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Por Agroempresario.com
La crisis de infraestructura en Argentina ya no es un problema del futuro: está ocurriendo ahora y amenaza con consecuencias económicas y sociales de gran alcance. Así lo advirtió el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, quien señaló que el país se enfrenta a un “deterioro gigantesco” que impacta directamente sobre sectores productivos, logísticos, ambientales y energéticos.
En un contexto donde el Gobierno nacional prioriza el equilibrio fiscal y la reducción del déficit, la inversión pública ha sido casi totalmente detenida. Según Weiss, esta decisión, aunque parte de un ordenamiento macroeconómico necesario, está dejando de lado obras clave que son estratégicas para el desarrollo económico y territorial del país.
“El estado de las rutas nacionales y provinciales es alarmante”, señaló Weiss. La falta de mantenimiento y la paralización de nuevos proyectos incrementan no solo el peligro para quienes transitan, sino también los costos logísticos de la producción agroindustrial y el transporte de mercancías.
“La red vial argentina —compuesta por más de 40.000 kilómetros— está colapsando en muchas zonas. Lo más visible es el asfalto deteriorado, pero lo más grave es la pérdida de capacidad logística y conectividad entre regiones productivas. Sin rutas seguras, los costos se disparan y se afecta la competitividad de las exportaciones”, explicó.
Este deterioro, afirmó el titular de Camarco, no es reciente: se trata de un problema estructural que arrastra décadas. “Cada año de retraso en el mantenimiento incrementa exponencialmente el daño. Lo que podría resolverse con reparaciones menores, más tarde exige reconstrucciones totales”, detalló.
El sistema energético no escapa a la crítica situación. “Estamos al límite de un colapso energético”, advirtió Weiss. Aunque el parque de generación eléctrica tiene aún capacidad ociosa, el verdadero problema se ubica en el sistema de transmisión y distribución, que no ha recibido inversiones suficientes en los últimos años.
“Sin nuevas líneas de transmisión y subestaciones, no se puede garantizar el abastecimiento a nuevas industrias, emprendimientos mineros o polos productivos. Ya hay casos de proyectos que quedan frenados por no tener asegurado el suministro eléctrico”, señaló el dirigente.
El freno a estos proyectos afecta directamente al desarrollo de sectores estratégicos como Vaca Muerta, el litio en el NOA o los corredores productivos del centro del país. Sin energía y sin rutas, las inversiones no llegan o se retrasan indefinidamente.
Otra área crítica es la infraestructura hídrica. Weiss destacó el caso del río Salado, cuya obra de canalización y drenaje fue detenida pese a estar cerca de finalizar. Estas iniciativas son vitales no solo para prevenir inundaciones, sino también para expandir la frontera agropecuaria y dar previsibilidad al sistema productivo.
“El abandono de estas obras no solo tiene costos económicos; también genera riesgos sociales y ambientales. Las lluvias intensas, cada vez más frecuentes por el cambio climático, exigen sistemas de escurrimiento y contención actualizados. Sin inversión, los desastres se multiplican”, afirmó Weiss.
Una de las mayores críticas de Camarco se dirige a la gestión de los fondos públicos. Aunque existen mecanismos de financiamiento previstos, como los impuestos a los combustibles —creados específicamente para obras viales e hídricas—, esos fondos no están siendo ejecutados como prevé la ley.
“Esos montos están siendo coparticipados o destinados a gastos generales. Se diluye su asignación específica y se pierde capacidad de planificación. Preferimos que el Gobierno nacional mantenga el control y garantice que cada peso recaudado vaya a la infraestructura correspondiente”, remarcó Weiss.
Además, el dirigente criticó la degradación institucional de Vialidad Nacional, que dejó de ser un ente autárquico para pasar a depender como subsecretaría del Ministerio de Transporte. “Eso limita su capacidad técnica y la coherencia en la planificación de la red vial nacional”, denunció.
La paralización de la obra pública también golpeó duramente al empleo. Entre junio de 2023 y junio de 2024, el sector perdió cerca de 120.000 puestos de trabajo, sobre una base de 550.000. La caída afecta tanto a obreros como a ingenieros, técnicos y administrativos de las constructoras.
“Hay provincias que mantienen alguna actividad, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, pero el grueso del país está parado. Incluso los proyectos financiados por organismos internacionales como el Banco Mundial o el BID, que tenían fondos asegurados, están frenados”, indicó.
Weiss planteó que no se puede esperar una recuperación del sector sin estabilidad macroeconómica. “Valoramos el orden fiscal, pero este ajuste tiene un costo altísimo para el aparato productivo. Necesitamos que la infraestructura vuelva a estar en la agenda. Si se sigue postergando, lo que hoy es un problema será mañana una crisis sistémica”, concluyó.
También explicó que la inversión privada puede complementarse en casos puntuales —como en accesos de alto tránsito a Buenos Aires o Córdoba—, pero que la mayor parte de la infraestructura nacional necesita financiamiento estatal. Sin políticas claras ni mecanismos específicos, la red productiva queda atada a una infraestructura que se desintegra.
La advertencia de la Cámara Argentina de la Construcción no es sólo una queja sectorial: es un llamado de atención sobre los límites del actual modelo de ajuste y la urgencia de reactivar las obras estratégicas que sostienen la producción, la competitividad y la calidad de vida.
Argentina necesita rutas, energía, conectividad y drenaje. No solo para crecer, sino para evitar un retroceso estructural. La inversión en infraestructura no es un lujo: es una condición básica para que el país vuelva a ponerse en movimiento.
