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Por Agroempresario.com
En el corazón de la Puna salteña, una de las regiones más prometedoras para la minería argentina, el Gobierno de Salta convocó oficialmente a una audiencia pública para analizar el impacto ambiental del proyecto de litio que la multinacional Río Tinto desarrollará en el Salar de Rincón. Esta iniciativa, valuada en 2.500 millones de dólares, es la primera admitida dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) recientemente sancionado a nivel nacional, y busca instalar una planta de producción de carbonato de litio de gran escala, destinada principalmente a la exportación.
La convocatoria fue realizada por la Secretaría de Minería y Energía provincial, que informó que tanto las comunidades originarias de la zona como el público general podrán acceder al Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) presentado por la empresa, y expresar sus opiniones en el marco de un proceso abierto y participativo. El encuentro se desarrollará en San Antonio de los Cobres, cabecera del departamento de Los Andes, a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar.
El proyecto de Río Tinto, una de las compañías mineras más importantes del mundo, representa una apuesta clave para la política nacional de atracción de inversiones extranjeras. En efecto, se convirtió en el primer emprendimiento en ingresar al RIGI, el nuevo régimen que otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios a empresas que desembolsen más de 200 millones de dólares en sectores estratégicos como minería, energía e infraestructura.
La iniciativa prevé el desarrollo de una planta capaz de producir hasta 50.000 toneladas anuales de carbonato de litio, mineral esencial para baterías de vehículos eléctricos y dispositivos tecnológicos. El producto estará destinado principalmente a Asia, Europa y Norteamérica, contribuyendo a posicionar a Argentina como uno de los principales actores en la transición energética global.
El Estudio de Impacto Ambiental y Social entregado por la empresa detalla aspectos geológicos del Salar de Rincón, el volumen de reservas estimadas y los métodos extractivos que se utilizarán. También incluye planes para la reducción de emisiones, el manejo de residuos, la protección de acuíferos y medidas de cierre y remediación post-explotación.
La audiencia pública fue convocada como parte de los procedimientos previstos en la normativa ambiental y minera, y se inscribe dentro del derecho a la consulta libre, previa e informada garantizado por la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT. En ella podrán participar representantes de comunidades indígenas, funcionarios, técnicos independientes y ciudadanos interesados, quienes tendrán oportunidad de realizar observaciones, objeciones o sugerencias.
Aunque el resultado del encuentro no es vinculante, sí será considerado por la autoridad ambiental para definir la viabilidad final del proyecto.
La instalación de la planta de litio de Río Tinto transformará la dinámica productiva de la región. Según estimaciones oficiales y de la propia empresa, el proyecto generará empleo directo e indirecto, dinamizará las economías locales, incentivará la construcción de infraestructura vial y eléctrica, y contribuirá al aumento de las exportaciones del país.
La inversión contempla:
Además, Río Tinto anunció que se respetarán estándares internacionales en cuanto a responsabilidad ambiental y social, y que se trabajará en articulación con las autoridades provinciales y comunidades locales para garantizar un desarrollo sustentable.
El proyecto en Salta se inscribe en un contexto de fuerte expansión del “triángulo del litio” que integran Argentina, Bolivia y Chile, región que concentra más del 60% de las reservas mundiales de este mineral estratégico. En Argentina, las provincias de Salta, Catamarca y Jujuy conforman el núcleo del desarrollo minero de litio, con múltiples proyectos en fase de exploración, construcción o producción.
Sin embargo, el crecimiento acelerado de la industria también ha generado tensiones ambientales y sociales. Diversas organizaciones plantean preocupaciones por el uso intensivo de agua en ecosistemas áridos, los impactos sobre las comunidades originarias y la necesidad de garantizar una distribución equitativa de los beneficios.
En ese marco, la convocatoria a audiencia pública representa una herramienta clave para transparentar procesos, fortalecer el control ciudadano y asegurar que los proyectos cumplan con los más altos estándares ambientales y sociales.
El caso de Río Tinto y el Salar de Rincón será observado de cerca por otras compañías del sector y por los gobiernos provinciales, ya que funcionará como prueba piloto del funcionamiento del RIGI en minería. La evaluación de impacto ambiental y el nivel de conflictividad social que despierte serán determinantes para proyectar nuevas inversiones bajo este régimen.
Desde el Gobierno de Salta, el gobernador Gustavo Sáenz expresó en diversas oportunidades su apoyo a una minería “sustentable, moderna y respetuosa del ambiente y las comunidades”, al tiempo que remarcó la importancia del litio como motor del desarrollo regional.
