Técnicos de la comisión de Agricultura de Diputados consideraron una batería de proyectos sobre aplicaciones, que continuarán en debate. También asistieron representantes del Ministerio de Agricultura, quienes expusieron sobre el proyecto de desgravación de fertilizantes, de autoría de Luis Basterra.
Uno de los proyectos en temario de la reunión de asesores fue impulsado por el Ministro de Agricultura de la Nación, durante su periodo como diputado nacional, para crea un Régimen de conservación y mejoramiento de la fertilidad de los suelos a través de la promoción del uso de fertilizantes (una desgravación en el impuesto a las ganancias, del 100 por ciento del gasto en fertilizantes).
Agustín Perez Andrich, Director Nacional de Agricultura del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación explicó que, el proyecto en estudio, logra alcanzar el objetivo de los 200 millones de toneladas de cereales y legumbres.
A continuación, presentó una serie de mapas del INTA para mostrar la pérdida de materia orgánica. Según el funcionario, a pesar de que el consumo de fertilizantes -4 millones de toneladas- viene en aumento, siendo 15 veces más que hace 15 años, la reposición de nutrientes es del 46%. Es decir, solo se repone la mitad y solo 20% de productores realiza muestreo de suelos.
Por eso propuso, comparando la fertilización actual con la fertilización objetivo, duplicar el nivel de fertilización para reponer los nutrientes. La propuesta impositiva del proyecto apunta a aumentar esos rendimientos con mayor fertilización, computando el costo fiscal del fertilizante como gasto -deducción al 100%-.
El segundo eje de análisis de los asesores fue el tema de aplicaciones, para el cual consideraron cuatro proyectos de ley.
Los asesores de Leonardo Grosso (FDT-Buenos Aires), titular de la comisión de Ambiente, explicaron el proyecto Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la aplicación de Productos Agroquímicos que establece 1500 metros de aplicación terrestre y prohíbe las aplicaciones aéreas.
Los técnicos se refirieron a investigaciones que aluden malformaciones y cáncer sumado a las normativas provinciales y municipales “difusas” que motivaron el impulso de la iniciativa, además del aumento en el uso de los “agrotóxicos” y el avance de la frontera agropecuaria. “Hay que prohibir dispersión aérea porque a través del viento y agua se daña la salud y el ambiente”, aseguraron. También hicieron hincapié en la importancia del principio precautorio y preventivo y la responsabilidad de daño ambiental para el productor, arrendatario y aplicador.
Al momento de las consultas, desde Juntos por el Cambio consultaron por los fundamentos de las distancias y los asesores contestaron que se basaron en “investigaciones científicas”, aunque se mostraron relativamente permeables a un posible cambio en los metros para zonas rurales, fijando una distancia mínima, pero que no sea irrisoria.
También señalaron que el proyecto era incompatibilizable con legislaciones provinciales (por ejemplo Entre Ríos), a lo que los asesores de Grosso propusieron un sistema progresivo de transición para las provincias.
Desde el Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo solicitaron que el trabajador rural -muchas veces el aplicador- no tenga la misma responsabilidad que el resto, porque “realiza su tarea en base a lo que le encomienda su productor”.
También hubo espacio para el proyecto de la diputada Alicia Fregonese (PRO-Entre Ríos) que crea un sistema de monitoreo y trazabilidad de pulverizaciones de productos Fitosanitarios, para el control y calidad de aplicaciones y establece que todo equipo de aplicación cuente con una caja negra que indique ubicación del equipo, zona de aplicación, información climática y datos de la aplicación. También contempla capacitación al personal.
Los asesores también tuvieron a la vista un proyecto del diputado Federico Zamarbide (UCR-Mendoza) para garantizar la trazabilidad de los productos agrícolas (de origen biológico, químico y orgánico), a través de un sistema de registro de trazabilidad de envases, que permita el seguimiento de los productos hasta su disposición final y registre todos los productos que circulan en el mercado.
Además, propone que cada actor debe contar con asesor fitosanitario, que debe emitir la receta agronómica para los productos banda azul, amarilla a roja, a excepción de la banda verde. Los envases deben llevar un sello o identificación del lote para conocer la trazabilidad hasta disposición final. Desde la oposición cuestionaron superposición con competencias provinciales de control y sanción.
Por último, la iniciativa de la diputada Marcela Passo (UNA-Buenos Aires) (MC) propone crear la Comisión nacional de investigación del uso de agroquímicos (CONAIA), que deberá organizar estudios científicos multidisciplinarios sobre la utilización de agroquímicos, y sus consecuencias para la salud y el ambiente sustentable y sistematizar sus conclusiones, además de investigar los hechos denunciados y situaciones similares relacionados con intoxicaciones, sus causas y efectos, entre otras funciones.
La iniciativa establece la creación de un Consejo Ejecutivo ad-honorem, presidido por el Ministro de Ciencia Y Tecnología, e integrado por cinco vocales designados por el Poder Ejecutivo, los que serán propuestos, uno por cada Ministerio, por los Ministerios de Ambiente, Agroindustria, Ciencia y Tecnología, Producción y de Salud.
Al momento de las consultas de los asesores, desde Juntos por el Cambio señalaron que había atribuciones que se superponían con Senasa y desde el propio oficialismo propusieron insistir en la Comisión investigadora, ya creada en 2009.
Todos los proyectos continuarán siendo analizados en una nueva reunión de asesores, donde se espera la presencia de funcionarios de Senasa para realizar una ponencia sobre un proyecto de registro de fitosanitarios. También continuaran con el tratamiento de otros proyectos vinculados a plagas, fertilizantes y fitosanitarios.
Centro Argentino de Ingeníeros Agrónomos
