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Por Agroempresario.com
Las principales entidades bancarias de Brasil atraviesan una semana de alta volatilidad en los mercados financieros, con pérdidas millonarias en capitalización bursátil y un clima de incertidumbre debido a factores legales y económicos que afectan a todo el sistema financiero del país sudamericano. Solo en la jornada del martes, las acciones de las principales instituciones perdieron 41.900 millones de reales (equivalentes a 7.656 millones de dólares), con Banco do Brasil a la cabeza (-6,03%), seguido de Itaú, BTG Pactual, Bradesco y Santander. El índice financiero de la Bolsa de Valores de São Paulo (B3) cayó un 3,82%, el peor rendimiento desde enero de 2023, mientras que el Ibovespa retrocedió un 2,10%.
El motivo central de esta caída se relaciona con la decisión del juez del Tribunal Supremo Federal (STF), Flávio Dino, quien determinó que las sentencias y sanciones procedentes del extranjero no pueden aplicarse automáticamente en Brasil. En su lugar, estas deben pasar por la homologación de la justicia nacional o a través de instrumentos de cooperación internacional. Formalmente, la medida se vincula a los procesos en el Reino Unido relacionados con los desastres mineros de Mariana y Brumadinho, en Minas Gerais. Sin embargo, los analistas interpretan que también limita la aplicación de la Ley Magnitsky, utilizada por Estados Unidos en sanciones recientes contra el juez Alexandre de Moraes, involucrado en procesos relacionados con intentos de golpe de Estado contra el expresidente Jair Bolsonaro.
Ejecutivos de los bancos brasileños manifestaron su preocupación por una posible confrontación entre las directrices del STF y las imposiciones de Washington. Todas estas instituciones poseen operaciones o capital en Estados Unidos, y las sanciones de la OFAC (Office of Foreign Assets Control) pueden afectar cuentas, contratos y líneas de crédito. Experiencias previas, como la multa de 8.900 millones de dólares al banco francés BNP Paribas en 2014, muestran el alto costo de incumplir sanciones internacionales.
El Banco do Brasil, controlado por el Estado, no solo opera en el ámbito financiero tradicional, sino que también cumple funciones de interés público, incluyendo apoyo a la agroindustria, programas sociales y políticas gubernamentales. Esta dualidad genera incertidumbre ante la ambigüedad de la Ley Magnitsky: cualquier vínculo bancario con Alexandre de Moraes podría ser considerado una violación en Estados Unidos.
En un comunicado reciente, el Banco do Brasil afirmó operar “en pleno cumplimiento de la legislación brasileña, las normativas de los más de 20 países donde opera y las normas internacionales que regulan el sistema financiero”. El banco aseguró estar preparado para abordar “cuestiones complejas y delicadas” y destacó la supervisión constante de asuntos legales, apoyándose en asesoramiento jurídico especializado para garantizar la gobernanza, integridad y seguridad financiera.
Los bancos brasileños adoptan una postura de espera y diálogo. Livia Chanes, CEO de Nubank Brazil, declaró que la institución respeta estrictamente las leyes brasileñas e internacionales, y por el momento no requiere acciones adicionales. Se mantiene el cumplimiento de normas internacionales y nacionales, mientras se mantiene una comunicación constante con las autoridades.
Una propuesta planteada por los bancos, según el diario Folha de São Paulo, fue abrir cuentas en cooperativas de crédito no vinculadas al sistema financiero internacional. No obstante, los jueces del STF rechazaron esta medida, considerándola una “capitulación del Estado brasileño”. Alexandre de Moraes advirtió que aplicar la Ley Magnitsky dentro de Brasil podría derivar en sanciones para las entidades que lo hagan, mientras que Flávio Dino minimizó el impacto bursátil reciente, señalando que no está relacionado con su decisión.
Los economistas coinciden en que la situación genera un aumento en la percepción del riesgo país, desincentiva inversiones y puede afectar las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Ilan Arbetman, analista de ATIVA Investimentos, declaró que la incertidumbre normativa coloca a los bancos en una posición delicada, obligándolos a equilibrar órdenes de las autoridades nacionales con solicitudes de tribunales extranjeros. Hugo Queiroz, socio de L4 Capital, señaló que los bancos con actividades en Estados Unidos deberán adaptarse inevitablemente a la Ley Magnitsky, enfrentando posibles multas diarias y riesgos asociados al sistema SWIFT.
El sector bancario también enfrenta problemas internos, con un aumento récord de la morosidad. Datos de Serasa, agencia de crédito brasileña, muestran que en 2025 77,9 millones de personas y 7,7 millones de empresas están en mora, incluyendo 7,3 millones de micro y pequeñas empresas. Este incremento se relaciona con el fin de los programas “Desbloquea Brasil” y “Desbloquea pequeñas empresas”, que habían facilitado renegociaciones temporales.
El nivel de endeudamiento es elevado: cada CPF asociado a deudas activas tiene un promedio de cuatro obligaciones pendientes. La tasa de interés Selic se mantiene en 15% anual, con crédito comercial al 5,42% mensual y crédito de tarjetas al 15,28% mensual, afectando tanto a familias (con deuda/ingresos del 49%) como a empresas. Incluso el sector agroalimentario, tradicionalmente estable, enfrenta un aumento de recuperaciones judiciales y renegociaciones obligadas.
Una nueva norma del Banco Central de Brasil obliga a estimar anticipadamente las pérdidas potenciales de los préstamos, incluso antes de que el deudor se declare insolvente, aumentando la percepción del riesgo y las comisiones por créditos dudosos. La combinación de tasas elevadas, impagos récord y regulación estricta genera un entorno financiero complejo y sensible a sanciones externas.
El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva solicitó al Congreso excluir 9.500 millones de reales del paquete de ayudas destinado a empresas afectadas por aranceles del 50% impuestos por la Administración Trump. Según expertos, esta medida reduce la eficacia del control del gasto público y crea una “zona gris” en la supervisión del déficit y el superávit, afectando la credibilidad del ancla fiscal. Entre 2023 y 2026, los gastos fuera de objetivo alcanzaron 387.800 millones de reales (70.857 millones de dólares).
Pese a los desafíos económicos, la popularidad de Lula ha aumentado. Según la encuesta Genial/Quaest, su aprobación subió seis puntos desde mayo, alcanzando un 46%, frente a un 51% de desaprobación. El 44% de los encuestados considera que su gobierno gestionó adecuadamente la emergencia de los aranceles, mientras que un 55% tiene opinión negativa respecto a la gestión de Jair Bolsonaro y su hijo Eduardo Bolsonaro, quien presiona desde Estados Unidos por amnistías relacionadas con el asalto a edificios institucionales en Brasilia el 8 de enero de 2023.
El gobierno prepara su estrategia comunicacional con foco en la palabra “soberanía”, buscando reforzar la independencia nacional y la percepción de control sobre la política económica y financiera, de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Sidônio Palmeira, ministro de Comunicación Social, presentará un nuevo eslogan que reemplazará “Unión y Reconstrucción” por referencias al “pueblo brasileño” y la “soberanía nacional”.
El escenario actual pone en evidencia la vulnerabilidad del sistema financiero brasileño frente a factores externos y la necesidad de estrategias robustas de cumplimiento legal internacional. Los bancos deben navegar entre las exigencias del STF, la Ley Magnitsky y las obligaciones con sus clientes, lo que exige asesoramiento jurídico especializado y sistemas de control internos estrictos.
Al mismo tiempo, la elevada morosidad y los altos tipos de interés plantean un desafío estructural que impacta directamente en la capacidad de crédito de las empresas y consumidores. El sector agroindustrial, la pequeña empresa y la banca minorista deben adaptarse a un entorno en constante cambio, donde las sanciones internacionales y la regulación local generan incertidumbre sobre la rentabilidad y estabilidad del sistema.
