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Por Agroempresario.com
Estados Unidos volvió a encender las alarmas sobre la creciente influencia de China en América Latina, esta vez en un punto geoestratégico clave: el canal de Panamá. El embajador estadounidense en ese país, Kevin Marino Cabrera, solicitó públicamente el fin de la concesión otorgada a la empresa Panama Ports Company (PPC), subsidiaria de Hutchison Holdings, por sus vínculos con el Partido Comunista Chino y por lo que calificó como un “desempeño deficiente” en la administración portuaria.
Durante una visita a la provincia de Colón, Cabrera afirmó: “Nuestra posición es que son un operador malo, no han hecho un buen trabajo. Es una compañía del Partido Comunista de China”. En ese marco, instó a las autoridades panameñas a buscar una nueva operadora para los puertos de Balboa y Cristóbal, situados en las entradas del canal sobre los océanos Pacífico y Atlántico, respectivamente.
La empresa PPC opera estos puertos desde 1997, y en 2021 obtuvo una extensión del contrato por 25 años más. Sin embargo, este acuerdo fue recientemente puesto en duda por la Contraloría General de la República de Panamá, que elevó una solicitud a la Corte Suprema de Justicia para declarar la concesión como “inconstitucional” debido a presuntas irregularidades financieras y legales.
En abril, la misma Contraloría denunció que la empresa no habría transferido al Estado panameño más de 1.200 millones de dólares provenientes de sus operaciones. Estas sospechas fortalecieron los reclamos políticos y diplomáticos, sumando presión a la gestión del presidente panameño José Raúl Mulino, quien declaró que “no veía la subsistencia de ese contrato” y descartó renovar el acuerdo bajo condiciones similares.
Para Washington, el canal de Panamá no solo representa una vía esencial para el comercio mundial —por donde circula aproximadamente el 6% del tráfico marítimo global—, sino también un punto estratégico para la seguridad regional. Desde hace años, la presencia de empresas chinas en infraestructuras críticas ha generado preocupación en Estados Unidos, que interpreta estas inversiones como parte de un plan de expansión geopolítica más amplio del régimen de Beijing.
El expresidente Donald Trump ha afirmado repetidamente que “China controla el canal de Panamá” a través de Hutchison, lo que ha sido eco en varios funcionarios estadounidenses durante los últimos años. La tensión se agudizó aún más tras conocerse que Hutchison Holdings planea vender su negocio portuario global, valorado en 19.000 millones de dólares, a un consorcio liderado por la firma estadounidense BlackRock.
No obstante, esta operación todavía no fue autorizada por el regulador del mercado chino. En respuesta a estos obstáculos, Hutchison sugirió incluir a un gran inversor estratégico de China en el consorcio, como condición para destrabar la venta. De concretarse, esta movida podría reforzar la participación de actores vinculados a Beijing en la gestión de una infraestructura crítica para el comercio hemisférico.
La postura de Estados Unidos evidencia una estrategia regional más amplia para frenar la expansión de China en América Latina. El canal de Panamá, como enclave logístico y comercial, representa uno de los puntos más sensibles en este tablero geopolítico. La eventual anulación del contrato con Hutchison podría no solo redefinir el mapa de inversiones en la región, sino también marcar un precedente para otros países que actualmente mantienen acuerdos similares con corporaciones chinas.
En este contexto, Panamá enfrenta una decisión trascendental: continuar con una operadora señalada por irregularidades y cuestionada por su alineamiento político, o rediseñar su política portuaria bajo nuevos actores que generen mayor confianza para la inversión internacional y para sus socios estratégicos. Mientras tanto, el mundo observa con atención el desarrollo de este conflicto, que va mucho más allá de una simple concesión comercial: está en juego el control y la seguridad de una arteria clave del comercio global.
