Soja: ROSARIO
$321.000 0.00%
Maíz: ROSARIO
$202.100 0.30%
Trigo: ROSARIO
$238.600 1.10%
Por Agroempresario.com
El reciente decreto 439/2025 oficializó la eliminación de la reducción en las retenciones a la soja, maíz, girasol y sorgo, generando un fuerte impacto en el sector agropecuario argentino. Con la vuelta a las alícuotas anteriores al 27 de enero de 2025, el impuesto sobre la soja sube del 26% al 33%, mientras que el maíz y el sorgo aumenta del 9,5% al 12%, y el girasol del 5,5% al 7%. Esta medida se toma en un contexto de precios internacionales bajos, costos internos crecientes y una secuela de sequías que dificultan aún más la producción agrícola nacional.
El incremento de las retenciones, lejos de ser una sorpresa, profundiza la crisis que atraviesan los productores, una “especie en extinción” según datos del último censo agropecuario, que revela la pérdida de 83.870 explotaciones desde 2002. La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) proyecta que el pago de impuestos absorberá más del 67% del resultado neto promedio por hectárea, alcanzando hasta un 70% para la soja.
En este escenario, es difícil entender cómo un gobierno con discurso liberal reproduce un esquema tributario que ha demostrado ser perjudicial para la producción y el desarrollo rural argentino. La persistencia en mantener y aumentar estas retenciones muestra la desconexión entre las políticas oficiales y la realidad del campo, que sigue siendo considerado solo como una fuente de recursos fiscales.
Desde hace años, las retenciones a las exportaciones de granos han sido una constante en la política económica argentina. No importa el color político de los gobiernos, la carga impositiva sobre la producción agropecuaria nunca desaparece definitivamente. Esta dinámica ha llevado a un fenómeno de abandono gradual de las explotaciones rurales, con productores que cierran sus campos ante la imposibilidad de sostener la actividad bajo semejante presión fiscal.
“La fiesta siempre la pagan los productores agropecuarios”, lamenta un referente del sector, aludiendo a la sensación de saqueo constante que sienten los que trabajan la tierra. “Es un error político tras otro, que termina afectando a todo el interior productivo del país, donde viven familias que también dependen del campo y que, muchas veces, votan buscando un cambio”.
Además del aumento en las retenciones, los productores deben enfrentar otros factores adversos: precios internacionales de commodities en niveles históricamente bajos, costos internos de producción en ascenso debido a la inflación y ajustes macroeconómicos, y un pronóstico climático poco alentador. A esto se suma la aún vigente secuela de sequías que afecta a vastas regiones productivas.
Estos elementos configuran un panorama de alta incertidumbre y riesgo, que complica la rentabilidad de los cultivos más importantes como soja, maíz, girasol y sorgo. “La suma de estas dificultades impacta directamente en la posibilidad de sostener la producción y el empleo en el campo”, advierten desde diversas organizaciones agropecuarias.
El gobierno de Javier Milei, que llegó al poder con un discurso de corte liberal y promesas de eliminar las retenciones, ahora retrocede y mantiene un esquema impositivo que castiga al sector. Esta contradicción ha generado desconfianza y frustración en los productores, que observan cómo las expectativas se desvanecen rápidamente.
Paralelamente, el escenario político nacional sigue en ebullición, con imágenes de ex autoridades condenadas y dirigencias opositoras buscando alianzas circunstanciales para conservar sus espacios de poder. Sin embargo, poco o nada se escucha en defensa concreta del campo, que sigue siendo la “especie en extinción” frente a la voracidad fiscal.
El campo no solo produce alimentos y divisas, sino que es el motor económico y social de muchas comunidades rurales y ciudades del interior. El aumento de retenciones afecta directamente a estas regiones, poniendo en riesgo la sustentabilidad de miles de familias y empresas vinculadas al agro.
“Cuando el productor pierde rentabilidad, todo el entramado productivo regional sufre”, explica un dirigente rural. “Se afecta la generación de empleo, la compra de insumos, servicios y el desarrollo local. Por eso, este impuesto no solo castiga al campo, sino a todo el interior productivo”.
En este contexto, el sector agropecuario espera que se cumpla la promesa de campaña de eliminar definitivamente las retenciones. Sin embargo, la experiencia reciente muestra que estas expectativas deben manejarse con cautela, dado que las urgencias fiscales suelen imponerse sobre las promesas electorales.
El camino hacia una política tributaria sustentable para el campo requiere de diálogo, planificación y visión de largo plazo, aspectos que parecen ausentes en la actual coyuntura. Los productores reclaman políticas que incentiven la inversión, la innovación y la producción responsable, en lugar de seguir siendo tratados como una fuente inagotable de recaudación.
La historia reciente demuestra que castigar al campo con impuestos elevados no solo afecta a los productores, sino que pone en riesgo el desarrollo económico del país. En un momento donde la Argentina necesita aumentar sus exportaciones para mejorar su balanza comercial, subir las retenciones resulta una decisión contraproducente.
Como bien señalaba Cicerón, retomado por los productores en un cuestionamiento al presidente Milei: “¿Hasta cuándo abusarás de nuestra paciencia?” La respuesta está en manos de la política, que debe elegir entre seguir con políticas fiscales cortoplacistas o apostar a un campo fuerte, productivo y sustentable, clave para el futuro de Argentina.
