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Por Agroempresario.com
La presentación del Presupuesto 2026 por parte del presidente Javier Milei, a través de cadena nacional, se transformó en un punto de inflexión para el Gobierno nacional. Tras la derrota en la elección bonaerense y con un clima económico inestable —marcado por la suba del dólar, el riesgo país en torno a los 1.000 puntos y la pérdida de valor de empresas argentinas en el mercado—, la Casa Rosada enfrenta el desafío de recomponer expectativas políticas y económicas con una ley de leyes que, hasta ahora, la Argentina no logró aprobar en el Congreso en los dos últimos ejercicios.
El oficialismo llega con un mensaje claro: “no hay plata”. La consigna inicial del Gobierno se traduce en un sendero fiscal ajustado, con metas de superávit que fueron endureciéndose con el correr de los meses. La pauta inicial de 1,3% del PBI para 2025 subió a 1,6%, y en el acuerdo con el FMI se fijaron metas de 2,2% para 2026 y 2,5% entre 2027 y 2030.
Pero este camino se enfrenta con un panorama macroeconómico frágil. El crecimiento del PBI proyectado en 4,5% para 2026 parece difícil de cumplir: el estancamiento de la actividad desde marzo/abril y los pronósticos de algunas consultoras señalan que gran parte del crecimiento de 2025 responde a “arrastre estadístico”, que difícilmente se repita en 2026.
El acuerdo con el Fondo no solo implica metas de superávit, sino también compromisos de reducción de subsidios (del 1% al 0,8% del PBI) y un aumento en el gasto previsional (de 6,7% a 6,8% del PBI). Además, se estima un gasto social del 3,2%.
El Estudio Broda advierte que, con una deuda pública neta consolidada equivalente al 51% del PBI y un costo de intereses cercano al 10%, el superávit necesario para hacer sostenible la deuda debería ser del 3,5% del PBI, lo que marca el nivel de exigencia fiscal que enfrenta la gestión de Milei.
El Gobierno ya dejó en claro que no habrá ayuda generalizada a las provincias. Las señales más concretas fueron los vetos al proyecto de distribución automática de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), al financiamiento de las universidades y a la emergencia en discapacidad. En todos los casos, la Casa Rosada buscó mantener el control centralizado de los recursos.
Para Lisandro Catalán, designado como nuevo ministro del Interior, los ATN son solo para “casos excepcionales”. Sin embargo, distintos analistas señalan que la estrategia de vetar mecanismos automáticos puede ser un error político: el esquema impulsado por los gobernadores no perjudicaba al Tesoro y demostraba que una nueva coparticipación puede resolverse con mayoría simple en el Congreso.
Ante este escenario, la estrategia se orienta a los acuerdos puntuales. El ministro de Economía, Luis Caputo, firmó la semana pasada convenios de “Extinción de Obligaciones Recíprocas” con Ignacio Torres, gobernador de Chubut, cancelando deudas por $100.000 millones a cambio de que la provincia ejecute obras viales en rutas nacionales, entre ellas la mítica RN 40.
Un esquema similar se aplicó con Tucumán, donde el gobernador Osvaldo Jaldo aceptó compensar deudas con la Nación a cambio de hacerse cargo de proyectos habitacionales de los programas Procrear y Casa Propia. También se analiza utilizar fondos de organismos multilaterales como el BID y la CAF para financiar obras en distintos distritos.
Con el nombramiento de Catalán, el Gobierno busca mostrar apertura. Durante el fin de semana, el flamante ministro visitó a los gobernadores Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), ambos señalados como posibles aliados en una nueva etapa de diálogo. Estos gestos se suman a las reuniones que mantuvieron Milei y su equipo con Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco).
El objetivo es recomponer la relación con mandatarios que habían sido hostigados en las campañas locales y que, tras la elección bonaerense, endurecieron su posición frente al oficialismo.
En paralelo, gobernadores opositores también avanzan en la conformación de un bloque propio. Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, participó en Córdoba de una reunión de “Provincias Unidas”, donde se discutió la estrategia conjunta frente a la Casa Rosada. La tensión se acrecienta en la medida en que Milei mantiene un discurso confrontativo y un trato selectivo con los recursos fiscales.
Las señales de flexibilización no solo llegaron en el terreno político. Desde la elección bonaerense, el Ministerio de Economía dejó de intervenir de manera directa en el mercado cambiario, permitió que el dólar se acerque al techo de la banda, redujo las tasas de interés y proveyó mayor liquidez, delegando más responsabilidad al Banco Central.
El viraje busca dar aire a la actividad y a los gobernadores, aunque sin resignar el objetivo de déficit cero. El dilema es claro: el Gobierno no cuenta con margen fiscal, pero necesita recuperar aliados políticos para sostener la gobernabilidad.
La presentación del Presupuesto 2026 es clave no solo en el plano económico, sino también político y electoral. En las próximas seis semanas, la Casa Rosada definirá su capacidad de negociación con los gobernadores, el Congreso y los organismos internacionales.
Las palabras de Milei en cadena nacional, el tono del discurso y los primeros números que revele serán determinantes para marcar el rumbo. El oficialismo apuesta a que el Presupuesto funcione como una señal de disciplina fiscal hacia el exterior y como una herramienta de contención política en el interior.
En este escenario, la figura de Catalán como interlocutor con las provincias, los gestos de Caputo en las negociaciones bilaterales y la construcción de bloques opositores provinciales marcarán el pulso de la agenda política argentina.
