Por Agroempresario.com
Decenas de trabajadores del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) se reunieron el pasado viernes en la sede central de Mendoza para manifestar su preocupación por la reciente transformación institucional que afecta la estructura y funciones del organismo. La pérdida de la autarquía y el cambio de rango por el Decreto 462/2025 genera incertidumbre y alarma entre los empleados, quienes advierten que las modificaciones podrían poner en riesgo la trazabilidad, la fiscalización y la calidad de la producción vitivinícola argentina.
El INV, que históricamente ha sido el ente regulador y fiscalizador de la cadena productiva del vino, ahora funcionará como una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, lo que implica una reducción significativa en su capacidad operativa y autónoma. Esta decisión fue repudiada por el personal que entiende que podría afectar negativamente la transparencia y la confiabilidad del sector vitivinícola, uno de los más emblemáticos y estratégicos para la economía nacional.
Reestructuración y pérdida de autonomía
La sede del INV, ubicada en la esquina de avenida San Martín y Virgen del Carmen en Mendoza, fue epicentro de una protesta espontánea de empleados que decidieron romper el silencio impuesto por la Secretaría de Agricultura. Carlos Tizio, director del INV, y la propia Secretaría habían mantenido un bajo perfil respecto a los cambios, pero el descontento creció en el interior del organismo.
La principal inquietud gira en torno a la eliminación de la autarquía del INV, que ahora dependerá directamente de la Secretaría de Agricultura, lo cual, según los empleados, generará una burocratización y limitación de recursos para llevar adelante sus funciones. La “transformación” del organismo no solo afecta su jerarquía, sino que también limita sus facultades para ejercer el control y la fiscalización en toda la cadena de producción, desde el viñedo hasta la botella.
Controles limitados y pérdida de poder de policía
Marcelo González, inspector del INV y delegado gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), explicó en diálogo con medios especializados que el decreto modificó artículos claves en la normativa que regulaba la labor del instituto. En particular, destacó la derogación del artículo 30, que otorgaba al INV la facultad de “policía”, es decir, la capacidad legal para ingresar y controlar bodegas sin restricciones.
“Nos han limitado a controlar únicamente la elaboración final, que ellos definen como la botella que está en la góndola”, detalló González. “No podemos salir a las bodegas ni recorrer los viñedos, ni controlar las etapas previas de la producción como la cosecha, el tenor azucarino o los procesos de alcoholización. Esto pone en jaque la trazabilidad y la transparencia de toda la cadena productiva”.
El inspector advirtió que esta nueva normativa hará mucho más difícil detectar adulteraciones o problemas de calidad en el producto final, pues el control se reduce a una instancia tardía: cuando la botella ya está en el mercado. Según González, esto representa un riesgo sanitario para los consumidores y un retroceso en la lucha contra prácticas fraudulentas.
Una vitivinicultura en riesgo y en desregulación
Aunque el INV ha mostrado en los últimos años cierta apertura a pedidos de la industria, como la aprobación de vinos con bajo grado alcohólico o la flexibilización de algunos controles, los trabajadores consideran que esta flexibilización debe ir acompañada de una supervisión rigurosa. “Las desregulaciones no pueden ser sin control”, sentenció González.
La labor del INV ha sido fundamental para mantener la calidad, la seguridad y la reputación internacional de los vinos argentinos. Por eso, la reducción de facultades de inspección puede derivar en daños irreparables para un sector que genera miles de empleos y representa un pilar económico para provincias como Mendoza, San Juan y La Rioja.
Reestructuración de personal y preocupaciones laborales
Otro foco de preocupación de los trabajadores es la reestructuración del personal y la posible reducción de cargos jerárquicos en el instituto. Mariano Lucero, administrativo contable y delegado gremial de ATE, recordó que en las últimas dos décadas el organismo ha sufrido una disminución significativa en su dotación de empleados, pasando de 1.300 en el año 2000 a 432 actualmente, distribuidos en 12 delegaciones nacionales.
Lucero subrayó que pese a esta reducción, el INV ha demostrado ser eficiente en el cumplimiento de sus funciones, garantizando la salud pública y la seguridad alimentaria. Por eso, la propuesta de reducir aún más los cargos jerárquicos, que el instituto presentó el año pasado y fue ignorada por la Secretaría de Transformación del Estado, genera inquietud y sospechas sobre la intención de disminuir el control.
“Esta no es solo una cuestión económica sino política, ya que disminuir la fiscalización puede responder a intereses que ponen en riesgo el prestigio y la calidad del vino argentino”, concluyó.
Impacto en la industria vitivinícola y en los consumidores
La vitivinicultura es una de las actividades productivas más emblemáticas y rentables del país, con un fuerte arraigo en provincias como Mendoza, San Juan, La Rioja, Neuquén y Río Negro. La reducción en la capacidad de control y fiscalización del INV podría afectar la cadena de valor en su conjunto, desde los viñedos hasta la exportación.
Los expertos del sector advierten que sin una fiscalización adecuada, aumentaría la posibilidad de productos adulterados o de baja calidad que podrían dañar la reputación internacional del vino argentino, un mercado altamente competitivo. Asimismo, los consumidores nacionales quedarían expuestos a riesgos sanitarios que hasta ahora estaban minimizados gracias a los controles estrictos del INV.
