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Por Agroempresario.com
En un contexto de tensión fiscal creciente y una economía en transición, los gobernadores provinciales han decidido jugar un rol más protagónico en la política nacional. Lo hicieron con una señal clara: se constituyen como un polo de poder que, sin necesidad de formar una alianza política formal, puede incidir directamente en las decisiones del Congreso de la Nación. El reclamo común por la caída en la coparticipación y la eliminación de fondos fiduciarios marcó un punto de inflexión en el vínculo con la Casa Rosada.
La reciente reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) sirvió de escenario para esta articulación inédita. Allí, jefes provinciales de distintas fuerzas políticas—algunos cercanos a Javier Milei, otros francamente opositores—coincidieron en un pedido fiscal con forma de proyecto legislativo: terminar con los fondos fiduciarios financiados con el impuesto a los combustibles líquidos y redirigir ese ingreso a las provincias; además de exigir que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se repartan según criterios de coparticipación federal y no de manera discrecional.
El mensaje fue doble: hacia la administración de Javier Milei, una advertencia sutil pero efectiva sobre los límites de su estrategia de ajuste unilateral; y hacia el Congreso, un llamado de atención sobre la creciente centralidad de las provincias en la negociación legislativa. En otras palabras, los gobernadores no son un bloque, pero sí un factor de poder que ningún actor político puede ignorar.
La clave del movimiento fue la moderación discursiva. En lugar de confrontar abiertamente con el Poder Ejecutivo, los gobernadores hablaron de reordenamiento fiscal, no de mayor gasto público. "No afecta la sustentabilidad de las finanzas públicas nacionales", se lee en el texto conjunto que impulsan en el Congreso. El tono fue cuidadoso, casi técnico, pero el contenido tiene un fuerte impacto político y económico.
En los pasillos del CFI se repartió un informe con estimaciones de caída en las transferencias automáticas a las provincias. El documento, elaborado por técnicos de confianza de los gobernadores, indica una baja del 4,2% proyectada para 2024-2025. Aunque el Gobierno nacional puede discutir los números, el efecto simbólico es incuestionable. La circulación del informe entre aliados, dialoguistas y opositores duros no fue casual: buscó reforzar la narrativa de desfinanciamiento.
La unificación de criterios sorprendió incluso a los observadores más experimentados. Participaron del encuentro figuras tan diversas como Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Jorge Macri (CABA), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones), Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Alberto Weretilneck (Río Negro). A pesar de las diferencias ideológicas, compartieron un diagnóstico: el modelo actual de distribución de fondos no es sostenible.
Desde el oficialismo, las reacciones fueron cautelosas. Guillermo Francos, ministro del Interior, mantuvo canales de diálogo abiertos con varios gobernadores, mientras el equipo económico tomó nota de los reclamos sin emitir juicios públicos. La estrategia del Gobierno nacional parece ser ganar tiempo mientras evalúa el impacto político de ceder o resistir. Algunos sectores libertarios, sin embargo, insisten en que las provincias deben "profundizar el ajuste", lo que tensa aún más la relación.
Este frente provincial aparece en un momento clave: el Congreso debe resolver temas urgentes como el nuevo esquema jubilatorio y los fondos para discapacidad, dos iniciativas ya aprobadas en Diputados que esperan tratamiento en el Senado. Milei ha anunciado que vetará ambas leyes si avanzan, reforzando su narrativa de austeridad. Pero el veto presidencial no elimina el conflicto: obliga a una segunda ronda de negociaciones con las mismas fuerzas que lo desafiaron en primera instancia.
El ejemplo más reciente de esta dinámica ocurrió en la votación sobre jubilaciones. Allí, diputados que responden a gobernadores dialoguistas acompañaron el proyecto opositor. El resultado fue leído como una señal de advertencia: los mandatarios provinciales pueden condicionar la agenda legislativa más allá de su cercanía con Olivos.
En este contexto, los gobernadores que buscan acuerdos con el Gobierno también expresan su frustración. La falta de cumplimiento de compromisos, sobre todo en lo relacionado con obras viales, genera desconfianza. Algunas provincias esperaban reactivación de rutas nacionales y transferencias específicas que aún no se concretaron. El silencio o la dilación alimentan el malestar.
Por su parte, Javier Milei continúa transitando su segundo año de gobierno sin una ley de Presupuesto, lo que debilita aún más su capacidad de controlar el rumbo económico sin negociar. En este punto, los gobernadores se erigen como actores inevitables: son quienes pueden facilitar o trabar el avance legislativo del oficialismo.
En suma, el bloque de gobernadores no constituye una alianza política formal, pero sí una coalición coyuntural con capacidad de impacto. La agenda compartida gira en torno a tres ejes: distribución de fondos, autonomía provincial y equilibrio institucional. La narrativa de "gobierno federal" recupera fuerza frente a la centralización fiscal de los últimos años.
La posibilidad de convertir este entendimiento en una herramienta estable dependerá de varios factores: el calendario electoral, la actitud del oficialismo, y la respuesta ciudadana a los reclamos provinciales. Por ahora, el movimiento parece haber cumplido su primer objetivo: instalar una agenda propia y condicionar el ritmo legislativo.
En definitiva, la señal fue clara: los gobernadores no están dispuestos a quedarse al margen del debate fiscal y político. En un escenario fragmentado, su poder territorial y su peso en el Congreso pueden redefinir la gobernabilidad en los próximos meses. El desafío es sostener esa unidad sin que se disuelva en la lógica partidaria.
