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Por Agroempresario.com
El Estado de Nueva York ha puesto en marcha una de las legislaciones más estrictas de Estados Unidos en materia ambiental para controlar el uso de fertilizantes en jardines residenciales y propiedades comerciales. Con sanciones que pueden alcanzar los USD 1.000, la normativa tiene como objetivo mitigar el impacto del fósforo en los ecosistemas acuáticos, un contaminante clave que favorece la proliferación de algas, reduce el oxígeno y amenaza la calidad del agua potable.
La norma, conocida como “ley de los 20 pies”, restringe la aplicación de fertilizantes a menos de seis metros de ríos, lagos o arroyos, salvo que exista una barrera natural o se utilicen dispositivos especiales de aplicación que impidan el escurrimiento hacia el agua. Además, prohíbe su uso entre el 1 de diciembre y el 1 de abril, un período crítico en el que el deshielo arrastra nutrientes hacia fuentes hídricas.
La medida más destacada es la prohibición de fertilizantes que contengan fósforo, salvo en dos excepciones: si se está estableciendo un nuevo césped o si se presenta un análisis de suelo que indique deficiencia de ese nutriente. Para facilitar su identificación, se exige que los consumidores busquen productos con el “cero” en la etiqueta, refiriéndose al segundo número de la fórmula N-P-K, que representa el contenido de fósforo.
La campaña estatal “Look for the Zero” refuerza esta idea al fomentar el uso de fertilizantes con cero fósforo, que no solo cumplen la ley sino que también ayudan a prevenir la eutrofización de cuerpos de agua. Esta contaminación causa floraciones de algas que consumen oxígeno, matan peces y afectan la vida acuática.
La ley contempla un régimen de sanciones progresivo para desalentar el incumplimiento. En el caso de los propietarios residenciales, una primera infracción conlleva una advertencia escrita acompañada de material educativo. Las reincidencias pueden derivar en multas de hasta USD 250. Para profesionales del sector, como paisajistas, viveristas y distribuidores, las multas pueden escalar hasta los USD 1.000 en caso de violaciones reiteradas.
En los comercios, los fertilizantes que contengan más del 0.67% de fósforo deben estar claramente señalizados y exhibidos por separado, lo cual facilita su fiscalización y evita compras involuntarias que contravengan la ley.
La normativa también se extiende a otros productos, como los detergentes con fósforo para lavavajillas, que están prohibidos tanto para uso doméstico como comercial. Asimismo, los productos “weed and feed” —una combinación de fertilizante y herbicida— deben cumplir con los límites legales de fósforo o serán considerados ilegales.
Este enfoque integral refleja un esfuerzo coordinado para reducir la carga de nutrientes que terminan en arroyos, lagunas y acuíferos. En lugares como Long Island, donde el impacto del escurrimiento químico ya ha deteriorado la calidad del agua subterránea, se han sumado leyes más estrictas a nivel condal en Suffolk y Nassau.
La ley fomenta una gestión responsable del suelo. Por ello, recomienda a los ciudadanos realizar análisis previos antes de aplicar cualquier fertilizante. Los estudios pueden realizarse en oficinas de la Cornell Cooperative Extension, en laboratorios privados o mediante kits caseros. Aunque estos últimos son menos precisos, permiten una aproximación inicial. El costo estimado de los análisis es de entre USD 10 y USD 20, una inversión mínima frente a los riesgos ambientales y las posibles multas.
Estos datos son cruciales para evitar aplicaciones innecesarias y contribuir a una gestión racional del suelo, en línea con prácticas agrícolas sustentables y el mantenimiento de jardines residenciales ecológicamente responsables.
Con esta legislación, Nueva York se posiciona como líder en regulación ambiental urbana, aportando un ejemplo que otros estados podrían seguir para proteger sus propios recursos hídricos. El desafío del fósforo en la agricultura y el paisajismo urbano no es exclusivo de esta región: afecta a muchas otras zonas con climas similares y problemas de escurrimiento hacia cuerpos de agua dulce.
La ley también marca una oportunidad para fabricantes, comerciantes y profesionales del sector de adaptarse a la demanda creciente de productos más amigables con el ambiente y de capacitarse en prácticas que conjuguen eficiencia, estética y sostenibilidad.
