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Por Agroempresario.com
En medio de la crisis energética, el oficialismo y aliados avanzan con un proyecto de ley que busca reemplazar la Ley 27.191, vigente desde 2015 y que vence a fin de 2025, con el objetivo de transformar el panorama de las energías renovables en Argentina.
La iniciativa propone extender los incentivos fiscales hasta 2045 y disminuir la participación del Estado en las transacciones de energía renovable. Según fuentes oficiales, el proyecto cuenta con el respaldo de la Secretaría de Energía, liderada por María Tettamanti, y el consenso del sector privado de generación de energía.
Entre las principales modificaciones, se destacan:
El proyecto fue impulsado por el diputado del PRO, Martín Maquieyra, vicepresidente de la comisión de Energía de la Cámara de Diputados, junto con Lorena Villaverde, presidenta de la misma comisión, y otros legisladores oficialistas y aliados.
Marcelo Álvarez, coordinador del Comité Solar Fotovoltaico y miembro de la Comisión Directiva de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), celebró la iniciativa y destacó la importancia de mantener la estabilidad fiscal.
“Es una oportunidad para celebrar un modelo similar al RIGI para proyectos de menor escala o que se extienda en el tiempo, como ocurrirá con el hidrógeno”, señaló Álvarez, subrayando que una mayor previsibilidad puede bajar costos, generar empleo y reducir emisiones de carbono.
Desde la Cámara de Generadores y la Cadena de Valor de Energías Renovables (CEA), Héctor Ruiz Moreno, gerente de CEA, indicó que “la industria renovable no necesita subsidios adicionales; requiere previsibilidad, un marco jurídico confiable y reglas claras para atraer inversión a largo plazo”.
La CEA considera que esta propuesta es “un paso fundamental para garantizar la continuidad y el crecimiento del sector”, protegiendo inversiones existentes y dando viabilidad a nuevos proyectos en un contexto de creciente demanda eléctrica en Argentina.
El proyecto apunta a consolidar una política energética de largo plazo, atraer inversiones y modernizar el mercado eléctrico nacional. La eliminación de la obligación de adquirir energía renovable a través de la CAMMESA permitirá a los grandes usuarios contratar directamente con generadores o comercializadores, facilitando la libre competencia y la eficiencia en el sector, en línea con la política de desregulación del gobierno de Javier Milei.
Otros objetivos incluyen:
La política de energías renovables en Argentina comenzó con la Ley 25.019 en 1998, declarando de interés nacional la generación eólica y solar, y continuó con la Ley 26.190 de 2006, estableciendo metas concretas de participación renovable.
La Ley 27.191, sancionada en 2015, fijó el objetivo de alcanzar un 20% de consumo eléctrico proveniente de renovables para 2025 y creó un régimen de beneficios fiscales y estabilidad tributaria para incentivar inversiones.
Desde 2016, se instalaron 6.500 megavatios (MW) de potencia renovable, representando el 18% de la demanda eléctrica nacional, con inversiones acumuladas que superan los USD 7.500 millones y otros USD 4.500 millones en proceso. Estas inversiones contribuyen a reducir la dependencia de combustibles importados y a generar saldos exportables de gas.
Entre 2016 y 2019, en un contexto de normalización del sector eléctrico, se promovió la inversión privada a través de programas como:
En 2019, la participación de renovables en el consumo eléctrico nacional alcanzó el 6,1%, con numerosos proyectos aún en construcción. El nuevo proyecto de ley busca garantizar que estas inversiones se incrementen en los próximos años, asegurando estabilidad y seguridad jurídica.
La continuidad y extensión de los beneficios de la Ley 27.191 hasta 2045 permitirá atraer capital nacional e internacional, consolidar los avances logrados en la última década y fortalecer la matriz energética del país.
El proyecto busca crear condiciones de mercado confiables, con contratos a largo plazo y sin la intervención estatal como intermediario, lo que genera confianza en inversores y reduce riesgos financieros asociados a la volatilidad de precios o cambios regulatorios.
Con un enfoque en sostenibilidad y eficiencia, el proyecto fomenta la diversificación tecnológica, incluyendo energía solar, eólica, biomasa e hidrógeno. Además, prevé incentivos para proyectos de menor escala, similares a un modelo “mini RIGI”, permitiendo la entrada de nuevos actores al mercado y la expansión de emprendimientos ya existentes.
La iniciativa busca que la Argentina aproveche su potencial renovable, generando empleo, innovación y reducción de emisiones de carbono, mientras se protege la inversión privada y se promueve la competitividad regional.
