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Por Agroempresario.com
La provincia de Córdoba sancionó una nueva ley de caminos rurales, reemplazando la normativa vigente desde 1978. La reforma busca modernizar el mantenimiento de la red secundaria y terciaria, involucrando a productores, consorcios y el Estado en un esquema de gestión compartida.
El proyecto, aprobado en sesión legislativa, establece el Sistema de Gestión Integral de Caminos Rurales No Pavimentados, con el objetivo de conservar, proteger y mejorar los caminos rurales. La normativa fue impulsada por el Ejecutivo provincial, a pedido de los Consorcios Camineros y entidades agropecuarias, buscando potenciar el desarrollo del interior y garantizar la eficiencia en la inversión de los recursos.
A partir de ahora, el Ministerio de Bioagroindustria será la autoridad de aplicación de la ley, supervisando la gestión, el mantenimiento y la mejora de los caminos rurales. La normativa integra en su sistema de gestión a la Asociación de Consorcios Camineros, Consorcios Regionales, Consorcios de Gestión de Caminos y Suelos y el Consorcio Caminero Único.
El financiamiento proviene del Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA), que recibe el 98% de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural, junto con aportes por obras realizadas, subsidios, donaciones y multas por daños en los caminos. Este modelo busca garantizar que los recursos aportados por los productores se utilicen de manera eficiente y transparente, asegurando mejoras concretas en la infraestructura rural.
El ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso, destacó la importancia del proyecto: “Trabajamos más de un año en esta reforma con la Mesa de Enlace, los consorcios, legisladores del oficialismo y la oposición y técnicos. Lo más importante es tener buenos caminos y una política pública construida con diálogo, respeto y visión de futuro”.
Por su parte, el productor agropecuario y dirigente ruralista Gabriel De Raedemaker celebró la medida: “Es un avance que podría convertirse en modelo para otras provincias. Ahora Bioagroindustria administra los fondos que pone el campo, y los productores participamos activamente en la gestión de los recursos”.
De Raedemaker explicó que esta ley permite que los caminos rurales, junto con la seguridad rural, sean gestionados de manera eficiente, evitando el uso político de los recursos. “Pasa a ser realmente gestionado por los propios productores, lo que garantiza que lo que aportamos llegue al lugar que realmente hace falta”, aseguró.
La nueva ley representa una evolución significativa para la ruralidad cordobesa, consolidando un esquema público-privado que mejora la infraestructura, optimiza el uso de los recursos y fortalece la participación de los productores en la toma de decisiones. El sistema permitirá una mayor eficiencia en el mantenimiento de los caminos rurales, asegurando que los aportes económicos del sector agropecuario se traduzcan en beneficios concretos para la producción y la logística del interior provincial.
Con esta actualización, Córdoba no solo moderniza sus caminos rurales, sino que también establece un ejemplo de gestión eficiente y transparente que podría replicarse en otras provincias, fortaleciendo la relación entre el Estado y los productores.
