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Por Agroempresario.com
En la provincia del Chaco persiste la preocupación por el desmonte ilegal, mientras continúa el secuestro de topadoras y maquinarias usadas para tal fin. Desde abril, la Nación acreditó la actualización del mapa del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), pero su implementación aún no está en vigencia. Esto genera incertidumbre en el control y la planificación ambiental, fundamentales para proteger los bosques chaqueños.
El OTBN es una herramienta clave para el Estado provincial, ya que permite organizar y supervisar las actividades que afectan los bosques nativos, especialmente frente al avance de la frontera agropecuaria y la creciente deforestación. Sin embargo, a pesar de contar con la actualización oficial, las autoridades locales y nacionales aún esperan la aplicación formal de esta normativa, lo que dificulta una gestión eficiente.
Actualmente, la Dirección de Bosques del Chaco intensifica las tareas de control para combatir los desmontes ilegales, pero la demanda supera la capacidad operativa. La provincia mantiene la prohibición del cambio de uso de suelo en las áreas protegidas mientras la situación judicial sigue sin resolverse. La justicia federal, representada por la jueza Zunilda Niremperger, se declaró incompetente para intervenir en la causa iniciada por una asociación de abogados ambientalistas de Buenos Aires, por lo que el expediente pasará a la justicia provincial tras cumplirse los plazos legales correspondientes.
Según fuentes judiciales, la magistrada Niremperger no halló delito federal en las denuncias presentadas, lo que derivó en esta situación procesal. No obstante, la medida cautelar que prohíbe el desmonte permanece vigente, evitando modificaciones en el uso del suelo hasta que haya un fallo definitivo.
La foresto industria en Chaco es un sector fundamental para la economía local y el empleo, involucrando a más de 34.000 familias en actividades industriales vinculadas a la producción maderera y forestal. La demora en la implementación del OTBN genera tensión entre la necesidad de preservar los recursos naturales y la demanda económica del sector.
En resumen, mientras Chaco lucha contra el desmonte ilegal y espera una resolución judicial, el ordenamiento territorial actualizado se mantiene en pausa, condicionando las acciones para la conservación ambiental y el desarrollo sustentable en la región.
