Por Agroempresario.com
La necesidad de un marco regulatorio moderno y eficiente para los biocombustibles se vuelve cada vez más urgente. La Liga Bioenergética, conformada por nueve provincias argentinas, entre ellas las principales productoras de bioetanol de caña de azúcar y maíz, y biodiésel de soja, busca revertir el estancamiento legislativo que pone en riesgo no solo nuevas inversiones, sino también la viabilidad de plantas ya existentes. En un contexto global que apuesta por las energías renovables, Argentina parece ir a contramano.
El reclamo se formalizó esta semana en Tucumán, en el marco de un evento encabezado por los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sadir (Jujuy), quienes representaron al "triángulo azucarero". Esta región concentra los principales ingenios azucareros del país, base clave para la producción de bioetanol. Los mandatarios hicieron un llamado claro al Gobierno nacional de Javier Milei: reactivar el diálogo y destrabar el tratamiento del nuevo proyecto de Ley de Biocombustibles.
Desde la sanción de la primera ley en 2006, que permitió el nacimiento de una industria proveedora de biocombustibles para mezclar con combustibles fósiles, la evolución fue dispar. La norma vigente, aprobada en 2021 con impulso del entonces diputado Máximo Kirchner, fue cuestionada por su sesgo favorable a las petroleras y por reducir el corte de biodiésel en gasoil del 7,5% al 5%. En el caso del bioetanol, se mantiene en 12% (6% caña y 6% maíz), pero lejos está de alcanzar niveles internacionales.
Mientras Brasil y Paraguay avanzan con mezclas de hasta 30% en naftas, la Argentina se estanca, frenando el crecimiento de una industria clave para el desarrollo sustentable y el agregado de valor en origen.
"No pedimos privilegios, pedimos condiciones claras y estables para producir", afirmó Jaldo, quien abogó por un diálogo constructivo con el Gobierno nacional: "Queremos colaborar para que a la Argentina le vaya bien, porque en esta Argentina vivimos todos". En varias ocasiones, los legisladores de estas provincias acompañaron proyectos claves del oficialismo, pero ahora demandan reciprocidad.
El proyecto consensuado por la Liga Bioenergética con actores públicos y privados espera desde hace más de un año su tratamiento en el Congreso Nacional. El único actor que aún no avaló la iniciativa es el Gobierno de Javier Milei, que pareciera mantener una visión centrada en los hidrocarburos tradicionales.
Desde el NOA, los gobernadores no ocultan su descontento. "Hemos consensuado una ley con Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Salta y Tucumán. ¿Por qué permitir que funcionarios que no conocen lo que es una caña de azúcar definan leyes que nos perjudican?", cuestionó con vehemencia Gustavo Sáenz. "Hasta aquí te acompañamos, pero no toques a los tucumanos, a los jujeños ni a los salteños", sentenció.
Carlos Sadir, gobernador jujeño, recordó que la primera versión de la Ley Bases del 2024 contenía una fórmula de precios perjudicial para el sector agroindustrial. "Eso generó una reacción contundente de todos los gobernadores", remarcó.
El enviado nacional, Federico Veller, subsecretario de Combustibles, fue el único representante del Gobierno presente. Con un tono diplomático, respondió: "Estoy aquí para dialogar, escuchar y construir". No hizo promesas, pero recibió un mensaje firme: si el Ejecutivo no accede al debate, las provincias avanzarán por vía legislativa.
Más allá del reclamo político, el eje de la discusión es estratégico. Los biocombustibles representan una alternativa concreta para ahorrar divisas, reducir la dependencia de combustibles importados y promover economías regionales. Además, generan empleo y valor agregado en zonas donde escasean otras oportunidades.
En Córdoba, por ejemplo, la industria del bioetanol de maíz es una de las principales generadoras de empleo industrial rural. En el NOA, el bioetanol de caña permite absorber los excedentes de producción azucarera, estabilizando precios y garantizando rentabilidad a los cañeros.
La nueva ley impulsada por la Liga propone aumentar el corte obligatorio de naftas con bioetanol al 15%, con posibilidad de incrementos voluntarios. También plantea un sistema de precios basado en competencia y licitaciones, en lugar de fijaciones arbitrarias. Además, contempla la incorporación de tecnologías como los motores flexfuel y mayor inversión en I+D.
En un mundo que camina hacia la descarbonización, la Argentina debería aprovechar sus ventajas comparativas: disponibilidad de materia prima, infraestructura industrial y conocimiento técnico. Perder este tren significaría profundizar el atraso.
Como cerró Sáenz en su discurso, "no pedimos otra cosa que igualdad de condiciones, un federalismo bien entendido y reglas de juego claras para producir".
El mensaje desde el norte fue claro. La pelota ahora está en la cancha del Poder Ejecutivo.