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Por Agroempresario.com
El gobierno de Estados Unidos emitió una fuerte advertencia a Panamá respecto al riesgo que implica permitir que empresas vinculadas al régimen chino operen puertos estratégicos en la zona del Canal de Panamá, una infraestructura vital para el comercio global y la seguridad marítima continental.
John Moolenaar, presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino (PCCh), calificó esta influencia como una “influencia maligna” de Beijing, que busca controlar terminales portuarias fundamentales para el tránsito de mercancías en América Latina y el mundo.
La advertencia de Estados Unidos surge luego de que conglomerados chinos mostraran interés en adquirir concesiones portuarias que actualmente posee CK Hutchison Holdings, firma con sede en Hong Kong. Este movimiento genera preocupación en Washington, que considera que otorgar el control a entidades estatales chinas, como China Cosco Shipping, puede poner en riesgo no solo el comercio global, sino la seguridad nacional de Panamá y de toda la región.
En una carta dirigida a Luis Roquebert, ministro de Asuntos Marítimos de Panamá, Moolenaar expresó su alarma por la “expansión maligna” del régimen de Xi Jinping en la zona estratégica del Canal. El congresista republicano destacó, además, los esfuerzos del presidente panameño José Raúl Mulino para fortalecer las relaciones con Estados Unidos y frenar la influencia china, como la reciente decisión de Panamá de salir de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.
La operación en cuestión involucra la posible venta de más de 40 terminales portuarias a nivel mundial que posee Hutchison, incluidos los puertos de Cristóbal y Balboa, claves para el tránsito marítimo en el Canal de Panamá. En marzo, Hutchison acordó una venta preliminar de estos activos a un consorcio liderado por BlackRock y Mediterranean Shipping Company (MSC), por un valor aproximado de 23.000 millones de dólares.
Sin embargo, las negociaciones aún no se concretan debido a obstáculos legales, objeciones constitucionales en Panamá y las tensiones geopolíticas entre Washington y Beijing, que amenazan con complicar la transferencia de activos.
China ha dejado claro que no permitirá la venta si su empresa Cosco no es incluida como socio con participación igualitaria. Según fuentes citadas por The Wall Street Journal, el régimen chino exige esta condición y ha bloqueado transacciones similares en el pasado, utilizando incluso mecanismos de revisión antimonopolio para proteger sus intereses estratégicos.
En Panamá, la disputa va más allá de lo comercial. La Corte Suprema está revisando la validez constitucional de la concesión otorgada a Hutchison en 1997 para operar los puertos, cuestionada también por un informe de la Contraloría General que señala pérdidas millonarias para el Estado y posibles responsabilidades penales contra exfuncionarios.
Además, el contrato original confería a Hutchison poderes exclusivos y veto sobre proyectos en áreas clave del Canal, lo que ha sido interpretado como una cesión de soberanía que vulnera principios constitucionales. La procuradora general de Panamá ha respaldado estas críticas, advirtiendo sobre la creación de un monopolio injustificado.
Estados Unidos no solo ha expresado su preocupación en el ámbito diplomático, sino que también ha reforzado su presencia militar en la región. En mayo, el secretario de Estado Marco Rubio visitó Panamá para apoyar al gobierno de Mulino en su postura de limitar la influencia china. Washington también ha realizado ejercicios militares en torno al Canal, como muestra de su compromiso con la seguridad en esta zona estratégica.
La estrategia estadounidense busca asegurar que los puertos panameños no caigan bajo el control directo o indirecto de Beijing, un factor que podría alterar el equilibrio geopolítico en América Latina y afectar las rutas comerciales que conectan Asia, América y Europa.
Frente a este complejo escenario, Panamá se encuentra en una encrucijada. Por un lado, la venta de las terminales representa una oportunidad económica significativa; por otro, la preocupación por la soberanía, la seguridad nacional y las presiones internacionales exigen un análisis cuidadoso y transparente.
La decisión final sobre la concesión dependerá tanto del fallo de la Corte Suprema como de la negociación diplomática entre Panamá, Estados Unidos y China. Mientras tanto, el país centroamericano continúa siendo un punto neurálgico en la competencia global por el control de infraestructuras estratégicas.
