada que pueda participar en las audiencias públicas con argumentos y datos.
El desafío está en lograr un equilibrio que no repita errores del pasado, cuando el silvopastorilismo mal implementado derivó en pérdida de biodiversidad, degradación de suelos y desmontes encubiertos.
En este contexto, las dos audiencias públicas que se celebrarán en julio no son meros trámites burocráticos: representan una oportunidad clave para discutir el rumbo del uso del territorio en el norte argentino, en un escenario cada vez más condicionado por las crisis climáticas, económicas y sociales.
