Por Agroempresario.com
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, oficializó la homologación de la emergencia agropecuaria en diez partidos de la provincia de Buenos Aires debido a las inundaciones que afectaron a productores agrícolas y ganaderos. La medida fue establecida mediante la resolución 1450/2025, publicada recientemente en el Boletín Oficial.
La emergencia se extiende desde el 1° de mayo hasta el 31 de octubre de 2025, con el objetivo de cubrir el período crítico del ciclo productivo en las zonas afectadas. La decisión se adoptó tras la aprobación del decreto provincial 2196/2025, que fue presentado ante la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, en el marco de la Ley 26.509, que regula este tipo de situaciones.
Los partidos alcanzados por la medida son Hipólito Yrigoyen, General Alvear, General Viamonte, Las Flores, Chivilcoy, Junín, Roque Pérez, General Lamadrid, Chacabuco y Monte. En cada uno de ellos se detallaron las circunscripciones rurales específicas afectadas por el exceso hídrico.
Según indica la normativa, las explotaciones agrícolas y ganaderas que se encuentren en las zonas delimitadas podrán acceder a los beneficios fiscales y crediticios previstos por la ley. Para ello, los productores deberán presentar un certificado emitido por la autoridad provincial competente, que acredite que su predio está comprendido en el área de emergencia o desastre agropecuario.
Esta medida busca aliviar el impacto económico que las inundaciones provocaron en el sector, permitiendo prórrogas impositivas, refinanciación de deudas y acceso a líneas de crédito especiales.
La emergencia se ajusta a lo estipulado en los artículos 22 y 23 del anexo del decreto 1712/2009, que regula los plazos y condiciones para la asistencia a los productores agropecuarios en situaciones climáticas extremas.
El sector agropecuario bonaerense enfrenta, una vez más, un desafío que requiere respuestas rápidas y coordinación entre los distintos niveles del Estado para garantizar la continuidad de la producción y el sostenimiento del empleo rural.