Por Agroempresario.com
El gobierno de Brasil lanzó un paquete de medidas para mitigar el impacto de los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las exportaciones brasileñas. El plan incluye créditos por 30.000 millones de reales, beneficios tributarios y un aumento de compras gubernamentales, con el objetivo de proteger a los sectores más golpeados y mantener la competitividad internacional del país.
El paquete anunciado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca apoyar especialmente a las pequeñas y medianas empresas dedicadas al comercio exterior, que son las más vulnerables ante las sanciones de un 50% aplicadas a productos brasileños exportados a Estados Unidos.
El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, aseguró que esta medida es “una situación inédita” y denunció que Brasil está siendo sancionado por “ser más democrático que su agresor”. Haddad hizo referencia al juicio penal que se sigue en la Corte Suprema contra el ex presidente Jair Bolsonaro, señalando que las sanciones tienen un trasfondo político además de económico.
Entre los productos más afectados se encuentran carnes y frutas, que representan el 35% de las exportaciones brasileñas hacia Estados Unidos. La combinación de los aranceles y la caída de la competitividad pone en riesgo la estabilidad de varias empresas y cadenas productivas del país.
Como parte del paquete, el gobierno brasileño anunció un aumento de las compras estatales, especialmente de alimentos perecederos que tradicionalmente se exportan a Estados Unidos. Esta medida busca mantener la demanda interna y apoyar a los productores locales mientras se busca diversificar mercados.
“Hemos diseñado un conjunto de acciones para proteger la economía y garantizar que las empresas puedan continuar operando en un contexto internacional complejo”, señaló Luiz Inácio Lula da Silva durante la presentación del paquete, realizada con la presencia de representantes del sector privado y autoridades legislativas.
La presentación del plan contó con la presencia del vicepresidente Geraldo Alckmin, el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, y del presidente del Senado Federal de Brasil, Davi Alcolumbre, quienes respaldaron las medidas implementadas por el Ejecutivo. Según destacaron, estas acciones buscan mantener la estabilidad económica y proteger los empleos generados por los sectores más afectados.
Los aranceles entraron en vigor el 6 de agosto y fueron justificados por la Casa Blanca en el marco de un supuesto déficit comercial con Brasil, además del juicio penal contra Bolsonaro. Sin embargo, Brasil rechaza estos argumentos y asegura que Estados Unidos mantiene un superávit en la relación bilateral desde hace 25 años, lo que sugiere que las sanciones tienen motivaciones políticas.
En 2024, Estados Unidos recibió el 12% de las exportaciones brasileñas, equivalentes a 40.300 millones de dólares, mientras que las importaciones desde el país norteamericano sumaron 40.500 millones de dólares. Este desequilibrio relativo refuerza la preocupación de Brasil sobre el impacto de los aranceles en su comercio internacional.
Además de los créditos y compras gubernamentales, Brasil buscará diversificar mercados y fortalecer la presencia de sus productos en otros países. Haddad destacó la importancia de ampliar relaciones comerciales con economías de Asia, Europa y América Latina para reducir la dependencia del mercado estadounidense.
Asimismo, los beneficios tributarios contemplan la exención parcial de impuestos y la simplificación de trámites para las empresas más afectadas, lo que permitirá mejorar la liquidez y mantener la competitividad de los productos brasileños en el exterior.
El plan de Lula da Silva refleja la combinación de desafíos económicos y políticos que enfrenta Brasil en el contexto internacional. Mientras busca proteger a sus exportadores, el gobierno también debe mantener la estabilidad interna y generar confianza en los mercados.
Con estas medidas, el Ejecutivo brasileño espera amortiguar el impacto inmediato de los aranceles, garantizar la continuidad de la actividad productiva y preservar la competitividad de la economía frente a tensiones comerciales que combinan elementos políticos y económicos.