Soja: ROSARIO
$315.000 0.00%
Maíz: ROSARIO
$204.000 0.49%
Trigo: ROSARIO
$241.500 0.63%
Por Agroempresario.com
En un movimiento clave para modernizar el marco normativo del sector agropecuario argentino, el Gobierno nacional derogó una extensa batería de resoluciones y disposiciones que regulan, desde hace décadas, diversas actividades dentro de la industria ganadera y la pesca. La medida fue oficializada este jueves a través de la publicación de la Resolución 119/2025 en el Boletín Oficial, firmada por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta.
Según detallaron desde la cartera agropecuaria, se trata de más de 30 normativas aprobadas entre 1967 y 2011, muchas de ellas impulsadas por organismos ya disueltos como la Junta Nacional de Carnes (disuelta en 1991), la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (eliminada en 2012) y la anterior versión de la Secretaría, modificada en 2024.
La decisión, según explicaron, se fundamenta en un trabajo de análisis técnico desarrollado por la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, que concluyó que estas regulaciones estaban desactualizadas, sin aplicación real y desconectadas del escenario productivo actual. "La normativa vigente debía ser depurada para consolidar un marco jurídico coherente, simple y eficaz", afirmaron las autoridades.
Las resoluciones derogadas abarcan normas que se aplicaban en temas diversos: romaneos de faena, clasificación de carnes, funcionamiento de plantas faenadoras, almacenamiento de productos, actividad de consignatarios, control de martilleros, y otros aspectos vinculados a la trazabilidad comercial y sanitaria del sector cárnico.
Entre las más antiguas figura la Resolución 88/1967 sobre criadores e invernadores, junto con otras como la 378/1972 sobre contabilidad de hacienda, la 132/1974 sobre normas de contralor del comercio cárnico y la emblemática 3.005/1977, que establecía los requisitos para martilleros y rematadores.
La lista incluye también regulaciones vinculadas a la calidad comercial del algodón (Resolución 159/1990), almacenamiento de manzanilla (120/1990), y normas de faena en porcinos y bovinos. Todas esas disposiciones, indicaron desde el Gobierno, fueron dictadas en un contexto “institucional y productivo totalmente distinto al actual”.
Uno de los argumentos clave que impulsaron esta decisión es que las normas fueron emitidas por organismos que ya no existen, lo cual representa un vacío legal e institucional. La Junta Nacional de Carnes, por ejemplo, dejó de funcionar hace más de tres décadas, y muchas de sus funciones fueron absorbidas o redistribuidas entre distintos organismos nacionales y provinciales.
Lo mismo sucedió con la ONCCA, eliminada en 2012, cuyas disposiciones también quedaron fuera del marco operativo actual. Incluso algunas de las normas derogadas mencionan direcciones de correo electrónico institucionales ya inexistentes, como en la Resolución 2.158/2006.
“Estas regulaciones resultaban inaplicables en la actualidad y solo contribuían a la dispersión normativa y a la confusión entre operadores y organismos fiscalizadores”, explicó un funcionario de la Secretaría.
Desde la Secretaría de Agricultura destacaron que esta medida apunta a unificar y actualizar el marco regulatorio, facilitando el accionar de productores, consignatarios, frigoríficos y faenadores. Además, se busca dotar al Estado de herramientas más ágiles y eficaces de fiscalización, en sintonía con las necesidades de un comercio agropecuario moderno, trazable y competitivo.
“La derogación de estas normas constituye un paso más hacia la consolidación de un sistema agrocomercial previsible, transparente y adaptado al siglo XXI”, afirmaron desde la Secretaría.
La medida fue bien recibida por algunos sectores productivos, que desde hace tiempo reclaman una simplificación normativa que acompañe la innovación tecnológica y la modernización productiva en la ganadería, la pesca y la agroindustria.
Aunque no se trata de nuevas regulaciones, sino de la eliminación de normas obsoletas, la decisión tiene impacto directo en el entramado legal que rige las actividades agropecuarias. El principal efecto será la clarificación de responsabilidades y requisitos, al dejar sin efecto normativas que muchas veces generaban superposiciones o interpretaciones contradictorias.
La industria ganadera, en particular, se beneficiará al eliminar resoluciones que imponían prácticas hoy discontinuadas, mientras que en el sector de la pesca y faena, las disposiciones derogadas permitirán ajustar las reglamentaciones a estándares modernos de sanidad, exportación y trazabilidad.
Desde el Gobierno anticiparon que esta depuración normativa no será la última. Ya está en marcha un segundo relevamiento de normativas de más de 10 años de antigüedad, con el objetivo de seguir eliminando regulaciones innecesarias o contradictorias.
“Esta decisión no implica desregular, sino ordenar y actualizar”, aclararon fuentes del Ministerio. El siguiente paso será avanzar en la creación de nuevas resoluciones adaptadas a la realidad productiva, que contemplen los avances tecnológicos, la dinámica del comercio internacional y los estándares sanitarios requeridos por los mercados más exigentes.
En ese sentido, se espera que en los próximos meses se presenten nuevos lineamientos para faenadores, frigoríficos, productores de carne y operadores de pesca, que incluyan plataformas digitales para el seguimiento de documentación y herramientas de control remoto, alineadas con las políticas de modernización del Estado.
