Por Agroempresario.com
El mapa político de Santa Cruz se encamina hacia una elección legislativa de alto voltaje, marcada por fracturas en la oposición y movimientos estratégicos del oficialismo provincial. Más de 260 mil santacruceños estarán habilitados para votar en las próximas elecciones de término medio, donde La Libertad Avanza y el PRO competirán por separado contra el frente multipartidario liderado por el gobernador Claudio Vidal.
El desafío es considerable: doblegar a una estructura oficialista que ha consolidado alianzas con sectores diversos y que buscará retener los escaños que expiran este año en la Cámara de Diputados.
En la Casa Rosada, operadores políticos intentaron tender puentes entre libertarios y macristas para enfrentar unidos al vidalismo. Sin embargo, el intento fracasó. “Acá es imposible”, admiten referentes de ambos espacios, que insisten en remarcar sus diferencias ideológicas y de liderazgo.
El distanciamiento es particularmente fuerte en Santa Cruz, una de las provincias donde la relación entre LLA y PRO se encuentra más tensionada.
El Consejo Nacional del PRO decidió intervenir el distrito santacruceño, designando a Gustavo Perroni para normalizar la situación antes de 2026. Entre las tensiones internas, sobresale la denuncia de afiliados que cuestionan la precandidatura de Sergio Torres, a quien señalan como extrapartidario y sin afiliación formal.
Santa Cruz renovará tres bancas en la Cámara baja, sin cambios en el Senado. El oficialismo apunta a retener el escaño del ex kirchnerista Sergio Acevedo, mientras observa con interés la posición de la diputada radical Roxana Reyes, cuyo mandato expira este año. El tercer escaño pertenece a Gustavo Carlos Miguel González, de Unión por la Patria.
Un encuentro reciente entre Reyes y Vidal encendió alertas en el oficialismo y provocó el enojo del vicegobernador Fabián Leguizamón, que ve en el acercamiento un riesgo de fuga de votos radicales hacia el espacio vidalista.
El frente oficialista y su expansión
Vidal lidera la coalición Ser, que agrupa sectores del radicalismo, Encuentro Ciudadano y Por Santa Cruz. En los últimos meses sumó el respaldo de intendentes radicales e incorporó referentes de ese espacio a su gabinete.
Además, se integró a Haciendo Patria, coalición encabezada por el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, manteniendo un discurso equidistante tanto del kirchnerismo como del oficialismo nacional.
En la vereda opuesta, un nombre suena con fuerza en las filas libertarias: Jairo Guzmán, jefe de la gerencia operativa del PAMI en Santa Cruz y alineado con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Guzmán ha respaldado los vetos del presidente Javier Milei y levantado la bandera libertaria en cada intervención pública.
“Mi asco por la casta política santacruceña es enorme”, declaró, calificando al oficialismo de Vidal como “una alianza de tibios”.
Guzmán fue elogiado por algunos sectores afines a LLA pero duramente criticado por sindicatos y referentes locales tras defender la transformación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en Carboeléctrica Río Turbio S.A..
Sostuvo que YCRT es “deficitaria” y debería “achicarse” para dejar de depender de fondos públicos. Comparó su funcionamiento con “un almacén con diez empleados que está cerrado” y cuestionó el pago de “sueldos millonarios” sin producción ni ventas.
El Concejo Deliberante de 28 de Noviembre lo declaró “Persona no grata”, acusándolo de desconocer la importancia económica y social de YCRT para la Cuenca Carbonífera, de la que dependen miles de familias.
La contienda santacruceña se desarrolla en un escenario marcado por la fragmentación, la puja por el electorado radical y el peso de un oficialismo que ha sabido tejer alianzas amplias.
En las próximas semanas, los espacios deberán oficializar sus listas ante el Juzgado Federal de Río Gallegos, a cargo del juez Claudio Vázquez y la secretaria electoral María Campos Álvarez.
El resultado en Santa Cruz será observado con atención a nivel nacional, no solo por su valor simbólico, sino porque pondrá a prueba la capacidad de LLA y el PRO de competir separados sin diluir su fuerza frente a un oficialismo con estructura territorial y respaldo político transversal.